El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pretende asegurar una bolsa de algo más de 52.000 millones de euros para pagar las jubilaciones de la generación del baby boom, que ya comienzan a tensar, más si cabe, las cuentas de una Seguridad Social cuyo descuadre no deja de aumentar mientras sigue asumiendo el pago de prestaciones no contributivas como las de viudedad, orfandad o maternidad con cargo a las cotizaciones salariales.

La propuesta que el ministro José Luis Escrivá ha llevado a la mesa del Diálogo Social consiste, básicamente, en crear a partir de 2023 un fondo que se alimentaría con una subida de las cotizaciones de medio punto y cuyos recursos solo podrían utilizarse a partir de 2032 y para completar la cobertura de las nóminas mensuales de las pensiones, pero no otras contingencias.

El sistema, que no deja de ser una de las urgencias del sistema de pensiones español tras el vaciado de la hucha por los gobiernos de Mariano Rajoy, que en 2017 habían reducido a base de pagar otros gastos del sistema a 8.095 un fondo que al cierre de 2011, cuando llegaron al poder, acumulaba 66.815, seria revisado en 2050, el año en el que se prevé que se produzca la mayor tensión entre ingresos y prestaciones.

"Se trata de un planteamiento inicial. Está por definir si ese 0,5% lo asumen las empresas, los trabajadores o entre ambos. No es algo decidido ni definido, sino que eso debe concretarse en el diálogo social", indican fuentes del Ministerio de Escrivá, que hacen hincapié en que ese recargo sería "contingente y temporal" y en que se ha promovido para "afrontar las jubilaciones de las cohortes más numerosas".

La aplicación de la propuesta en la práctica

Los planes del Ministerio de Inclusión, cuyos representantes llevaron la propuesta este martes a la Mesa del Diálogo Social, pasan por tener cerrado un acuerdo antes del 15 de noviembre. La primera lectura provocó el rechazo de la CEOE y el interés de los sindicatos.

¿En qué consiste en la práctica esa iniciativa del ministerio de Escrivá? A falta de mayor concreción, un recargo de ese tipo tendría efectos en dos planos: las cotizaciones sociales y la gestión de su recaudación.

En el primero, la actual regulación sitúa, al margen de las penalizaciones a los contratos temporales y a las horas extraordinarias, una cotización conjunta del 36,25% del salario bruto, del que la empresa paga un 29,9% a la Seguridad Social mientras el 6,35% restante se descuenta del sueldo del trabajador.

Esa cotización se reparte en un 28,3% (23,6% a cargo de la empresa y 4,7% del trabajador) para contingencias comunes, que sería el concepto sobre el que en principio se aplicaría el aumento; un 7,05% para desempleo (5,5% y 1,55%), un 0,7% para formación profesional (0,6% y 0,1%) y un 0,2% por cuenta del empleador para financiar el Fogasa, el Fondo de Garantía Salarial.

Sobre el sueldo medio de 22.837 euros brutos anuales que estima la Encuesta Anual de Coste Laboral del INE (Instituto Nacional de Estadística), que da lugar a doce pagas teóricas de 1.903,13 (las extras tributan pero no cotizan), la cotización pasaría de 698,87 euros a 699,39, un aumento de 9,52 cuyo reparto entre empresa y trabajador está por definir.

El incremento sería de cinco euros para cada mil euros brutos de salario, es decir, de sesenta anuales: los costes sociales de quien cobra 20.000 aumentarían en 120 al año y los de quien percibe 48.840 o más, por estar ahí el tope de cotización con independencia de lo que se cobre, en 244,20.

Los autónomos pagan un 30,6% de su base teórica de cotización, que va de los 944,40 a los 4.070,10 euros mensuales y que de salir adelante la propuesta se elevaría al 31,1%.

Recaudar 52.000 millones en 28 años

Esa subida del 0,5% en el capítulo de contingencias comunes de las cotizaciones generaría un aumento de la recaudación de algo menos de 1.900 millones de euros al cabo del año, lo que supondría que el fondo habría recibido más de 52.000 en los 28 ejercicios que habrán transcurrido entre 2023 y 2050.

Los cálculos se han realizado sobre las previsiones de recaudación que contempla el Informe Económico Financiero de la Seguridad Social incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de este año, cuya tramitación comienza estos días en el Congreso y que prevén una aportación de 136.344 millones de euros procedentes de las cuotas sociales de asalariados, funcionarios y autónomos.

Esos números también contemplan un descuadre de algo más de 35.000 millones de euros al tener que atender con esos 136.344 los 171.551 que requerirán las prestaciones: 149.995 en pensiones contributivas, 2.587 en pensiones asistenciales y otros 18.969 millones en otras como las de orfandad, maternidad y viudedad.

¿Será suficiente ese fondo para atender los requerimientos económicos de la jubilación de la generación del baby boom? Está por ver, aunque todo apunta a que no, ya que las estimaciones de hace una década, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aumentó las dotaciones a la hucha aprovechando la bonanza de la economía, apuntaban a la necesidad de en torno a 130.000 millones de euros.

Las tensiones previstas superan los 15.000 millones al año y tendrán su época de mayor intensidad en torno a 2040: los demógrafos sitúan el baby boom entre 1957 y 1980, el casi cuarto de siglo en el que la cifra de nacimientos anuales superaba los 600.000 bebés, un periodo cuyos mayores tienen hoy.

Eso abre un proceso que se prolongará más allá de 2047, que es cuando cumplirán los 67 los nacidos en 1980, ya que la esperanza de vida, situada en 82 años y cinco meses, supone que cada uno de ellos se mantendrá como jubilado una media de algo más de quince años.

Tampoco se trata de un imprevisto: el entonces secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ya advirtió hace tres años de que el sistema necesitaría recurso extraordinarios a partir de 2023 para afrontar esas jubilaciones tras el vaciado de la hucha de las pensiones, y la subcomisión del Pacto de Toledo concluyó en octubre del año pasado que el fondo de reserva no era un "mecanismo adecuado para resolver los desequilibrios financieros de naturaleza estructural", por lo que propuso "establecer un remanente mínimo y endurecer su disponibilidad".