Público
Público

Personas con discapacidad La pandemia agrava la discriminación laboral de las personas con discapacidad en Catalunya

La contratación se situó casi un tercio por debajo del año anterior en Catalunya, después de caer un 33,2% en 2020.

Dones amb discapacitat treballant en la Fundació Topromi a la Canonja (Tarragonès). ACN/Núria Torres
Mujeres con discapacidad trabajando en la Fundació Topromi en la Canonja (Tarragona). Núria Torres / ACN

La crisis económica del coronavirus ha destruido miles de empleos, pero hay colectivos, como las personas con discapacidad o problemas de salud mental, que ya sufrían una precariedad y discriminación previas. Entidades como AMMFeina o Dincat alertaban este abril que se perderían aproximadamente unos 9.000 empleos de personas con especiales dificultades, y un informe de la Fundación Adecco y CHM Obras e Infraestructura lo ha confirmado: la contratación se situó casi un tercio por debajo del año anterior en Catalunya, después de caer un 33,2% el 2020, el mayor descenso de la década.

La Generalitat avisa que aún no han recogido las cifras definitivas y apunta que donde ha habido más afectación ha sido en el mercado laboral ordinario y no en los Centros Especiales de Trabajo (CET). Pero algunas entidades que trabajan en los CET, que son centros donde trabajan personas con discapacidad en un entorno más protegido laboralmente, no comparten esta afirmación.

AMMFeina pide un pacto para que las entidades no tengan que "mendigar" ayudas a cada cambio de administración

El director general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives, Josep Vidal, asegura que, pese a confiar en los datos de las entidades, de momento la crisis no ha afectado a la solicitud de subvenciones por parte de los Centros Especiales de Trabajo (CET). Lo que sí han constatado es que muchas personas con dificultades especiales les han aplicado un ERTE. Ahora bien, Vidal apunta que esta precariedad está relacionada sobre todo con el área en el que trabaje la persona.

"El sector agroalimentario no tiene la misma problemática que los que están en restaurantes u otras actividades afectadas por la crisis", apunta, hecho que también señala el informe de la Fundación Adecco y CHM Obras. El director de Dincat, Carles Campuzano, insiste en que en la empresa ordinaria las personas con discapacidad son las primeras que pierden el trabajo, e añade que los instrumentos públicos "no son suficientemente potentes para proteger estos empleos". Por otro lado, señala que los CET sí que protegen a los empleados e intentan preservar en mayor medida sus puestos de trabajo.

Falta de adaptación de las empresas convencionales

Raquel Arriaza trabaja desde septiembre del 2020 en una cadena de comida rápida, pero antes de eso estuvo nueve meses buscando trabajo por su cuenta. "Ha sido gracias al servicio de integración laboral de Atendis, porque yo me he esforzado muchísimo por mi cuenta... pero es que he encontrado ofertas que pedían a personas con discapacidad tener cinco idiomas", denuncia Arriaza con una indignación firme.

"He encontrado ofertas que pedían a personas con discapacidad tener cinco idiomas"

De hecho, uno de los problemas principales es el incumplimiento de la Ley General de Discapacidad (LGD): En esta ley se exige que un mínimo del 2% de la plantilla de una empresa tiene que estar integrada por personas con especiales dificultades, pero muchas veces lo que hacen las empresas es contratar a alguien un par de días y echarlo, que es lo que le pasó a Raquel en una empresa de limpieza. "Me echaron a los dos días", reclama.

"Hay empresas que por mucho que digan que no descartan perfiles con discapacidad, si no es a través de un servicio de integración no te cogen. Les falta información. En los supermercados, por ejemplo, hay muy poca gente con discapacidad trabajando", explica Raquel.

Tal como remarca el dinamizador de los Consells de participació de persones i famílies de Dincat, Pablo Fernández, la normativa exige un mínimo de contrataciones, pero no incluye un plan específico para la discapacidad intelectual, y suelen contratar a personas con discapacidades físicas "para evitar gestionar los nervios", ya que la mayoría no tienen una formación previa para gestionar a estas personas.

Además, este 2% tampoco se cumple porque a las empresas les sale más económico pagar la multa que cumplirlo. En ese sentido, Campuzano añade que el sector público tampoco cumple con la cuota del 7% –de la cual un 2% está reservado a las personas con discapacidad intelectual–.

Por su parte, Sergi Moncunill está contento en el CET en el cual trabaja, donde se dedica a la parte logística, pero se está preparando oposiciones para entrar en el mercado laboral ordinario. "Empecé en el CET con un nivel muy bajo, pero ahora estoy en un nivel muy alto y es el momento en el que puedes ir a la empresa ordinaria, porque en caso contrario devuelven al taller a personas que no han sido aceptadas en uno o dos meses", detalla.

El sector privado muchas veces no cumple con el 2% de cuota para personas con discapacidad

De hecho, uno de los problemas radica en que no se hace el acompañamiento adecuado en las empresas convencionales. Así lo denuncia la secretaria de AMMFeina, Núria Martínez: "Tendría que haber unas políticas claras y que el apoyo sea flexible y a medida de cada persona", apunta, quien destaca que las personas con problemas de salud mental a veces se encuentran con entornos hostiles y sin el acompañamiento adecuado, lo que hace que abandonen su puesto o que los echen.

Frente a esta situación, Josep Vidal reconoce que hace falta revisar el modelo de acompañamiento hacia la empresa ordinaria, porque aunque es esencial que los CET sigan operativos, si la transición no se hace adecuadamente, las personas con especiales dificultades se quedarán en los CET, no evolucionarán, y los mismos centros tendrán que asimilar tareas para las que no están preparados. Aun así, Martínez insiste en que es necesario mantener estos centros porque no todo el mundo está capacitado para trabajar en el mundo laboral ordinario. "Es necesario cambiar las normativas para que las empresas grandes se adapten a las necesidades especiales", insiste.

La infrafinanciación crónica empeora con la covid

"Los presupuestos tienen partidas para sectores como la sanidad y la educación, y nosotros acudimos a las subvenciones, a las ayudas, y eso siempre depende de la sensibilidad que tenga el Govern", explica la secretaria de AMMFeina, Núria Martínez. Para Martínez, hace falta un pacto para que las entidades dedicadas a las personas con especiales dificultades no tengan que "mendigar" ayudas a cada cambio de administración, porque eso les condena a la infrafinanciación. Por otro lado, el director general de Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives, Josep Vidal, explica que el apoyo a las empresas ordinarias depende en última instancia de los presupuestos estatales. Ahora bien, reconoce que el sistema de subvenciones es complicado para las entidades, ya que se tiene que renovar cada año, mientras que con los servicios concertados la renovación es cada cinco años. En ese sentido, asegura que se podría contemplar ampliar esta temporalidad a cada tres años para que no tengan tanta traba burocrática. El director de Dincat, Carles Campuzano, reclama que también haya servicios concertados en la materia de la integración laboral.

Por otro lado, Campuzano detalla que las políticas de ocupación para personas con discapacidad se financian desde los PGE, y que los fondos se reparten a través de la conferencia sectorial de empleo. "Los criterios de reparto no son transparentes ni claros. Tenemos una versión de la Generalitat y otra del Estado sobre qué dinero recibe Catalunya para garantizar la ocupación de estas personas", relata Campuzano. Es por eso que reclama "transparencia", ya que si no la hay no se puede saber "si el dinero será suficiente o no", aunque apunta que, viendo los presupuestos de este año, considera que no serán "suficientes" para cumplir la normativa.

Además, este año se ha subido el Salario Mínimo Interprofesional sin aumentar las subvenciones de los Centros Especiales de Trabajo, que ya están haciendo muchos más esfuerzos que la empresa ordinaria para mantener los empleos de las personas con especiales dificultades. "Son empresas sin ánimo de lucro, de iniciativa social, y si se sube el salario mínimo pero no se incrementan las subvenciones, se ponen en riesgo los empleos del CET", reclama Campuzano. "Lo que me gustaría es que el Govern hiciese un incremento gradual, que no tenga que subir de golpe un 22% el sueldo del 31 de diciembre al 1 de enero", reclama Martínez.

Más noticias de Economía