Las medidas aprobadas por el Gobierno para abaratar el precio de la luz han soliviantado a las empresas eléctricas, molestas porque el Ejecutivo pretende recortar su extraordinario margen de ganancias, los pingües beneficios caídos del cielo. Tal es su enfado, que las compañías eléctricas amenazan con cerrar sus centrales nucleares y dejar y dejar al país sin el 25% de su energía.

Una amenaza que sorprende dadas las tradicionalmente excelentes relaciones entre el poder político y las grandes empresas eléctricas: al menos en los últimos 25 años las empresas del sector han servido de lucrativas puertas giratorias para numerosos cargos políticos, sobre todo del PP y del PSOE. De hecho, todavía es habitual que las empresas energéticas (un sector, por cierto, fuertemente regulado) recurran a antiguos responsables políticos para aprovechar sus contactos y experiencia a cambio de una jugosa retribución económica. Un modelo de convivencia que funciona bastante bien y al que nadie le pone coto pese a las críticas que se suceden de forma recurrente cada poco tiempo contra esta práctica.

La lista de los políticos que han ocupado sillones en los consejos de administración de las empresas eléctricas y energéticas es inabarcable. Esa lista la encabezan con letras de oro los nombres de José María Aznar, Felipe González y Leopoldo Calvo-Sotelo, ex presidentes del Gobierno; sin olvidar tampoco que los más importantes y mediáticos ministros de Economía de los últimos 40 años, desde Miguel Boyer hasta Luis de Guindos, pasando por Rodrigo Rato, Pedro Solbes y Elena Salgado han tenido fuertes vínculos con las eléctricas.

Sólo entre 2018 y 2021 hasta una docena de altos cargos de la Administración pública han entrado en el consejo de administración de alguna eléctrica. De esa docena, siete antiguos altos cargos –cinco del PSOE y dos del PP– han ido a parar a Red Eléctrica, empresa de la que el Estado es titular de un 20% de su capital a través de la SEPI y que posee y gestiona todo el sistema de transporte de la electricidad en España y sus infraestructuras. Que parte de su capital sea público facilita los fichajes políticos: Beatriz Corredor, quien fuera ministra de Vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero, es su presidenta desde febrero de 2020, cargo al que llegó en sustitución de otro político y ex ministro de Zapatero, Jordi Sevilla. Además de Corredor y Sevilla, otros tres exministros socialistas, Luis Atienza, Miguel Boyer y Ángeles Amador también pasaron por la compañía. Corredor cibra 546.000 euros brutos al año.

Enagás, principal transportista de gas natural en España, tampoco se queda atrás. Es el PSG de todas las puertas giratorias. Su consejo de administración está lleno de políticos: ahí coinciden nada menos que cuatro exministros, dos del PP y dos del PSOE, además de otros ex altos cargos de los Gobiernos de José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Por parte del PP están Isabel Tocino, titular de Medio Ambiente entre 1996 y 2000, y Ana Palacio, que dirigió la cartera de Asuntos Exteriores entre 2002 y 2004. José Montilla, responsable de Industria, Turismo y Comercio entre 2004 y 2006 y presidente de la Generalitat de Catalunya entre 2006 y 2010, y José Blanco, que llevó Fomento entre 2009 y 2011, son los socialistas que se sientan en los mullidos sillones de consejo de administración.

Endesa es la compañía eléctrica que hace fichajes con más pedigrí. La compañía eléctrica fichó en 2014 al expresidente del Gobierno José María Aznar como asesor con un salario de 200.000 euros Por sus filas han pasado a lo largo de diferentes epocas conocidos políticos como Marcelino Oreja, Rodolfo Martín Villa –éste llegó a presidir la empresa cuando se estaba privatizando en 1997–, Pedro Solbes o Luis de Guindos. Rodrigo Rato nunca perteneció al consejo de administración de Endesa, pero sí hizo importantes negocios con la compañía.

Naturgy, la antigua Gas Natural, también tuvo su momento de gloria al contratar a Felipe González. Entre finales de 2010 y 2015, González fue consejero de la eléctrica. En sus algo más de cuatro años en el puesto, González cobró algo más de medio millón de euros. El expresidente dejó el trabajo porque, confesó posteriormente, se aburría.

Iberdrola también tiene a exministros en nómina, e incluso a altos cargos del sector público que en principio nada tienen nada que ver con el mundo de la energía, como es  el caso del que fuera Jefe de Estado Mayor de la Defensa a propuesta de Mariano Rajoy entre 2011 y 2017, el almirante Fernando García Sánchez, actualmente presidente de la Fundación Iberdrola. 

Entre los consejeros de Iberdrola abundan los vinculados al PP: Ángel Acebes, ex ministro del Interior y de Justicia con Aznar, e Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Medio Ambiente entre 2016 y 2018 con Mariano Rajoy, y Fátima Báñez, antigua titular de Trabajo, son en la actualidad consejeros independientes de la compañía. Según publicó en su día el medio El Economista, un consejero externo en Iberdrola cobra 374.000 euros al año. 

Ahora, con el precio de la luz disparado, las puertas giratorias vuelven a acaparar la atención mediática y estos ejemplos llaman más que nunca la atención. La pregunta es evidente: ¿hay realmente connivencia entre las grandes empresas eléctricas y energéticas y el poder político en España? ¿Sube la luz por eso?  Nadie lo puede afirmar con certeza, pero la sombra de la sospecha se expande con fuerza.

Como declaró el pasado mes de junio a Público Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la universidad Rey Juan Carlos y uno de los principales expertos del país en transparencia y corrupción: "Eso está ahí. Tenemos la sospecha, pero nunca ha podido demostrarse que haya habido llamadas que influyeran en algún tipo de decisiones".