Las líneas de financiación avaladas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para atender necesidades de liquidez o facilitar nuevas inversiones, así como las moratorias crediticias establecidas por el Gobierno tras la primera declaración del estado de alarma, han contribuido a atenuar el impacto de la crisis sanitaria sobre empresas y particulares, pero también han prestado un notable servicio a la banca, que de otra manera habría tenido más dificultades para hacer frente a la caída del negocio derivada de la falta de actividad y a un previsible aumento de la morosidad, que habría comprometido su solvencia.

Las líneas de avales del ICO para atender necesidades de liquidez surgidas como consecuencia de la pandemia fueron aprobadas en un real decreto-ley del 17 de marzo de 2020, por importe de hasta 100.000 millones de euros, y posteriormente se determinó en Consejo de Ministros quiénes serían sus destinatarios: las pymes y autónomos en general (67.500 millones), las empresas no pymes (25.000), las pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas (2.500) y los adquirentes o arrendadores de vehículos de motor de transporte por carretera para uso profesional (500).

Otro real decreto-ley, éste de fecha 3 de julio, fijó las condiciones que debía reunir los autónomos y las empresas para acceder a una línea de avales del Estado, por importe de hasta 40.000 millones de euros más, para la financiación de gastos corrientes y de capital relacionados con nuevas inversiones, con la ampliación, adaptación o renovación de los equipos, instalaciones y capacidades, o con el reinicio de la actividad que el Gobierno había paralizado durante la primavera de 2020 con el objetivo de frenar la expansión del coronavirus.

Hasta el pasado 31 de enero, según los últimos datos disponibles, se habían firmado en total casi un millón de operaciones (en concreto, 977.574), de las que la inmensa mayoría estaban dirigidas a atender necesidades de liquidez (958.986) y el resto (18.588) a financiar inversiones y actividad. Los recursos puestos por la banca a disposición de autónomos y empresas gracias a estos avales ascendían a 118.354 millones de euros, de los que 89.924 millones contaban con algún tipo de garantía oficial para el supuesto de que se produjeran impagos.

La concesión de estos créditos lleva aparejado el cobro de intereses y comisiones a sus beneficiarios, razón por la cual ha supuesto un auténtico balón de oxígeno para las entidades financieras en un año muy malo para la economía en general, y ayuda a explicar que sus ingresos operativos en España fueran en algunos casos incluso algo mayores que en 2019.

Así ocurrió con Bankia, cuyo margen de intereses y comisiones pasó de 3.104 a 3.117 millones de euros en 2020, y con Bankinter (de 1.517 a 1.600 millones), mientras que en Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell bajaba ligeramente.

Por lo que respecta a las moratorias crediticias, la información facilitada por el Banco de España hasta el 31 de enero cifra las solicitudes presentadas en 1,7 millones, de las que a dicha fecha habían sido aceptadas más del 90%. La mayor parte correspondían a la moratoria sectorial (promovida por los propios bancos), con un total de 796.125, referidas a créditos de todo tipo que suman un saldo pendiente de pago de 31.480 millones de euros.

Hay otras dos moratorias, llamadas legislativas, que fueron impuestas por el Gobierno: una para los préstamos hipotecarios, de las que se han otorgado 221.932 con un importe adeudado de 19.955 millones de euros, y otra para préstamos no hipotecarios (362.007 concedidas y 19.955 millones).

Estas moratorias, destinadas sobre todo a asalariados y autónomos en situación de vulnerabilidad por la covid-19, suponen un perjuicio a corto plazo sobre las cuentas de la banca, porque conllevan la suspensión temporal del pago de los créditos, pero permiten contener la morosidad, o al menos diferirla, amortiguando así su impacto en los niveles de solvencia.

Ello no obsta para que las entidades hayan realizado fuertes provisiones en previsión de una oleada de impagos cuando venzan las ayudas actuales o de un empeoramiento de la economía que impida a los deudores hacer frente por sí mismos a sus obligaciones crediticias.

El crecimiento de la morosidad en la banca también podría sobrevenir por el impago de la parte no avalada de los préstamos incluidos en las líneas del ICO, y de ahí que el Ministerio de Economía esté valorando la posibilidad de proceder a su condonación, como alternativa a las ayudas directas que algunos sectores empresariales vienen reclamando desde hace meses, en consonancia con las que se han aprobado en otros países de la Unión Europea.