Caso BankiaRato pide el archivo de su causa en Bankia porque dice que siguió instrucciones

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha recurrido ante la Audiencia Nacional su procesamiento en la causa en la que se investiga la salida a Bolsa de Bankia argumentando que en calidad de administrador se limitó a cumplir con las instrucciones dadas por el Banco de España y la CNMV, ambos exculpados en el proceso.

En un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 4, el exvicepresidente económico del Gobierno expone que todo el proceso de formación del Sistema Institucional de Protección (SIP) que dio lugar al nacimiento del Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y la salida a Bolsa de su filial Bankia estuvo controlado y autorizado por los supervisores.

"Por lo tanto si no han sido objeto ni sujetos de reprobación, es señal inequívoca de que su actuación fue correcta y, necesariamente, la de los administradores de las entidades ha de ser considerada en términos idénticos", alega Rato que pide el archivo de su parte en la causa que, tras cinco años de instrucción, ha concluido con el procesamiento de 32 personas físicas y dos jurídicas.

Además del exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), el magistrado instructor del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, da el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados al exconsejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, los consejeros Jose Luis Olivas, Jose Manuel Fernández Norniella, el exministro Ángel Acebes y otros vocales, administradores o consejeros de la entidad en los años 2010 y 2011. Sin embargo archiva las actuaciones respecto a los directivos de la CNMV y del Banco de España, cuya imputación había solicitado la acusación popular .

Por ese motivo su letrado considera que resulta "imposible armar" una tesis acusatoria frente a quienes han seguido las instrucciones del supervisor e insiste en que "dificilmente puede advertirse indicio alguno de falsedad en la formulación de las cuentas del ejercicio de 2011" pese a que el juez advirtió en su auto de que se habían aprobado unas cuentas maquilladas que no mostraban la verdadera imagen de la entidad.

No da crdibilidad a los peritos

Sobre la versión de los peritos judiciales del Banco de España plasmada hasta en tres informes de que la salida a Bolsa fue fraudulenta y el folleto informativo no reflejaba la situación real del banco, Rato expone que se trata de afirmaciones que "no pueden ser aceptadas como válidas y fiables" sino que son "absolutamente improcedentes e inadecuadas desde una perspectiva procesal".

Además añade que la versión de los expertos que de haberse contabilizado los deterioros evidenciados en 2010 contra la cuenta de resultados se hubieran reflejado "significativas pérdidas en dicho ejercicio" no es más que una hipótesis esgrimida con falta de rigor metodológico y científico.

Su defensa se ha remitido igualmente al informe elaborado por la Dirección General de Supervisión del Banco de España de junio de 2010 según el cual las cajas que integraron BFA eran entidades fundamentalmente sólidas, su proyecto "consistente y viable" y los presupuestos del SIP realistas debido a las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La solución, la salida a Bolsa

Además, el exvicepresidente económico del Gobierno alega que el auto del juez Andreu omite "un dato de realidad" referido a que fueron las autoridades políticas y económicas las que vieron el debut bursáil de la entidad "como una de las posibles soluciones".

Tampoco se hace eco en su escrito, prosigue el recurso, de la "grave crisis económica mundial" que sufrió el banco, "penalizado severamente" y cuyas cotizaciones evolucionaron a la par que la crisis hasta que fue intervenido en 2012 convirtiéndose en la octava entidad intervenida por el Ejecutivo desde el comienzo de la crisis.

Andreu, que no investiga la decisión de salir a Bolsa de la entidad que preside Ignacio Goirigolzarri sino si se falsearon o no los estados financieros, atribuye a los 34 procesados los delitos de falsedad en las cuentas anuales y delito de fraude de inversores por incluir datos falsos en el folleto informativo de su debut bursátil en 2011.