Bruselas retoma la actividad en las instituciones europeas con cautela, consciente de que las decisiones de las próximas semanas marcarán la vida de las próximas generaciones en Europa. Por ello el Parlamento Europeo huye de las prisas y ha decidido tomarse su tiempo para convencer a la Comisión y al Consejo de la importancia de no recortar en partidas clave de cara a los próximos siete años. Eso sí, lo hacen con confianza, y exigen la aprobación de recursos propios y reglas sobre el Estado de Derecho.

Tras una cumbre maratoniana de cinco días, en julio los jefes de Estado y de Gobierno acordaron dotar al presupuesto de la Unión Europea para los próximos siete años de 1,074 billones de euros. También aprobaron, tras muchos tiras y aflojas y alguna que otra concesión, la creación de un fondo de recuperación para paliar los estragos de la crisis del Coronavirus con 750.000 millones de euros.

El debate en estos momentos se ha trasladado a la sede del Parlamento Europeo, que tendrá que dar el consentimiento- o no- al acuerdo. Si hay luz verde, la discusión pasará a los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros, que tendrán que ratificar el acuerdo. Si, por el contrario, la Eurocámara reprobase el acuerdo, idea prácticamente descartada, se convocaría una nueva cumbre europea.

Tal y como explica Jaume Duch, portavoz de la Eurocámara, desde la institución no tienen "ni voto, ni voluntad" de retrasar la puesta en marcha del plan de recuperación. Sin embargo, el alto funcionario advierte que no darán luz verde al presupuesto comunitario o marco financiero plurianual (MFF, en sus siglas en inglés) "si no se mejora la financiación de los principales programas".

Durante todo el proceso de negociación del presupuesto europeo, la Eurocámara ha defendido un objetivo ambicioso, acorde a las prioridades que marcó la presidenta de la Comisión Europea cuando asumió el cargo en diciembre de 2019. También han advertido que no aprobarán una propuesta infra financiada, que arrastre los problemas actuales a las generaciones futuras.
Por ello en el Parlamento Europeo no comparten el presupuesto acordado en julio por los Veintisiete, que presenta tijeretazos en partidas clave como investigación, cultura, juventud o gestión de fronteras, entre otras, y exigen una revisión al alza.

La semana pasada arrancaron las primeras reuniones a tres bandas entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea para abordar este acuerdo clave para Europa. El presidente de la comisión parlamentaria del ramo, Johan Van Overtveldt, hizo hincapié en que "tiene que haber una financiación adecuada de los programas de bandera de la UE" y hoy ha reconocido que sigue habiendo diferencias de criterios y ha insistido en que la voluntad del Parlamento es que el "presupuesto sirva para la recuperación de la pandemia, pero también a largo plazo".

El portavoz del Parlamento Europeo reconoce que es pronto para hablar de fechas, y aventura que las reuniones tripartitas continuarán, al menos, todo el mes de septiembre. "Ahí es donde se juega todo", ha reconocido. Así, ha añadido, que si no hay acuerdo para el mes de octubre, la Eurocámara no tendría problema en trasladar al 2021 el presupuesto del 2020. "Uno mejor que el que le corresponde con la propuesta del Consejo", ha matizado.

Recursos propios

Además, Duch recuerda que el Parlamento exige condicionar la concesión de fondos a la  "aprobación de la normativa sobre recursos propios y las reglas sobre el Estado de Derecho".

Los recursos propios son, en resumidas cuentas, impuestos que ayuden a financiar el presupuesto europeo para evitar que sean los Estados miembros los que tengan que aportar el dinero de sus propios bolsillos, endeudándose, en tiempos difíciles. O que el presupuesto comunitario sufra un tajo en alguna partida importante.

Durante las negociaciones del Fondo de Recuperación políticos y expertos coincidieron en lo incómodo de sumarle a una ecuación ya de sí compleja, un término con tan mala fama como los impuestos. Sin embargo, parece el momento de ponerlo en marcha, para evitar un endeudamiento mayor de los Estados miembros y recortes no deseados para hacerles frente.

Entre las tasas que se han barajado están el impuesto al plástico o a las grandes firmas tecnológicas. Así, la Eurocámara exige un gravamen sobre las emisiones de CO2, poniendo su granito de arena a la transición ecológica, bandera de la Europa de Ursula von der Leyen.

Esta tarde la comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo ha adoptado una decisión en materia de recursos propios, que no es vinculante. Ahora deberá de votarse en el pleno dentro de dos semanas y, una vez reciba luz verde, podrá empezar a ratificarse en los parlamentos nacionales.

El eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, ha explicado que la decisión de la Eurocámara incluye "los recursos propios existentes y uno nuevo del plástico". "Desde el Parlamento queremos establecer un calendario para implementar el resto de nuevos recursos, no decir que vamos a trabajar en ello sin más", ha añadido.

Esta ha sido una petición común esta tarde: acordar un calendario vinculante. Los eurodiputados y eurodiputadas han insistido en que, además de una contribución calculada en base a los residuos de envases de plástico, también haya una basado en tasas digitales, un mecanismo de ajuste en frontera por la huella de carbono y transacciones financieras, entre otras.

La eurodiputada liberal, Valérie Hayer, ha subrayado que "queremos que las grandes tecnológicas, los grandes contaminadores extranjeros y las multinacionales que practican la optimización fiscal y que se benefician de Europa, ahora contribuyan de forma justa a su recuperación".

Rule of law

Por lo que respecta al Estado de Derecho, conocido en jerga comunitaria como "rule of law" viene a ser un mecanismo de vigilancia para la defensa de valores europeos. Esta exigencia la puso encima de la mesa la canciller alemana, Angela Merkel, por sospechas de enriquecimiento ilícito de algunos oligarcas con el presupuesto comunitario. Una propuesta que no fue recibida con buena cara por parte de algunos países como Hungría y Polonia.

Con el objetivo de sacar adelante el presupuesto europeo y el fondo de recuperación, los jefes de Estado y de gobierno decidieron pasar de puntillas por este asunto, dejando un texto lo suficientemente ambiguo para no levantar ampollas en algunos socios. Sin embargo, tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea confían en que pueda recuperarse y no caiga en el olvido durante los siete años que cubre el periodo presupuestario.