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La oposición obliga al Gobierno a rebajar por ley los alquileres que cobra Aena a los locales comerciales

La compañía que gestiona la red de aeropuertos prevé una reducción de 1.500 millones en los cobros de ingresos comerciales a lo largo del periodo 2020 - 2025.

Un hombre con su equipaje en la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. E.P./A. Pérez Meca
Un hombre con su equipaje en la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. A. Pérez Meca / EUROPA PRESS

La oposición ha ratificado en el Congreso este jueves la rebaja de los alquileres que cobra Aena a los locales comerciales de sus aeropuertos. Esta medida, que fue introducida hace una semana por el Senado en la reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, establece que los alquileres deberán ajustarse a la caída del tráfico aéreo

La enmienda, con la que el Gobierno no estaba de acuerdo, ha sido apoyada por PP, Vox, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT, Junts y Nueva Canarias. 

Esta enmienda modifica los contratos de los locales comerciales con Aena de tal manera que, a partir de ahora, se eximirá del pago de la renta mínima anual garantizada (RMAG) durante el período del estado de alarma inicial (del 14 de marzo al 20 de junio de 2020). Y, a partir de entonces, la RMAG variará de manera proporcional al volumen de pasajeros del aeropuerto en el que se encuentre (tomando como referencia el tráfico aéreo registrado en 2019). 

Esta modificación, según Aena, no va a afectar a su derecho a exigir el pago de la renta variable establecida en los contratos en función de los ingresos derivados de las ventas en los diferentes locales.

De acuerdo a esta nueva situación, Aena prevé una reducción de 1.500 millones de euros en los cobros de ingresos comerciales a lo largo del periodo 2020 - 2025. Asímismo, la compañía ha aclarado que el efecto que tendrá esta nueva medida en sus ingresos comerciales, así como su tratamiento contable, se encuentra todavía pendiente de un análisis basado en la aplicación de la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que la compañía está llevando a cabo y someterá a la consideración de sus auditores.

En este sentido, también ha procedido a analizar las implicaciones jurídicas de la enmiendo y ejercerá "todas las acciones que correspondan en defensa del interés social de la compañía". 

"Esto no debería haber llegado aquí"

Mientras que los representantes de algunas formaciones, como el PP o ERC abogaban por unos contratos "justos" o "razonables", los miembros del Gobierno  han manifestado su desacuerdo a esta enmienda. Txema Guijarro, de Unidas Podemos, ha explicado que "esto no debería haber llegado aquí", considera que "el Estado debería tener una actitud ejemplar" a la hora de modificar los contratos ante esta situación sobrevenida y que, con la enmienda, "se lanza un poderoso mensaje": "Tiene usted que negociar, señor Lucena", en referencia al presidente de Aena. 

Sin embargo, ya durante el mes de junio el Congreso aprobó por unanimidad la iniciativa de Esquerra Republicana de exigir "acuerdos equilibrados" con los negocios ubicados en los aeropuertos. 

Se trataba de una iniciativa no legislativa, pero a la que Coalición Canaria elude en la enmienda aprobada por el Senado criticando en su justificación que el "mandato unánime del Congreso no sólo ha sido desatendido por Aena, sino que en muy buena medida el conflicto se ha recrudecido en las últimas semanas", señala, denunciando que Aena exige el pago íntegro de la RMAG y fuerza la apertura total de locales "con la amenaza de la imposición de graves penalidades en caso contrario y la resolución de los contratos". 

"Quiebra a la seguridad jurídica"

Aena sostenía este miércoles que la aprobación de la enmienda en el Congreso supondría una "una quiebra a la seguridad jurídica y una expropiación legislativa". Afirman que esta medida "priva de la tutela judicial a quien sale perjudicado", en este caso, el operador nacional. Pues consideran que "tendría que renunciar, por imperativo legal, a los acuerdos alcanzados o las resoluciones judiciales favorables, a costa de sus accionistas, entre los que figura el Estado español". 

Además, insisten en que "desde el primer momento", por parte de Aena, han buscado acuerdos con sus inquilinos, llegándoles a ofrecer rebajas por valor de 800 millones de euros, mejorando las condiciones exigidas por el Real Decreto Ley 35/2020.

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