La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), la entidad pública conocida como 'banco malo' donde se depositaron activos tóxicos provenientes de la burbuja inmobiliaria, y las entidades financieras cederán 26.000 viviendas de su propiedad para alquiler social, después de que la primera haya elevado en 10.000 las que había facilitado hasta ahora y de que los bancos se hayan comprometido a aportar 1.000 más. Del total de viviendas cedidas, tan solo 2.000 serían nuevas aportaciones.

Tras la firma del correspondiente protocolo en Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que de las 10.000 nuevas unidades que la Sareb cede al Estado, 5.000 se van a poner a disposición a corto plazo para atender situaciones de vulnerabilidad y las otras 5.000 serán a medio plazo.

Estas se sumarán a las 5.000 que la Sareb ya había acordado con diversas comunidades autónomas y ayuntamientos, lo que hará que el paquete global del Fondo Social de Vivienda para familias vulnerables alcance los 15.000 pisos.

A cambio, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) se hará cargo del coste de la rehabilitación y el adecuamiento de las viviendas que lo necesiten antes de ser arrendadas por un precio fijado y unas condiciones limitadas.

Una treintena de eurodiputados piden a Ábalos regular los alquileres

Una treintena de eurodiputados, pertenecientes a los grupos Izquierda Europea (GUE) y Verdes/Alianza Libre, han reclamado este miércoles por carta al ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que la futura Ley de Vivienda contemple "medidas del control de los alquileres".

La misiva, remitida a la prensa por el Sindicato de Inquilinos mediante un comunicado, defiende que "es primordial que España implemente medidas de control de los alquileres lo antes posible".

"Este tipo de regulación está alineada con lo que ya hacen muchos países de la Unión Europea, se está volviendo cada vez más popular y Europa está marcando el camino hacia este tipo de medidas", relata el texto.

Los europarlamentarios firmantes dicen ver "con preocupación nuevos acontecimientos que podrían indicar que esta medida crucial podría ser abandonada", y destacan que la regulación de las rentas está contemplada en los "acuerdos alcanzados entre los dos socios de Gobierno", "tanto en el acuerdo de coalición como en la negociación de los últimos Presupuestos Generales del Estado".

Avisan estos eurodiputados a Ábalos de que "no regular el mercado inmobiliario y los agentes financieros que operan en él para garantizar el acceso a una vivienda asequible y adecuada para todos supondría el incumplimiento de sus obligaciones con respecto al derecho a la vivienda".