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Riders Nuevo varapalo a Glovo por fraude laboral: deberá hacer indefinidos a sus repartidores en Baleares

La Inspección de Trabajo exige a la plataforma que abone 365.392 euros a la Seguridad Social en concepto de cuotas impagadas más un recargo del 20%.

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Imagen de archivo de un repartidor de Glovo. EFE/ Ana Escobar

La plataforma digital Glovo deberá contratar de forma indefinida a sus 361 repartidores en Baleares. Así lo ha decretado la Inspección de Trabajo, que además, reclama a la compañía que abone 365.392 euros a la Seguridad Social en concepto de cuotas impagadas más un recargo del 20%.

En el expediente abierto, se determina que se ha estado cometiendo un fraude laboral ya que los repartidores estarían desempeñando su labor a modo de falsos autónomos, por lo que el escrito exige que pasen a ser contratados como trabajadores indefinidos por cuenta ajena, según recoge Diario de Mallorca.

Tras la investigación, la Inspección determina que es Glovo quién fija los precios sin que los repartidores puedan asumir ningún tipo de responsabilidad al respecto. Además, señala que no existe ningún tipo de relación entre los establecimientos y los glovers y que los primeros solo pueden desarrollar esta labor a través de la aplicación, lo que demuestra una dependencia de esta. 

Otro de los aspectos que reconoce la Inspección es la "ajenidad", el hecho de estar trabajando para otro, cosa que queda patente ya que los repartidores no son partícipes de los riesgos de pérdidas o beneficios y no pueden tomar decisiones de mercado, que lo que caracteriza la actividad de un empresario o de un autónomo. 

Anteriores sentencias

La Justicia ya se ha pronunciado en ocasiones anteriores sobre la la situación laboral de los riders. El pasado mes de noviembre, los 17 magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictaron criterio, con unanimidad, sobre los riders de la plataforma Glovo y establecieron que los repartidores son falsos autónomos. 

Además, Inspección de Trabajo ya reclamó a la misma plataforma más de 3,8 millones de euros por emplear a más de 3.000 repartidores como falsos autónomos durante tres años en Barcelona. Y el próximo mes de marzo se celebrará el juicio con la primera demanda de oficio, por tanto colectiva, en la que se dirimirá si los trabajadores de esta compañía son falsos autónomos.

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