"El Pla 50.000 es un plan de choque para evitar un estrés absoluto en la vivienda"

El Pla 50.000, anunciado por el president de la Generalitat, Salvador Illa, en 2024, busca hacer frente a la crisis habitacional con una ofensiva clara: construir 50.000 viviendas de alquiler asequible a través de una colaboración estratégica entre ayuntamientos, Generalitat y promotores. El plan se articula sobre dos grandes decisiones: el despliegue de un nuevo sistema de financiación pública para garantizar la viabilidad de las promociones y una llamada a los ayuntamientos para que cedan suelo público edificable. En la primera convocatoria, hace menos de un año, se presentaron 670 solares con capacidad para unas 22.000 viviendas, y ya se ha anunciado una segunda convocatoria para este diciembre para ampliar la disponibilidad de suelo.

Para acelerar las promociones, la Generalitat combina tres tipos de promotores: los públicos (como Incasòl, IMPSOL o IMHAB), los sociales (cooperativas y fundaciones) y los privados, que se incorporarán mediante concursos públicos para gestionar parte de los solares. Actualmente, cerca de 300 de los 670 solares presentados ya están en manos de promotores públicos o sociales, y el Departament de Territori trabaja para asignar el resto. Esta diversificación permite optimizar la respuesta según las distintas realidades locales y asegurar que las promociones no dependan exclusivamente de la administración pública.

Para garantizar que estas viviendas sean realmente asequibles, solo pueden acceder las personas inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda con ingresos inferiores a un umbral establecido por la normativa. El sistema establece que ningún inquilino destine más del 30 % de sus ingresos al alquiler. Así, si una persona solo puede pagar 300 euros, la Generalitat cubre la diferencia hasta los 600 euros mensuales que se necesitan para garantizar la rentabilidad del proyecto a 30 años.

"Este es el gran cambio en el sistema de financiación que permite viabilizar estas operaciones considerando diferentes niveles de renta", apunta Ramon García-Bragado.

Más allá del Pla 50.000, el Govern también pone el foco en la planificación urbanística a medio y largo plazo. García-Bragado advierte que Catalunya necesita movilizar 200.000 viviendas antes de 2030, para tenerlas programadas y en marcha. Muchos de estos planeamientos datan de 2007 o 2008 y necesitan una revisión para poder ejecutarse. Según él, solo así se podrá evitar un colapso del sistema: "El mercado debería poder facilitar vivienda a las clases medias. Si no, acabarán engrosando la demanda de vivienda social".

En este escenario, el Pla 50.000 se convierte en la primera piedra de una transformación estructural que quiere situar el derecho a la vivienda en el centro de las políticas públicas en Catalunya. En esta entrevista a Ramon García-Bragado Acín, presidente del grupo de trabajo de la Comisión interdepartamental para el seguimiento de la vivienda asequible, profundizamos en el plan y en la situación de la vivienda en Catalunya:

El Pla 50.000 de viviendas públicas de alquiler asequible es una de las grandes apuestas del Govern. ¿En qué punto se encuentra actualmente el despliegue del plan y qué resultados se han conseguido hasta ahora?

El Pla 50.000 se puso en marcha hace un año y ya hemos cerrado una primera convocatoria con la presentación de 670 solares, con potencial para 22.000 viviendas. Ahora estamos revisando esos terrenos e iniciando las primeras fases de los proyectos, mientras preparamos una segunda convocatoria para diciembre. Estamos bastante satisfechos porque una parte importante de estos solares ya es viable y se está tramitando la financiación para ponerlos en marcha.

Uno de los principales retos es acelerar la construcción y movilizar suelo público. ¿Qué medidas se están tomando para garantizar que el ritmo de promoción se ajuste a los objetivos previstos?

El plan combina tres tipos de promotores: públicos, sociales y privados, lo que nos permite avanzar de forma flexible. Unos 300 solares ya están asignados a promotores públicos y cooperativas, y para el resto, la Generalitat organizará concursos públicos para encontrar promotores privados. A medida que garantizamos la financiación, se pueden empezar a encargar los proyectos a los arquitectos y, después, licitar las obras.

¿Cómo se garantiza que estas nuevas viviendas sean realmente asequibles y accesibles para las personas que más lo necesitan?

Solo pueden acceder personas inscritas en el Registro de Vivienda, con ingresos por debajo de un umbral fijado. El objetivo es que nadie destine más del 30 % de su renta al alquiler. Cuando es necesario, la Generalitat cubre la diferencia para que la promoción sea viable. Por ejemplo, si una vivienda tendría que costar 600 euros pero la persona solo puede pagar 300, la Generalitat aporta el resto.

De cara a los próximos años, ¿cuál es su visión sobre el papel que debe tener la vivienda pública en Catalunya y cómo se asegurará la sostenibilidad del modelo a largo plazo?

El Pla 50.000 es un plan de choque, pero paralelamente trabajamos para movilizar hasta 200.000 viviendas planificadas de aquí a 2030, mediante la planificación urbanística. Es imprescindible revisar y ejecutar los planes antiguos para evitar una crisis mayor. A largo plazo, hay que garantizar que el mercado cubra la demanda de las clases medias, y que la vivienda pública actúe como colchón para los colectivos con más dificultades.