La constructora OHL habría gastado hasta más de 40 millones de euros desde 2003 en comisiones ilegales y sobornos a funcionarios y altos cargos de diferentes administraciones, principalmente del Ministerio de Fomento y en administraciones autonómicas de Madrid, Andalucía y Canarias, para lograr adjudicaciones de contratos de obra pública. Según informa este jueves El Confidencial, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil descubrió esos pagos entre la documentación requisada durante un registro dentro del marco de la operación Lezo en 2017.

El caso se ha estado investigando durante casi dos años bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, con la participación de la Fiscalía Anticorrupción, y este miércoles el juez Manuel García Castellón acordó el levantamiento del secreto de las actuaciones.

Las investigaciones apuntan principalmente a dos exdirectivos de la compañía, que se encuentran imputados en la causa. El primero es Felicísimo Ramos, un exdirector de control de gestión de OHL, y el segundo es Paulino Hernández, ex director general de Obra Civil Nacional de OHL.

Ramos habría sido el conseguidor de la constructora durante más de 20 años. Lleva jubilado desde 2013 y ya fue interrogado por el caso Lezo, donde admitió que había ordenado en 2007 a la filial de OHL en México el pago de 1,4 millones de euros para sobornar presuntamente al expresidente madrileño Ignacio González para la concesión de contrato del Cercanía de Navalcarnero.

Ramos también tuvo que declarar por el caso Roldán en 1997 y en esa ocasión admitió que la constructora Huarte había pagado unos 4,2 millones de euros para lograr adjudicaciones de la Dirección General de la Guardia Civil. 

Mientras, Hernández se mantuvo en su cargo en OHL desde 2011 hasta mayo de 2017. Es decir, abandonó la constructora solo un mes después de que la UCO registrara las oficinas por la operación Lezo y cuyos documentos han servido para descubrir esta trama corrupta. Hernández, presuntamente, estaba subordinado a las órdenes de Ramos.

A la multinacional presidida por Juan Miguel Villar Mir se le multiplican las causas judiciales que investigan casos de corrupción. Tanto la compañía como los nombres de algunos de sus altos cargos se han visto inmersos en causas como la Púnica, Lezo o los papeles de Bárcenas. Ayer mismo, la CNMC multaba a Eym, una de las empresas de su grupo, junto a otras 14 a una multa total de 118 millones por participar durante 14 años en tres cárteles para falsear la competencia en las licitaciones del AVE y del tren convencional.

La CNMC considera probado que Cobra, Siemens, Elecnor, Semi, Inabensa, Alstom, Isolux, Cymi, Comsa, Electren, Neopul, Citracc y Eym se repartieron 24 licitaciones, valoradas en 837 millones, para la construcción y mantenimiento de la electrificación del AVE durante 8 años (2008-2016).