La paga compensatoria que los pensionistas recibirán a comienzos del próximo año y que tratará de ajustar el incremento de las pensiones aplicado (1,6%) respecto al IPC real de diciembre (se calcula que cerrará en torno al 1,9%), costará 386 millones de euros a la Seguridad Social.

Fuentes de la Seguridad Social, han explicado que se utilizará el dato de la inflación de diciembre para el cálculo de la llamada paguilla de los pensionistas por un tema "contable", dado que de esta forma se podrá imputar el gasto en el año 2019. cada décima de desviación sobre el IPC cuesta 128,6 millones.

En el caso de que se consolidara el ajuste al IPC real en la cuantía de la pensión, tal y como se hacía en el pasado, el coste de dicho ajuste sería el doble, esto es, 772 millones de euros. De esa cantidad, la mitad se destinarían a compensar a los pensionistas por la desviación de precios y el resto a consolidar en nómina la desviación del IPC.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha afirmado este lunes que España debe llegar a 2022 ó 2023 con el sistema de pensiones saneado, ya que será entonces cuando se produzcan un mayor número de jubilaciones de las generaciones del baby boom. La ministra, en una intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, ha subrayado que no hay que tener una "visión catastrofista" de la Seguridad Social, a pesar de que el Fondo de Reserva está "bastante tocado" y el sistema, endeudado.

"Es fundamental reforzar el equilibrio financiero del sistema", ha dicho la ministra, que ha apostado por reordenar ingresos y gastos, de forma que políticas sociales como las prestaciones de maternidad y paternidad (que suponen un coste de 2.500 millones de euros) se paguen a través del Estado.

Por el lado de los ingresos, Valerio ha reconocido que el impuesto de transacciones financieras, con el que se prevén recaudar unos 850 millones de euros al año para financiar el sistema de pensiones, solo dará para un "aperitivo discreto". "Hay que inyectar ingresos porque no vale sólo con el impuesto de transacciones financieras", ha remarcado.

En todo caso, ha insistido en que hay cerca de 19 millones de personas que trabajan y el mes a mes de las pensiones se paga con lo que cotizan los trabajadores cada mes. "El problema lo tenemos para afrontar el pago de las pensiones extraordinarias de junio y diciembre y ahí es donde tenemos que apostar por más empleo, de más calidad, más salarios, cotizaciones y por más personas trabajando", ha añadido.

Este es el caso de las tarifas planas de contratación, que son políticas de empleo, o las prestaciones de maternidad y paternidad, que son políticas de Estado, y que deberían pagarse vía presupuestos generales del Estado, ha dicho la ministra. Valerio ha recordado que las prestaciones no contributivas se pagan vía impuestos, al tiempo que ha considerado que también se podrían "hacer transferencias" para el abono de las prestaciones contributivas. 

De otro lado, la ministra de Trabajo ha lanzado  un mensaje de tranquilidad a todos los españoles que están trabajando en Reino Unido, y ha asegurado que sus derechos están garantizados pese al Brexit, cuyo acuerdo ha sido ratificado este domingo por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

Valerio ha subrayado que hay un periodo transitorio y que será a partir del 1 de enero de 2021 cuando se tendrá que establecer un acuerdo con Reino Unido para ver cómo se mueven los trabajadores, aunque ha resaltado que se respetarán los derechos incluso después de esta fecha.

También ha tranquilizado a los británicos que están en España y para los pensionistas españoles que perciben prestaciones de Reino Unido, ha dejado claro que "van a seguir cobrando sus pensiones". Así, ha resaltado que los pensionistas "no van a tener ningún problema", ya que los que hayan trabajando en ambos sitios cobrarán de ambos países.