Las ausencias voluntarias de accionistas por la crisis del coronavirus no han valido para calmar las aguas en la Junta del BBVA. Este viernes, el presidente de la entidad bancaria, Carlos Torres, ha tenido que escuchar las críticas y cuestionamientos por el papel de la actual dirección del banco en el caso de los espionajes realizados por el excomisario José Luis Villarejo, un asunto que ha costado la imputación judicial de la entidad.

Tras el mar de cifras económicas llegaron las voces críticas. Una de las más potentes fue la de Luis del Rivero, ex presidente de Sacyr. Su intervención despertaba especial interés, ya que fue uno de los espiados por Villarejo. Tras citar el levantamiento del secreto del sumario sobre los espionajes del excomisario para el BBVA, el empresario citó "la cantidad de seguimientos, interceptación de llamadas telefónicas, actuación ante los medios, que produjeron una intromisión flagrante en la vida de ciertas personas de una forma brutal".

Uno de los momentos más tensos llegó cuando el secretario general del consejo de BBVA, Domingo Armengol, le avisó que se agotaban los cinco minutos que tenía para intervenir. "Oiga, usted puede cortarme si quiere. Pero ustedes me han intervenido 869 llamadas telefónicas, han dispuesto medios potentes para mi seguimiento y el de mi familia. Les ruego que si me paso dos o tres minutos del tiempo, me los concedan, porque ustedes intervinieron en mi vida personal e incluso, fruto de sus maravillosas gestiones, tuve que tener una operación de cinco bypass a corazón abierto", soltó Del Rivero.

Poco después pidió que "se retire de forma definitiva el nombramiento de presidente de honor" del ex máximo responsable del banco, Francisco González, le retengan todos los activos que estén en manos del banco y procedan al nombramiento de presidente de honor a título póstumo de Emilio Ybarra.

Por su parte, el abogado Felipe Izquierdo Téllez, quien en febrero pasado presentó una querella contra el ex presidente Francisco González, el actual jefe de auditoría interna de la entidad, Joaquín Gortari, y el propio banco por un presunto delito de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios. "Soy uno de los perjudicados directos por las investigaciones deleznables urdidas por la empresa Cenyt por orden de algún responsable del banco. No me cabe duda alguna sobre la honestidad de los empleados del banco y de los accionistas, pero me permitirá usted que dude sobre la de algunos de sus directivos", afirmó.

En esa línea, destacó que en la instrucción abierta en la Audiencia Nacional "consta como hecho acreditado" que figura un "informe de inteligencia elaborado en 2014 en la caja asociada a presidencia de aspectos profesionales y personales sobre mi persona". "Asimismo, consta el hecho de que esas averiguaciones se realizaron con el probable conocimiento de Joaquín Gortari", entonces jefe de Gabinete de González. "Ni antes de que yo tuviera conocimiento de esos hechos ni con posterioridad ningún responsable del banco se ha dirigido a mí para darme explicaciones o una mínima disculpa. Señor presidente, ¿es esa conducta acorde con la cacareada honestidad?", preguntó.

Izquierda afirmó que "el presunto espionaje es una herida reputacional que no para de sangrar". "Déjese de bonitas palabras y buenas excusas y actúe con la contundencia que requiere el asunto", remarcó.

Torres defiende su gestión

En el turno de respuestas, Torres remarcó que este caso se encuentra "bajo investigación judicial" y defendió la actuación del banco en este proceso. "Los órganos sociales, empezando por el consejo de administración, fijaron como prioridad desde el principio la colaboración con la justicia", indicó. Sobre este punto, aseguró que esa colaboración "se ha traducido, entre otras medidas, en la entrega de abundante información a las autoridades judiciales".

Torres apuntó además que "la justicia tiene sus propios plazos", por lo que pidió "evitar juicios paralelos". "Seguiremos actuando con diligencia", subrayó, al tiempo que negó cualquier vinculación con este caso.