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Recurso de pequeños inversores contra el FROB por la intervención de Popular

La asociación de consumidores financieros Adicae presenta ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra el estatal Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por su actuación en la resolución de Banco Popular.

Una mujer pasa junto a una sucursal del Banco Popular en Barcelona. REUTERS/ Albert Gea

reuters

La asociación de consumidores financieros Adicae anunció el lunes que ha presentado ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra el estatal Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por su actuación en la resolución de Banco Popular que desembocó en la pérdida total de las inversiones de accionistas y algunos bonistas.

"La Asociación está decidida a conseguir anular los efectos de la 'maniobra' perpetrada mediante el FROB y que provocó la pérdida del patrimonio a 300.000 pequeños ahorradores-inversores", dijo la asociación, que también ultima acciones civiles y penales contra Popular.

Una portavoz del FROB consultada al respecto no quiso hacer comentarios.

Al mismo tiempo, Adicae también anunció que planteará en los próximos días medidas contra la JUR (Junta Única de Resolución) europea.

La asociación considera que el proceso de subasta una vez decidida la resolución (dictada por la JUR) no fue "transparente ni correcto" y argumenta que "se confirieron ventajas a la entidad que a la postre resultó adjudicataria".

Adicae sostiene que solo uno de cada diez accionistas de Popular eran inversores institucionales mientras que un 89,9 por ciento de los titulares tenían en cartera menos de 10.000 acciones.

La OCU, la principal organización de consumidores españoles, presentó el lunes pasado ante la Audiencia Nacional una querella contra la cúpula del Banco Popular tras la intervención y venta a Banco Santander por el precio simbólico de un euro.

La entidad de crédito, que hace un mes cifraba su valor patrimonial en 10.777 millones de euros, se intervino en parte en base a un informe independiente que arrojó una valoración económica negativa de entre 2.000 millones y 8.200 millones de euros en dos escenarios.

Otras asociaciones de accionistas y diversos despachos de abogados tienen en marcha diversas acciones contra la entidad por las pérdidas incurridas por los accionistas durante la intervención relámpago, pero meses antes de la intervención ya se preparaban varias acciones legales conjuntas relacionadas con la ampliación de capital realizada hace un año a 1,25 euros por acción.

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