MADRID.- Más de un año de conflicto después, el Tribunal Supremo resolverá este miércoles el recurso sobre la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo interpuesto por Coca-Cola Iberian Partners (CCIP), la embotelladora del refresco en España y Portugal, contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló el despido de más de mil trabajadores.

La sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional recurrida y dictada el pasado junio dio la razón a los trabajadores al anular el despido colectivo de 1.190 empleados, de los que finalmente se llevaron a cabo 821.

La Audiencia estimó así la demanda interpuesta por los sindicatos CCOO, UGT y CSI-F, que entendía que la empresa resultante de la fusión de las siete embotelladoras (CCIP) no podía emprender un despido colectivo al no estar constituida correctamente como grupo laboral. La sentencia también condenó a la compañía por vulnerar el derecho de huelga con prácticas de esquirolaje durante el paro indefinido convocado en la planta de Fuenlabrada (Madrid).

El ERE, que afectó a los 1.190 empleados, también conllevaba el cierre de las fábricas de Fuenlabrada, Colloto (Asturias), Palma de Mallorca y Alicante, -obligando a la recolocación forzosa de los trabajadores que no la aceptaran voluntariamente. La Audiencia Nacional declaró ilegales estas recolocaciones y, posteriormente, decretó la ejecución provisional de la sentencia, lo que supuso que Coca-Cola fuera obligada a abonar los salarios atrasados a los trabajadores y, en el caso de los casi 200 empleados de la fábrica madrileña, a seguir pagando la nómina y la cotización a la Seguridad Social hasta que el Supremo se pronunciara.

Un año acampados contra el cierre

La confirmación de la sentencia podría allanar el camino a la reapertura de la planta de Fuenlabrada

Si el Supremo confirma la sentencia de la Audiencia, la compañía tendría que readmitir a los empleados en sus anteriores puestos de trabajo y con las mismas condiciones laborales que tenían, tanto a los que se acogieron al ERE y como a los que se opusieron y recurrieron a los tribunales. Una confirmación que podría allanar el camino a la reapertura de la planta de Fuenlabrada; al menos es la esperanza de sus empleados, que llevan un año acampados al pie de la fábrica exigiendo que la empresa ejecute la sentencia de la Audiencia.

El director general de Coca-Cola Iberian Partners, Víctor Rufart, remitió el lunes una carta sus trabajadores en la que les trasmitía "tranquilidad" en una semana marcada por esta resolución histórica, y en la que aseguraba que “la decisión que adopte en los próximos días el Supremo no altera ni pone en riesgo los planes de futuro y el compromiso por el crecimiento de este gran proyecto empresarial".

Sin embargo, Enrique Lillo, el abogado que representa a los trabajadores, afirma que el cierre sería “unilateral” en caso de que el Supremo ratificara la decisión de la Audiencia, y anuncia que continuarán los trámites judiciales para que el juzgado decrete la ejecución definitiva del fallo.