MADRID.- Aunque el Gobierno confía en que el crecimiento económico ayude a cumplir los objetivos de déficit público, la rebaja de 8.000 millones de euros en dos años exigida por Bruselas le obliga a plantearse medidas que minoren los gastos o aumenten los ingresos. Su problema es que no tiene nada fácil recabar el apoyo parlamentario suficiente para proceder a nuevos recortes o a subidas de impuestos, salvo que estas últimas fuesen muy selectivas, lo cual iría en menoscabo de su potencial recaudatorio.

Además, el panorama electoral aún no está despejado, porque el presidente tiene el privilegio de convocar a las urnas cuando quiera a partir del próximo mes de mayo, y ha sugerido que así lo hará si es objeto de un bloqueo político continuado. Presentarse otra vez ante los ciudadanos inmediatamente después de haber dado nuevos hachazos al Estado del bienestar o de subir la presión fiscal no parece que sean la mejor garantía para conseguir la mayoría absoluta con la que Rajoy sueña.

Una de las balas que le quedan en la recámara es la venta de activos empresariales todavía en manos del sector público, opción que proporcionaría sustanciosos ingresos extras al Estado y cuadraría perfectamente con los parámetros ideológicos dominantes en el PP. De hecho, en los últimos días, dos ministros han abordado públicamente este asunto, cada uno por lo que atañe a su ámbito de competencias: el de Economía, Luis de Guindos, y el recién nombrado de Fomento, Iñigo de la Serna.

El primero de ellos, en una entrevista publicada por el Financial Times, reiteró el propósito del Gobierno de privatizar, antes de que acabe 2017, el 65% del capital de Bankia propiedad del Frob, siempre que las circunstancias del mercado no lo desaconsejan. De la Serna, también en declaraciones a la prensa, abrió la puerta a la venta de otro paquete de Aena, que haría perder al Estado la mayoría que aún conserva (51%), so pretexto de financiar así la expansión internacional de la gestora aeroportuaria.

Pero Bankia y Aena no son las única opciones con las que cuenta el Gobierno para hacer caja mediante la liquidación del sector público empresarial, muy mermado desde la oleada de privatizaciones emprendida en la última etapa de Felipe González y completada bajo el mandato de José María Aznar. Aunque ya no quedan bajo la órbita del Estado gigantes como Telefónica, Endesa o Repsol, sigue habiendo algunas con gran potencial como generadoras ingresos si se ponen a la venta.

Una de ellas es la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), de la que José Luis Rodríguez Zapatero intentó enajenar en 2011 un 30% del capital, plan del que finalmente tuvo que desistir ante las malas condiciones bursátiles y el boicoteo del PP, que prefería guardarse esa baza para cuando llegase al poder. La Selae aportó al Tesoro 1.619 millones en 2015 y su objetivo es llegar este año a los 1.800, lo que la convierte en la auténtica joya de la corona del sector público empresarial.

Si bien con resultados menos boyantes, también están controladas por el Gobierno otras empresas como Renfe, de la que posee un 100%; Adif (100%); Puertos del Estado (100%); Correos (100%); Navantia (100%); RTVE (95,69%); Enusa (60%), y Tragsa (51%).

De la banca pública forma parte BMN (65%), fruto de la integración de varias cajas de ahorros y cuya fusión con Bankia se está planteando el Frob para disgusto de algunos dirigentes del sector que prefieren su subasta.