6 de enero de 2025. La cabalgata de Reyes recorre las calles de Collado Villalba, en la sierra oeste de Madrid. Acude a los festejos el equipo de gobierno del Ayuntamiento al completo, encabezado por su alcaldesa, Mariola Vargas. La política del Partido Popular aprovecha la cita para atender a los medios. Y hacer llegar a las familias del municipio sus mejores deseos: "Fuera okupas de Collado Villalba, fuera delincuentes de Collado Villalba". Unas declaraciones que adereza con cifras: "De los 72.000 habitantes, 71.500 son gente fantástica, pero 500 son okupas y delincuentes". Todo ello en medio de una celebración familiar, rodeada de niños, y mientras señala a la cámara en actitud amenazante. Va a por ellos.

No era la primera vez que la alcaldesa popular arremetía contra la okupación. En julio de 2021, el consistorio de Vargas anunciaba la contratación de una oficina antiokupación. Un servicio que denunció por opacidad la Asamblea de Vivienda de Villalba y que llevó a los tribunales ya en 2023 la concejala Eva Morata, de Cambiemos Villalba. "Se consiguió cerrar la oficina", confirma a Público Pablo López, portavoz de la Asamblea. "Pero por opacidad, no por lo que implicaba en sí misma", subraya el activista. 

De vuelta en 2025, a principios del mes de octubre, Vargas volvía a protagonizar un nuevo ataque a la okupación. Esta vez contra un grupo de vecinos. Los inquilinos del número 19 de la calle Trinidad. "De improviso, se presentó en el edificio para hacer una inspección un arquitecto, que venía de parte del área de Urbanismo del Ayuntamiento", refiere López. "A los seis días, la policía se personaba en la puerta para desalojar cautelarmente todo el inmueble", continúa el activista. Dando cinco minutos a los vecinos para sacar todas sus cosas. "La gente que estaba en el trabajo, directamente se quedó sin nada". Todos a la calle. ¿La justificación del consistorio? Un informe elaborado por Urbanismo a partir de aquella visita que apuntaba a la existencia de problemas estructurales en el edificio. "Una tapadera con la mera intención de echar a las familias que vivían allí, saltándose los plazos judiciales", denuncia el portavoz.

Está volviendo a ocurrir. El jueves pasado, un equipo del Ayuntamiento entraba en el bloque 13-15 de la Calle del Real, una de las arterias principales del municipio. El edificio, propiedad de una constructora que quebró en el año 2008 sin llegar a vender los pisos, permaneció vacío durante más de una década. Del 2008 al 2020. Fue entonces, ya bajo la administración de la Sareb, cuando empezaron a entrar diferentes personas en situación de vulnerabilidad. Parejas con hijos, madres solteras, familias migrantes, personas mayores… Una comunidad compuesta, a día de hoy, por más de 100 vecinos. Repartidos en algo menos de 60 pisos, de unos 30 metros cuadrados cada uno y sin acceso a agua corriente. "Pisos en los que viven cuatro, cinco personas. En algunos hasta seis", señalan desde la Asamblea.

42 de esas familias, asediadas por un procedimiento judicial de desahucio, recurrieron hace un año a la Asamblea de Vivienda. Con la idea de sentar a Sareb en la mesa de negociación. Y conseguir, por fin, alquileres asequibles. ¿Su preferencia? Regularizar su situación en el bloque. ¿La alternativa? Un realojo en la zona de la sierra. "Es donde tienen sus trabajos, los colegios de sus hijos, el médico, sus redes de contacto…", enumera Guillermo Di Marco, portavoz de la Asamblea. Desde entonces, las conversaciones han seguido avanzando. "Tenemos 20 contratos ya prácticamente atados", asegura en conversación con Público el activista. La otra mitad, en cambio, se sigue resistiendo. "Se niegan a buscar una solución para las familias sin papeles y, mientras sea así, el resto de vecinos no contemplan marcharse". O todos o ninguno.

Así estaban las cosas cuando el Ayuntamiento decidió intervenir. Con una nueva inspección, un nuevo informe del estado del inmueble y una nueva amenaza de desalojo cautelar. "El viernes entregamos 39 expone-solicita de distintas personas que viven aquí, pidiendo el informe y el número de procedimiento. De momento, no hay respuesta", desgrana López. Este lunes, han ido un paso más allá, solicitando una reunión con Urbanismo. "Ahora depende de ellos sentarse a hablar", señala el activista. Mientras tanto, los vecinos conviven con la incertidumbre. Con el miedo a perder sus hogares. Público ha pasado una mañana con algunos de ellos para conocer de primera mano su bloque, sus casas y sus vidas. 

"No tenemos a donde ir"

Un dispositivo extraordinario de 60, quizá 70 policías. Armados hasta los dientes. Presentándose de repente, sin previo aviso. Sacándoles por la fuerza de sus casas. Sin tiempo para embalar sus muebles, sus electrodomésticos o los juguetes de sus hijos. Los recuerdos de toda su vida. "Esa es nuestra principal preocupación", cuentan los vecinos. "Quedarnos en la calle, sin abrigo y con este frío", completa Juan*, residente del edificio. "Aquí hay familias que llevan mucho tiempo, otras que llevan menos. Pero a todos nos une una misma razón: la necesidad de un techo", insiste el vecino. Una necesidad más urgente, si cabe, en el caso de las familias migrantes y sin papeles, como la suya. "Tenemos complicaciones por todos los lados: la documentación, el dinero y la falta de alternativas. Nos ponen frente a un abismo", se lamenta el vecino.

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Sin prestar atención a la presencia de menores en el edificio. "Yo tengo una hija de cuatro años y este piso es la única opción que me queda para brindarle dónde vivir", comenta, por su parte, Valentina*. Con una amenaza de desahucio que ha llegado para trastocar sus vidas. "Mi niña ya no consigue dormir por las noches. Me dice: 'Mamá, va a llegar la policía. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir?'", refiere la vecina. "Solo pedimos una alternativa", insiste.

Todos los vecinos han puesto de su parte para conseguirla. "Hemos limpiado las zonas comunes, hemos recogido basura, hemos pintado, estamos trabajando para mejorar la convivencia…", enumera Valentina. Llegando a organizar guardias de 24 horas para impedir la entrada de personas ajenas al bloque. Un allanamiento de los que son sus hogares que durante años -aseguran- ha consentido y propiciado la propia policía. "Se nos colaban personas conflictivas, violentas, con problemas de drogadicción. El Ayuntamiento aprovechaba estos casos puntuales para criminalizarnos a todos. Para lanzar el mensaje de que no podemos seguir aquí", denuncia José Luis*, otro de los vecinos.

Una idea en la que insisten desde la Asamblea: "La criminalización mediática ha sido la única respuesta del Ayuntamiento". En un municipio con uno de los presupuestos en Servicios Sociales más bajos de España, 39,27 euros al año por persona. Y unos precios de vivienda que baten récords históricos mes sí, mes también. Situándose ya en los 13,4 €/m2, según Idealista, el pasado mes de octubre. "La solución más sencilla para este bloque no son los realojos en otras provincias, en casas que se caen a cachos y con contratos regados de cláusulas abusivas", critica López. "Estas casas van a pasar a ser parte de la futura empresa pública de vivienda, según los criterios publicados en el BOE el 25 de julio. Que ocurra ya el traspaso y se ofrezcan contratos regulares a todas las familias", propone el activista.

Puerta con puerta

Manuela* y Driss* son vecinos. Literalmente. Viven justo uno en frente del otro, cada uno a un lado del pasillo. Las coincidencias no terminan ahí. Los dos tienen 63 años, los dos son de origen extranjero y ninguno, a pesar de llevar en España bastantes años, ha conseguido regularizar su situación. Manuela trabaja como costurera, como asistenta y repostera. Lo que le va saliendo. Driss, recoge chatarra. La primera vive con sus dos hijos; el segundo, con su hermano.

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"Me quedé sin trabajo y no tenía donde vivir. Me encontré en la calle sola, con mis hijos, y decidí entrar aquí", cuenta Manuela. "Cuando llegamos, nos comimos las verdes y las maduras", prosigue la vecina. No tenían luz, ni agua y pasaban verdadero frío. "Ha sido una lucha constante. Primero, por acondicionar nuestras casas. Luego, por los problemas de convivencia. Ahora, por defender nuestras vidas", concluye la inquilina. Se instaló allí hace ya cinco años, a finales de 2020. Desde entonces, se ha enfrentado a dos juicios. Primero por lo penal; luego por lo civil. A pesar de todo, ahí sigue. "Por mis hijos", apunta la vecina. Uno de los que tiene una discapacidad. "Nunca he conseguido que se lo reconozcan ni que me den alguna ayuda", se lamenta la vecina. "Yo me meto en cualquier lado, pero ¿y él?", pregunta con preocupación. "No tengo dinero, es verdad, pero tampoco quiero ir a darle una patada a una puerta. Nos merecemos una alternativa digna", exige la inquilina. Y lo tiene muy claro: no quiere un palacio ni que le regalen nada. "Somos gente trabajadora, responsable, que paga sus facturas. Solo pedimos la oportunidad de demostrarlo", sentencia.

Driss entró también en 2020. Ya residiendo en el piso, sufrió la amputación de una pierna como resultado de un accidente laboral. Y de las dificultades que le pusieron en el hospital por no tener papeles. "Si fuera cualquiera de nosotros, habría conservado la pierna", completa Andrea*, una antigua inquilina del bloque, que sigue acudiendo para ayudar a los vecinos, a los que considera “su familia”. Desde entonces, Driss sobrevive con unas ganancias de apenas 400 euros y lo poco que recibe de sus hermanos. No habla bien español, no recibe asistencia de los Servicios Sociales, ni siquiera ayudas para pagar su medicación. "Si una persona con papeles lo tiene difícil, imagínate él", incide Adrea, a la que conseguir un alquiler social le ha costado 10 años de lucha a la vera de la Asamblea y el resto de inquilinas. "Le pediría a la señora alcaldesa que empiece a hacer política de vivienda en vez de expulsar a la gente. Pero claro, dentro de su mundo de luz y de color no entran los pobres", concluye la antigua vecina.

No van a dejar sus casas. Y menos sin una alternativa. Por ello, los vecinos, organizados en torno a la Asamblea, han convocado una rueda de prensa frente al bloque para este martes 4 de noviembre, a las 10 de la mañana. "El Ayuntamiento, en vez de mejorar la vida de las vecinas, pretende hacerle el trabajo sucio a la Sareb. A las puertas de la temporada de lluvias y heladas", recogen en la convocatoria. "Exigimos el desistimiento del desalojo cautelar y el alquiler social para las 42 familias en la negociación colectiva con Sareb, que ha de cumplir su mandato social", sentencian.

Público se ha puesto en contacto con el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Collado Villalba, dirigido por Adan Martínez, y con el equipo de la alcaldesa, Mariola Vargas, para pedirles acceso al informe realizado por el consistorio sobre el estado del bloque, así como el número de expediente del caso. También les ha trasladado algunas preguntas. ¿Por qué el Ayuntamiento ha decidido impulsar un desalojo del edificio en medio de las negociaciones entre la Sareb y los vecinos? ¿Ha movilizado el consistorio a los Servicios Sociales para conocer las situaciones particulares de cada residente y facilitarles alguna alternativa residencial? ¿Está el Ayuntamiento promoviendo conscientemente un discurso criminalizador de los inquilinos del bloque? Hasta el momento de la publicación de este artículo, el ejecutivo municipal no ha querido ofrecer respuestas.