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Rebajas fiscales Madrid perdona a los ricos más de mil millones al año en impuestos

Los datos de la Agencia Tributaria revelan cómo la comunidad ha dejado de ingresar más de 5.000 millones desde la recuperación del Impuesto de Patrimonio, a lo que se suman otras rebajas fiscales que, en contra del mantra oficial, no mejoran la recaudación de las arcas autonómicas en otros tributos.

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Los gobiernos conservadores de la Comunidad de Madrid llevan lustros aplicando una política de beneficios fiscales para las rentas altas y las fortunas patrimoniales / Javier Lizón - EFE

La Comunidad de Madrid perdona cada año más de mil millones de euros en impuestos a los ricos. Y se los perdona sin que el traslado de sus domicilios fiscales a ese territorio desde otros conlleve un aumento de la recaudación en otros tributos que compense ese regalo, tal y como sugiere el mantra oficial de los gobiernos conservadores que han ido pasando por la Puerta del Sol

Entre 2011, el ejercicio en el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recuperó el Impuesto de Patrimonio, y 2017, el último ejercicio con datos disponibles, las bonificaciones autonómicas que ha concedido la comunidad de Madrid a las personas sujetas a ese tributo ascienden a 5.015 millones de euros lo que supone el 96,1% del dinero perdonado en todo el Estado por este concepto.  

¿Quiénes han sido los beneficiarios de ese regalo fiscal que ya se sitúa en 995 millones anuales? Gente adinerada, sin duda, puesto que la obligación de contribuir en este impuesto comienza cuando se posee un mínimo de 700.000 euros en bienes y propiedades de todo tipo (casas, acciones, obra de arte, depósitos bancarios, deuda pública), ya que ese es el mínimo de exención en todo el país salvo en Aragón, que lo rebajó a 400.000 hace unos años.

La merma de ingresos tributarios fiscal lleva camino de duplicarse antes de que termine la década, en cuyos primeros siete años pasó de 533,8 millones a 995,5 (+86,5%) con un salto de 180 en el último ejercicio, más de cuarenta por encima de los 136 de 2015. 

Los datos de la Agencia Tributaria cifran en 175.427 millones de euros el valor conjunto de las fortunas que poseen los ricos domiciliados en la comunidad de Madrid, que suponen algo más de la cuanta parte (26,21%) de los 669.062 de todo el país, el equivalente a algo más de la mitad de los 1,2 billones en los que el INE (Instituto Nacional de Estadística ) cifró este lunes el PIB español de 2018. 

Casi tres cuartas partes de esas riquezas, 131.000 millones, se encuentran en acciones, cotizadas (31.378) o no (62.870), y en sicav (37.460).

Esos patrimonios de los madrileños ricos se han visto claramente afectados por la crisis, aunque más para bien que para mal, ya que entre 2011 y 2017 su volumen aumentó un 72% (de 102.005 a 175.427) más de quince puntos por encima del 55% que los patrimonios más cuantiosos del país registraron en el conjunto del Estado. 

Ese incremento de las fortunas domiciliadas en Madrid, que los analistas han vinculado tradicionalmente con el favorable trato fiscal que la comunidad ofrece a sus dueños, en un caso flagrante (aunque legal, eso sí) de dumping tributario con el resto de territorios que ha disparado tanto la nómina de ricos domiciliados en ella como su nivel.

El número de madrileños que poseen más de 700.000 euros pasó de 14.520 a 16.856 entre 2011 y 2017, con un aumento de 2.336 que supone un 16%; es decir, que donde había seis hay siete. Y su fortuna media ha crecido a un ritmo casi tres veces superior: de 6,85 millones de euros a 9,67, por encima del 40%, en un dato que parece más vinculado, o cuando menos un tanto, a la migración documental de esos patrimonios que a la mejora de sus negocios.

Más ventajas fiscales por 3.500 millones al año

La supresión de facto del Impuesto de Patrimonio no es la última ventaja fiscal de la que disfrutan los ricos en Madrid. También se benefician de otros como el menor gravamen de España en el tramo autonómico del IRPF, que se queda en el 21% a partir de 53.407 euros, las rebajas por adquisición de acciones o la aplicación de los tipos más bajos del país en Sucesiones, en Donaciones y en Transmisiones Patrimoniales, según recoge un estudio del Consejo General de Economistas

Esas políticas fiscales tienen en su conjunto un impacto directo en las cuentas de la comunidad que el Ministerio de Hacienda cifra, sin incluir el efecto de Patrimonio, en más de 3.500 millones anuales: 2,591,9 en Sucesiones y Donaciones, 860,7 en el IRPF y 60,3 en Transmisiones Patrimoniales. 

Esa estrategia impositiva, alentada en ocasiones por instituciones como el Supremo y que se traduce en la migración de empresas y de fortunas hacia Madrid, genera conflictos y pleitos con otras comunidades, además de haber abierto un debate en el que varios territorios reclaman una armonización fiscal que iguale la aplicación de los impuestos cedidos por el Estado o que, cuando menos, reduzca el margen de discrecionalidad de los gobiernos autonómicos. 

De esa litigiosidad da fe el informe de Hacienda, que recoge cómo en 2016 y 2017 la Comunidad de Madrid tuvo que devolver a otros territorios dos centenares (23 y 176) de expedientes tributarios por valor de 4,5 millones de euros "como consecuencia de incompetencias detectadas” para que esos contribuyentes tributaran con sus normas. "El número de expedientes reclamados a otras comunidades autónomas es reducido (15)", añade.

Dificultades en el IRPF, IVA y Sociedades 

Otra cosa es que ese aumento de la presencia de gente adinerada se esté traduciendo en una mejora de la recaudación por otros flancos. No está ocurriendo en el principal impuesto, el del IRPF, en el que entre 2011 y 2017 se registró en Madrid un espectacular aumento de casi 10.000 declarantes con rentas superiores a 150.000 euros anuales (Hacienda atribuye al rico madrileño unos ingresos medios de 389.640 euros anuales, más del triple de los 125.009 del promedio estatal).

Los contribuyentes madrileños con rentas altas crecieron más de un tercio para situarse cerca de los 40.000. Sin embargo, ese aumento, que cuadruplica (9.948 por 2.336) al crecimiento de los ricos en patrimonio en ese periodo, fue en esos años "solo" de 950 millones de euros, una cifra no imputable en exclusiva, obviamente, a estos últimos sino que la mejora de la recaudación en este tributo se distribuye entre todos los declarantes. 

El dato, por otra parte, no incluye las deducciones y desgravaciones autonómicas, que recortan esa cifra. 

Esa atracción de fortunas y de empresas, que solo en 2016 y 2017 generó un saldo positivo de 810 sociedades con una mejora del volumen de negocio de 1.860 millones, debería, a priori, tirar al alza de la recaudación de otros impuestos como el IVA y el de Sociedades.  

No obstante, existen dificultades para cuantificar ese efecto. Por una parte, los datos de la Agencia Tributaria sobre Sociedades no están territorializados. Y, por otra, los del IVA registran entre 2011 y 2017 una mejora de casi 5.000 millones (de 24.283 a 29.267) en la que confluyen la mejora del consumo desde finales de 2013 y el aumento de más de 90.000 contribuyentes (de 493.858 a 587.504).

"Un discurso perverso contra el Estado de Bienestar"

"Hay quien le llama dumping fiscal, que es lo que es. Cada comunidad autónoma pone sus propias reglas y eso nos lleva a una carrera hacia el fondo para captar fortunas y empresas", explica el economista Eduardo Garzón, que llama la atención sobre la falacia pseudoliberal que alienta las rebajas fiscales de este tipo: “Madrid mejora con esas rebajas la recaudación en otros impuestos, y hay quien sostiene que si lo hicieran todas las autonomías crecería la recaudación en general, pero eso es falso: Madrid absorbe lo que ‘pierden’ otras a costa de eliminar algunos impuestos”. 

José Ignacio Alemany, presidente de Aedaf, la Asociación Española de Asesores Fiscales, se posiciona en ese sentido cuando reclama la supresión del Impuesto de Patrimonio en todo el país y la reducción del gravamen de Sucesiones “para que no se genere inseguridad jurídica” y “para que no se produzca competencia desleal entre las distintas comunidades autónomas”. 

"Proponer la rebaja de los impuestos cedidos en todas las comunidades es un discurso perverso contra el Estado de bienestar", añade Garzón, que ve esa posibilidad como "una ayuda a los más poderosos que repercute negativamente en los servicios públicos". 

El economista sostiene que "las comunidades deberían decidir en materia de gasto y de prestaciones, pero no en cuanto a los ingresos. Eso lleva a una carrera hacia las rebajas".