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Pobreza energética Más de un 8% de las familias españolas no pueden mantener calientes sus hogares

El dato mejora respecto a 2012, cuando la cifra ascendía hasta el 9%.

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Foto de archivo./ CCO Public Domain.

El invierno que acaba de empezar supone un incremento del gasto en energía por la calefacción en los hogares, pero solo en algunos, aquellos que se lo pueden permitir. El resto, más de un 8%, no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada.

Eso sin contar otros gastos energéticos, como el agua caliente o la cocina. Por eso, muchas comunidades autónomas tienen ya en marcha ayudas o cuentan con legislación específica para paliar posibles situaciones de pobreza energética.
El Gobierno aprobó en octubre un bono social térmico, una ayuda directa para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a estos gastos. La medida depende de la cantidad que se consigne cada año en los Presupuestos Generales del Estado, un proyecto que aún no está aprobado para 2019.

A nivel nacional la salida de la crisis ha supuesto una ligera mejora en la situación de los hogares que no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada, al pasar de un 9% en 2012 a un 8,3 el año pasado.

El siguiente cuadro recoge el porcentaje de hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, según los últimos datos del INE, de 2017, y los de 2012:

Pero en algunas comunidades, esta pobreza energética no ha hecho más que incrementarse, como Asturias, donde el porcentaje de hogares en esta situación se ha triplicado, hasta llegar al 18,4%, la cifra más elevada de todas las autonomías.

Asturias dispone desde hace tres ejercicios de una línea de ayudas a las familias -—1,73 millones de euros este año— que se distribuye a través de conciertos con los ayuntamientos. En 2017, se concedieron 5.582 subvenciones del Plan Concertado de Servicios Sociales que beneficiaron a 12.084 personas.

Catalunya, donde se encuentran en esta situación el 6,1% de los hogares, aprobó la ley 24/2005 de pobreza energética por la que las compañías suministradoras no pueden cortar agua, luz o gas a personas que tienen un informe de los servicios sociales que acredite su situación de pobreza.

Murcia tiene una línea de ayudas dotada con un millón de euros para ayudar a cerca de 3.000 familias

Pero entidades sociales y ayuntamientos se quejan de que las empresas lo incumplen a menudo. De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto un total de 13 sanciones, ocho este año, por valor de 430.000 euros, con importes que oscilan entre los 30.000 y 70.000 euros, según el grado de incumplimiento.
Murcia tiene una línea de ayudas dotada con un millón de euros para ayudar a cerca de 3.000 familias sin recursos a pagar los suministros de luz, gas y agua.

Además, la Ley de Vivienda de Murcia, cuyo reglamento todavía no se ha aprobado, contempla que las administraciones públicas deben garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, de gas y de electricidad a las personas y unidades familiares en riesgo de exclusión residencial.

Algunas comunidades ya han tomado medidas

Extremadura cuenta desde 2016 con una Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social, que garantiza el derecho a tener cubierto el suministro de 100 litros de agua potable al día y 6 kw/hora al día de consumo eléctrico.

De cara al próximo año, el Gobierno regional ha autorizado la convocatoria de las subvenciones a los municipios para financiar las ayudas para suministros mínimos vitales (agua, electricidad y gas), con un presupuesto de 4,6 millones de euros.
Castilla y León tiene una Ley que regula la Red de Protección a Personas y Familias en Situación de Mayor Vulnerabilidad Social o Económica, pero el principal mecanismo contra la pobreza energética es la suscripción de convenios con las empresas para evitar el corte de suministros por impago a familias en situación de vulnerabilidad.

El Plan contra la Pobreza Energética del Gobierno de Castilla-La Mancha ha supuesto en lo que va de 2018, ayudas para 6.019 familias, 3.526 de las cuales la habían tenido ya en alguno de los dos años anteriores. Además, la Consejería de Bienestar Social ha paralizado 519 cortes de suministro energético.

Las ayudas para garantizar suministros energéticos, que gestiona la Cruz Roja, tienen un importe de 150 euros y se otorgan principalmente en época invernal, hasta el mes de marzo, aunque hay familias que puedan recibir dos subvenciones en el mismo año.

En Euskadi, el Gobierno combate la pobreza energética a través de las Ayudas de Emergencia Social, y para las personas que por su capacidad adquisitiva no puede acceder a estos complementos de ayudas sociales tiene suscrito un convenio con Cruz Roja por importe de 400.000 euros.
La Rioja tiene desde el año 2014, una política específica de protección a las familias más desfavorecidas para la continuidad del suministro energético, con un programa en colaboración con las entidades locales.

Durante 2018 se han financiado 23 programas, por un importe de 346.000 euros, y se estima que al finalizar el año se alcanzarán las 3.500 ayudas, dirigidas a unas 2.300 familias.

Las ayudas para combatir la pobreza energética en la Comunitat Valenciana están incluidas en la renta valenciana de inclusión social, que se ha puesto en marcha este año en sustitución de la renta garantizada de ciudadanía.

Esta nueva prestación contempla un complemento adicional del 25% para vivienda y consumo energético, que oscila entre los 129 y los 202 euros mensuales.
En Canarias no hay ley propia sobre pobreza energética y tampoco en Andalucía, donde en mayo 2017 el Gobierno aprobó ayudas a mejora energética de edificios, que incluía fondos para colectivos en riesgo de exclusión y afectados por la pobreza energética.