El terremoto que sacude la Unión Europea no se ha notado en Grecia, o por lo menos no lo suficiente para que el Parlamento griego pueda dejar de aprobar severas medidas de austeridad bajo el dictado de sus acreedores. Bruselas sigue apostando por más recortes y ajustes en este extremo del sud-este del continente europeo a pesar del seísmo causado por el euroescepticismo, que ya ha sacudido con intensidad Gran Bretaña, Francia y que muy probablemente tambaleará Alemania, durante las elecciones federales de otoño.

Con algunos matices, la capacidad coercitiva de Bruselas en Atenas es la que era. El primer ministro griego Alexis Tsipras volvió a bajar la cabeza en la pasada celebración del Eurogrupo en Malta, el 7 de abril. Para desembolsar el segundo tramo del tercer rescate valorado en 86 billones, ambas partes cerraron un trato que hipotecaría, otra vez, el futuro de los griegos: más recortes de pensiones, una reforma laboral, una oleada de privatizaciones y un incremento en la presión fiscal para los más pobres.

El nuevo acuerdo de Tsipras

El tiempo jugaba - y juega - en contra del líder de Syriza. El posible escenario de caer en bancarrota se acerca, a medida que se acerca julio, momento en el que el estado debe destinar 7.000 millones de euros en retrasos a proveedores y 6.000 millones a devolver deuda. Tsipras decidió no repetir los hechos del verano del 2015 y por ello aceptó. Ahora bien, esta vez no volvió de unas negociaciones con las manos vacías. La Troika le prometió una reestructuración de la deuda, la compra de deuda por el BCE y la llegada de más ayudas para contrarrestar el impacto económico y social de estas medidas.

El acuerdo no ha sido recibido con aplausos, más bien ha sido duramente criticado por la oposición. Grecia deberá seguir atendiendo a los objetivos fiscales que le marquen sus acreedores en 2019 y 2020, una vez concluido el programa del tercer rescate, en 2018. El líder de la conservadora Nueva Democracia recalcó hace unos días que “el país está siendo conducido a un cuarto memorándum sin financiamiento”.

Uno de las cuestiones abiertas es hasta cuando Grecia deberá seguir cumpliendo el superávit primario del 3,5% del PIB acordado en Malta. Con el cronómetro en mano, la Troika ha vuelto este lunes a la capital griega con el objetivo de ultimar todos los detalles que quedan abiertos, que deben zanjarse “lo más pronto posible”, en palabras del portavoz de la Comisión Europea Margaritis Schinas.

Ambas partes deben seguir escrupulosamente el calendario pactado para evitar llegar a julio sin la inyección económica que necesita este país cuya deuda asciende a 326 billones de euros, es decir, el 180% de la economía griega. El curso de las negociaciones podría cambiar de rumbo, alertó Tsipras el martes por la noche en una entrevista de la televisión local ANT1. En ella, quiso lanzar un mensaje inequívoco a su electorado, y sobre todo a sus prestamistas: "no vamos a poner en práctica medidas si no hay solución para la deuda".

Dos días después de la comparecencia del líder de Syriza, el portavoz del gobierno, Dimitros Tzakanopoulos, confirmó el buen curso de esta maratón de reuniones, sin aportar demasiados detalles sobre sus resultados, y declaró ante una radio local que “están muy cerca de encontrar soluciones a los pocos temas que quedan pendientes”

No hay acuerdo, ni dinero, sin el FMI

Estas advertencias no parecen que vayan a entorpecer las conversaciones. De hecho, Tsipras, que sigue sin alternativas, es el primero a quien no le interesa levantarse de la mesa de las negociaciones. EI no es el único, a los europeos les interesa zanjar este tema. La reacción de la población griega ante estas severas medidas no parece ser a lo que más temen. Sin grandes manifestaciones, ni rumores recientes de elecciones anticipadas, la estabilidad política del país parece estar garantizada, al menos a corto plazo. Sólo hay un elemento que a las instituciones europeas les preocupa, especialmente en un año con un calendario electoral tan decisivo. Se trata de un agente que, a diferencia del actual gobierno griego, podría romper la frágil estabilidad económica del país: el Fondo Monetario Internacional.

Sin el FMI cualquier acuerdo con los acreedores europeos será papel mojado. Bruselas no va a entregar el dinero a Atenas si no cuenta con la participación del fondo en este tercer rescate. Alemania y otros países del norte de Europa han prometido a sus parlamentos y a sus votantes, que desconfían de Grecia, la participación de la organización con sede a Washington.

Sin embargo, éste aún no ha tomado ninguna decisión, y espera que los europeos le muestren que este estado en recesión puede llegar a hacer frente a sus pagos. Además, requiere más dureza con las reformas y, sobre todo, un alivio de la deuda, una promesa que Bruselas ya se encargó de sellar en Malta. Fredrik Erixon, director del Centro Europeo de Economía Política Internacional (ECIPE), se muestra optimista respecto a la colaboración del FMI. “Tiene que pasar, ambas partes deben entender que no tienen demasiado tiempo porque estamos llegando al verano”, cuenta a Público el responsable de este Think Tank europeo. También tiene esperanzas de que el veredicto que Donald Trump dará en unos días respecto a esta cuestión será positivo.

La otra cara del acuerdo: una nueva pesadilla para los griegos

Las concreciones de los puntos pactados en ese primer acuerdo preliminar del 7 de abril resultan determinantes para convencer al FMI. No obstante, para los griegos, la vuelta de la Troika resulta del todo menos agradable. Los pensionistas, en ocasiones los que sostienen económicamente el hogar, son algunas de las víctimas del acuerdo que está en los borradores que han presentado los acreedores.

Seis de cada diez jubilados reciben menos de 700 euros y el 44,8% de ellos obtiene una pensión mensual de menos de 665 euros, según destaca una red de jubilados griegos. Este dato no impide que por duodécima vez los acreedores exijan más recortes.

En concreto, en cuanto las pensiones, piden que en 2019 los gastos en pensiones se reduzcan en un 1% del PIB, con la posibilidad de que los recortes salpiquen las pensiones complementarias si no se llega a esta meta. La otra medida más destacada es la rebaja del umbral salarial exento de tributación, otra mala noticia para las capas más desfavorecidas de la población. Hasta ahora, la barrera se encontraba en los 8.600 euros, pero quieren rebajarlo a 2.000 euros.

Mientras que la receta para remediar el paro – que llega al 23% según datos oficiales y al 30% según los sindicatos - es liberalizar el mercado de trabajo facilitando, entre otros aspectos, los despidos colectivos y extendiendo la suspensión de los convenios colectivos hasta el final del programa del tercer rescate.

Los prestamistas han elaborado una lista de empresas e instalaciones públicas, como el aeropuerto de Atenas, con el objetivo de que parte de su propiedad pública se pierda en un gran fondo destinado a privatizar bienes de titularidad pública, cuyos detalles están por atar. En esta línea, uno de los puntos más calientes es la propuesta de poner en venta 40 centrales eléctricas estatales, lo que se traduce en la liberalización del mercado de la electricidad.