MADRID.— Santos Ruesga, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los expertos que asesoró al Gobierno en 2013, cree que en 2017 la Seguridad Social necesitará entre 5.000 y 7.000 millones para poder pagar las pensiones ante el final del Fondo de Reserva, y prevé que en años venideros el gasto deberá incrementarse en entre 3 y 4 puntos del PIB.

Ruesga cree que las reformas de 2011 y 2013 acometidas por los Gobiernos del PSOE y del PP respectivamente atendieron a los problemas demográficos que enfrenta el sistema público de pensiones pero sus medidas, ha dicho, "no son suficientes para resolver el déficit" que iniciado en 2012 en la Seguridad Social.

Esta se debe, ha dicho, a "una crisis de ingresos" que no atiende únicamente a la crisis económica, pues detecta que "la tendencia de ralentización de los ingresos por cotizaciones tiene tintes de carácter estructural", por la baja productividad de la economía española y sus bajos salarios, acentuado esto último, según el catedrático, por la última reforma laboral.

Unido al previsible incremento del número de las pensiones —en 2050 se prevé que haya 15 millones de pensionistas ante los 9 millones de ahora— Santos Ruesga ha propuesto incrementar los ingresos en el sistema entre 3 y 4 puntos del PIB, obteniendo entre 35.000-40.000 millones de euros para así "mantener la suficiencia de las pensiones". Sin cambios, ha augurado que las últimas reformas provocarán un descenso en las prestaciones en un 30-40%.

Ante ello, ha propuesto varias medidas a corto y largo plazo. Entre estas primeras se encuentra elevar entre uno y dos puntos el porcentaje de cotización a la Seguridad Social, trasladar partidas presupuestarias para "liberar" al sistema de ciertas prestaciones y cambiar incentivos fiscales a las empresas por políticas activas de empleo. Sin embargo, ha advertido de que estas medidas no suponen cambios estructurales que cree necesarios.

Ruesga ha optado por estudiar la creación de una figura impositiva nueva para recaudar dinero para las pensiones

Entre las medidas a largo plazo, Ruesga ha optado por incrementar "paulatinamente", a imagen de lo realizado en otros países, la financiación del sistema vía Presupuestos Generales, y estudiar la creación de una figura impositiva nueva, así como recaudar dinero para las pensiones en impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales, el Impuesto al Patrimonio o incluso implantar un complemento en el IRPF.

En todo caso, Ruesga ha incidido en la necesidad de modificar el sistema de revalorización de pensiones en caso de que se quiera mantener la suficiencia de estas prestaciones en un modelo de reparto, pues salvo que exista una inflación negativa, los pensionistas comenzarán a perder poder adquisitivo.

Por ello, ha apostado por "suprimir el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y recuperar la revalorización en virtud de la inflación —mecanismo anterior—o incluso vincularlo a la productividad a través del crecimiento del PIB.

El 'coranzoncito ideológico'

Todos los grupos han valorado acalarodamente la intervención del catedrático —su intervención ha concluido con un anómalo aplauso, el primero a una comparecencia— e incluso el Partido Popular, a pesar de la aparente distancia en los planteamientos, ha reconocido "amplia coincidencia, no total" con los planteamientos expuestos por Santos Ruesga.

Aun así, su diputado Gerardo Camps ha lamentado que la exposición fuera dirigida a un aumento en los ingresos y no en una "desaceleración de los gastos", y que se hablara de calidad de los empleos y no en el número de ellos —"no hay mejores salarios si no hay salarios"— y ha justificado la discrepancia desde "el corazoncito ideológico" que, pese a los planteamientos técnicos, tiene todo economista.

Mercè Perea, desde el PSOE, ha incidido en la posibilidad planteada por Ruesga de introducir cargas impositivas para financiar las pensiones del futuro, que podría estar dirigido a todos por una cuestión de "pedagogía".

Por su parte, Sergio del Campo, de Ciudadanos, ha cuestionado el mecanismo de revalorización de pensiones aprobado en la última reforma y también los posibles efectos de una subida del salario mínimo, iniciativa que se tramita actualmente en el Congreso, sin tener en cuenta otros factores de crecimiento.