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Uno de los mayores grupos industriales catalanes se debate entre los fondos buitres y el rescate

A la siderúrgica Celsa, con casi 10.000 trabajadores, se le complica el futuro al no haber podido hacer frente al pago de sus deudas en plena pandemia.

Entrada de las oficinas del grupo siderúrgico catralán Celsa.
Entrada de las oficinas del grupo siderúrgico catralán Celsa.

VICENTE CLAVERO

La Compañía Española de Laminación (Celsa), uno de los grupos industriales más importantes de Catalunya, está atravesando por un momento crítico, hasta el punto de plantearse la solicitud de un rescate al Gobierno, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas, creado el pasado mes de julio para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria.

El problema de Celsa, que opera en el sector siderúrgico, con una plantilla cercana a los 10.000 trabajadores, es su dificultad para hacer frente al pago de las deudas contraídas en su día con la banca y que hoy están mayoritariamente en manos de fondos oportunistas, que las han ido comprando a precio de derribo a lo largo de los últimos años, ante las oscuras expectativas de cobro.

Esos fondos pretenden activar ahora la conversión de los créditos participativos en acciones del grupo, de acuerdo con lo pactado en la última refinanciación, de 2017, lo que supondría un serio varapalo para sus actuales gestores, capitaneados desde hace una década por Francesc Rubiralta Rubió, hijo del fundador de Celsa, Francesc Rubiralta Vilaseca, fallecido en 2010 a los 71 años.

Aquella refinanciación, que costó Dios y ayuda sacar adelante, cosechó el respaldo de la práctica totalidad de los bancos acreedores (Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Abanca), aunque con diferentes grados de entusiasmo, y supuso un notable respiro para el gigante siderúrgico catalán, cuya deuda ascendía entonces a 2.673 millones de euros.

El pago de la mitad de esa cantidad (1.248 millones) fue aplazado hasta 2023, con el consiguiente alivio de las cargas financieras de Celsa, mientras que para el resto de la deuda se estableció un calendario de amortización acorde con los flujos de caja previstos en los planes del grupo y que fue cumplido a duras penas en 2018 y 2019.

Para 2020, las obligaciones ascienden a 137 millones de euros (34 millones en mayo y 103 en noviembre), pero Celsa no pudo atender el primer plazo, alegando una caída del 45% en su beneficio bruto, como consecuencia del desplome de la demanda mundial de acero derivado de la crisis del coronavirus.

Los acreedores más escépticos con la refinanciación de 2017 vieron confirmados así sus peores augurios, si bien la mayoría de ellos ya se habían deshecho de su riesgo en Celsa, vendiendo los títulos de deuda con grandes descuentos a un amplio grupo de fondos, entre ellos los vinculados a los cinco mayores bancos de Walls Street: Citi, JP Morgan, Golman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America.

La compra de la deuda del grupo catalán llevaba aparejado el derecho a convertirla en capital si se incumplía algún pago y, a fin de evitar esa eventualidad, Celsa solicitó en abril la protección de los tribunales invocando razones de fuerza mayor, petición que de momento ha frenado la pretensión de los fondos de hacerse con un 49% del capital para influir de esa manera la gestión.

La justicia no ha dicho todavía la última palabra sobre el caso, porque hay un recurso interpuesto contra el auto que deja cautelarmente en suspenso la conversión de la deuda; pero la familia Rubiralta ha logrado parar el primer golpe y sigue controlando el 100%de su grupo, a la vez que busca fórmulas para reforzar sus finanzas.

Una de las opciones es el rescate, pero para conseguirlo Celsa tiene que demostrar que era capaz de afrontar sus obligaciones antes de la covid-19, cosa que sus actuales acreedores ponen en duda en el recurso presentado ante el juez, y además cabe la posibilidad de que, a cambio de la ayuda, el Estado pida tener voz y voto en el grupo, con objeto de marcar de cerca el uso que se hace del dinero público.

La siderurgia catalana, creada en 1967, está presente en ocho países y cuenta con 120 centros de trabajo repartidos por todo el mundo (acerías, trenes de laminación, plantas transformadoras, empresas de distribución y recicladoras). Da empleo directo e indirecto a unas 33.000 personas.

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