Ahora que ya tienen casi cerrado el borrador de los Presupuestos, ¿con qué margen de gasto ha contado la Secretaría de Estado de Agenda 2030 este 2020, y con cuánto esperan contar en 2021?

Los Presupuestos van a ser la gran política de la legislatura. Creo que el borrador de los Presupuestos va a llevar hasta el final el acuerdo del Gobierno de coalición, y que eso va a poner muy difícil su aprobación a Ciudadanos. Y creo que van a ser la política más importante de la legislatura porque, por primera vez, van a estar alineados con la Agenda 2030. Es un trabajo que nos coloca a la vanguardia de la UE y del conjunto de la comunidad internacional. Es un éxito del Ministerio de Hacienda en el que hemos colaborado, y creo que nos permite estar bastante satisfechas. Para mi, la clave es que podamos tener unos Presupuestos que desarrollen al máximo ese Gobierno de coalición, y creo que esas cuentas van a poder salir adelante con la mayoría de la investidura. Es lo que deseo, porque es lo que va a dar más estabilidad y va a ser más eficaz.

¿Les preocupa realmente que una parte del Gobierno, en este caso parte del PSOE, esté mirando más a Cs? Si estrictamente se suman los escaños de PSOE, UP y Cs, sería difícil que hubiera apoyos del PNV, de ERC o de Bildu. ¿Esto sumaría?

Me parece una manera muy sensata de plantear la pregunta. Efectivamente los números son tozudos, y nosotros nos remitimos a los hechos, a lo que ha servido para articular una mayoría en el pasado. Es más probable que nos pongamos de acuerdo los grupos que ya conformamos una mayoría para sacar adelante la investidura. Con nuestras muchas diferencias, compartimos cierta idea de hacia dónde se tiene que dirigir nuestro país, la preocupación por la emergencia climática, por las políticas feministas, por la política fiscal… Cs configura un bloque de gobernabilidad con las derechas, y estamos viendo qué está haciendo cada día, cuando gobierna en Madrid, en Andalucía o en Murcia: menos servicios públicos, más privatizaciones, no apostar por políticas feministas, prácticamente negacionismo de la violencia de género… creo que va a ser muy difícil para Cs adoptar ese borrador de Presupuestos.

Pablo Iglesias asegura que se va a notar la presencia de Unidas Podemos en la preparación de los PGE. ¿Dónde se va a notar? Por ejemplo, la reforma fiscal en profundidad se pospone…

Va a haber avances en materia fiscal, se va a notar que estamos nosotros en materia de justicia fiscal.

Pero no habrá una reforma completa ni se crearán nuevos tributos.

Es pronto para anticipar nada, pero va a haber avances y sobre todo se va a notar que se cumple el acuerdo de gobierno. De todas formas, como responsable de la Agenda 2030, quiero pensar que tener dinero o ser rico en España no significa necesariamente ser insolidario. Creo que, igual que en otros países se escuchan voces de personas que tienen mucho dinero que piden contribuir más, me gustaría que en España, quien más tiene, voluntariamente mostrara su apoyo a este tipo de medidas, que sirven para redistribuir la riqueza y contribuir a que todos vivamos mejor.

¿Cómo está en términos de confianza la relación entre ambos socios? El martes parchearon el ingreso mínimo vital (IMV) a través del decreto sobre teletrabajo, después de las declaraciones opuestas de Iglesias y Escrivá. Recientemente Sánchez les ocultó la fusión de Bankia y la huida del emérito...

Estamos aprendiendo mucho. Estamos generando una nueva cultura que normaliza o explicita que formar parte de un Gobierno de coalición no significa la mímesis entre las dos fuerzas que lo conforman. Somos dos fuerzas políticas diferentes, nos presentamos a las elecciones con dos propuestas programáticas diferentes. Nosotros apostamos porque España pudiera tener una banca pública con una serie de valores no tan basados en el beneficio económico, sino más bien en el beneficio social, y en eso no conseguimos convencer al PSOE. Esto no es nuevo, viene del acuerdo de gobierno, donde eso no queda reflejado, y se acuerda que va a ser el Instituto de Crédito Oficial (ICO) quien conforme esa banca pública. Hay diferencias, y sin duda ésta es una de ellas.

Hay diferencias que van más allá del ICO. Una cosa es que Nadia Calviño diga que el ICO es banca pública y que Iglesias diga que no. Otra es que Pedro Sánchez decía en campaña electoral que había que recuperar el rescate de Bankia y ahora parece que lo da por perdido. ¿Cómo se explica esto?

No estando de acuerdo con la medida en sí misma, creo que es importante trasladar un mensaje muy claro para la ciudadanía: la fusión no implica necesariamente la no recuperación del rescate bancario. Nosotros vamos a seguir trabajando para que los ciudadanos y ciudadanas de este país, que se compraron con su dinero Bankia, recuperen el dinero que es de las arcas públicas, para que se pueda destinar a servicios públicos.

Sánchez jugó todo su capital político a la consecución de los fondos europeos. ¿Como va a afectar esto a la prórroga del "escudo social" que estudia el Gobierno? Iglesias planteó en julio que habría que extenderlo hasta 2021, una parte se prorrogó hasta septiembre, otra no.

Nosotros hemos propuesto llegar con el escudo social a junio de 2021, porque las propias autoridades sanitarias españolas están poniendo encima de la mesa que la emergencia sanitaria va a llegar, al menos, hasta junio de 2021. Pensamos que tiene sentido que las medidas de protección para las personas en situación de vulnerabilidad, quienes están peor y no tienen cómo llenar la nevera, tienen que llegar también hasta entonces. Y seguramente vamos a acompasar las medidas de protección del escudo social a la ampliación de la protección de los ERTE, como creo que tiene sentido. Confío en que podamos dar buenas noticias de su ampliación en un plazo breve de tiempo, porque desde luego es imprescindible.

¿Se van a introducir nuevas figuras, nuevas prestaciones, o piensan en prorrogar las existentes? La prestación para trabajadoras del hogar era histórica.

Hay que prorrogar buena parte del escudo social, y hay que ir adaptando las políticas que se ponen en marcha a las nuevas situaciones. Hablaba el vicepresidente del apoyo a las familias que tienen que vivir cuarentenas o pequeños confinamientos porque en las escuelas de sus hijos e hijas se dan situaciones de positivos por la covid-19. Este es el nuevo tipo de políticas que tenemos que ir adaptando, en función de las necesidades de la gente.

Iglesias y Escrivá han mostrado públicamente sus diferencias sobre el ingreso mínimo vital. El martes se aprobó una especie de parcheo a través del real decreto del teletrabajo. ¿Es suficiente? ¿Qué falta por hacer?

Quiero poner en valor el ingreso mínimo vital (IMV), porque es una política de legislatura. Cuando negociamos el acuerdo de gobierno el ingreso mínimo fue una de las medidas que más costó incorporar, y fue porque era precisamente más relevante, y tiene más impacto en la gente que peor lo está pasando. Con una política de esta envergadura encuentras dificultades técnicas, que creo que son comprensibles desde el punto de vista técnico, que no desde el punto de vista de la calle. Hay necesidades muy acuciantes, gente que lo está pasando muy mal y necesita ver cómo los euros le llegan a la cuenta este fin de mes. Los equipos de la Vicepresidencia, junto con los equipos de Inclusión, estamos haciendo todo lo posible por solventar cuanto antes estas dificultades técnicas. El martes aprobamos un primer grupo de medidas, y confío en que en las próximas semanas podamos anunciar nuevas mejoras.

¿Por qué han tardado tantos meses en hacer estas correcciones? ¿Esto era un problema de diagnóstico? ¿Que el PSOE veía que sí funcionaba y Unidas Podemos opinaba que no? Por las declaraciones cruzadas

Hay dos tipos de problemas con respecto al IMV. Unos tienen que ver más con la gestión técnica, y otros con los criterios de acceso a la prestación, algunos excesivamente restrictivos. Tenemos que avanzar en medidas que den solución a los dos tipos de problemas.

El martes, el vicepresidente Iglesias habló sobre la comparecencia conjunta de Sánchez y Ayuso del lunes, y de la ayuda del Gobierno central a Madrid. Dijo que una cosa es que el Ejecutivo ayude, porque es su responsabilidad, y otra cosa es que esté de acuerdo con su actuación. ¿Se ha equivocado el presidente al asumir sin crítica la actuación de Ayuso?

Lo que hizo el vicepresidente fue describir una realidad. Creo que el Gobierno central ha mostrado una amplia lealtad y voluntad de cooperación con todas las administraciones, también con otras comunidades, además de Madrid, y con los ayuntamientos. Eso no implica necesariamente compartir las medidas que se han implementado dentro de la Comunidad de Madrid, en este caso.

Se entiende que no las comparten.

El modelo del bloque de gobierno que está al frente de la Comunidad de Madrid es un modelo diametralmente opuesto al que está poniendo en marcha el Ejecutivo de coalición. Pensamos que a esta pandemia se le hace frente reforzando los servicios públicos, la sanidad, el sistema educativo, el transporte público... y esas medidas no son las que se han adoptado en la Comunidad de Madrid, a pesar de que ahora mismo no se trata de dinero. Si hubo una excusa en la crisis de 2008 era que había que hacer recortes en los servicios públicos porque no había dinero. Ahora no se trata de dinero, porque efectivamente ha habido un desembolso por parte del Estado de más de 3.000 millones para la Comunidad de Madrid, y sin embargo ese dinero no se destina a los servicios públicos. Creo que es una diferencia de modelo, de cómo se concibe la forma de hacer frente a la pandemia.

En esta diferencia de modelos, ¿cómo está Madrid en lo que toca a las residencias?

La situación en Madrid es grave, y esto no es una valoración, es una descripción. Espero que podamos seguir trabajando conjuntamente con las comunidades autónomas para que se ataje esta situación, pero creo que, sobre la situación de las residencias en la Comunidad de Madrid, hay que preguntarle a los responsables de Madrid.

"Los menas son niños a los que tenemos la obligación de proteger". Es una frase suya de su etapa como portavoz adjunta en el Congreso. ¿Qué pensó cuando el presidente del Gobierno no respondió a Ayuso cuando habló de que el coronavirus traía delincuencia, menas y okupación?

Esa frase dice mucho de quien la dice, no de los demás. Por eso hablaba de una diferencia de modelo sustancial con el Gobierno de Madrid, porque pensamos que las pandemias y las crisis no se pueden utilizar como excusa para recortar los servicios públicos, o para poner el foco en los sectores de la población más vulnerables.

¿Y qué dice la frase de quien calla ante ella? Esta semana han presentado ustedes en el Congreso dos proposiciones no de ley sobre el campo de refugiados de Moria, y en ellas reclaman al Gobierno que deje de estar callado, que pida que la UE actúe, que asuma la cuota de refugiados... ¿Qué dice el silencio del Gobierno o la UE?

Tenemos mucho por hacer en esto. Insisto en que hay que hacer políticas que no resten a la Agenda 2030. Y creo que, en materia de política migratoria, hemos dejado mucho que desear como UE en los últimos años. Eso necesita un giro para que dentro de una década podamos decir que cumplimos con los ODS para todo el mundo, no solo para una sección de la población.

Este viernes se cumplen cinco años de la adopción de la Agenda 2030. ¿Qué avances ha hecho España en su implementación desde que ustedes llegaron al Gobierno? En julio publicaron el primer informe de cumplimiento.

En estos primeros meses de Gobierno de coalición hemos hecho una cosa muy importante: ponerle voluntad política a la Agenda 2030, y pasar de las palabras a los hechos. La Agenda 2030 son Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que afectan directamente a la vida cotidiana de la gente. ¿Qué hemos hecho para cumplir con la agenda? Cosas muy significativas: cuando entramos en el Gobierno subimos el salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros; declaramos la emergencia climática en España en el primer mes, como nos venían reivindicando desde la comunidad internacional… y están todas las medidas del escudo social, especialmente los ERTE, que suponen sostener con los brazos de lo público miles de empresas en nuestro país. Todo eso son políticas que se concretan en la realidad, en hechos. Los ODS y la Agenda 2030 no son algo etéreo ni una entelequia, se trata de realidades tangibles. Hemos hecho más por cumplir con la Agenda 2030 que lo que se había hecho en los últimos años, desde 2015.

Dice que ahora sí han instaurado la voluntad política. ¿Qué se hizo en los años anteriores?

Desde 2015, y especialmente con el Gobierno del PP, el tema de la Agenda 2030 ha estado literalmente en un cajón. El Ejecutivo de Rajoy ratificó la Agenda 2030 cuando se aprobó, y sin embargo eso no tuvo una traducción en políticas reales. Suelo decir que no sólo tenemos que hacer políticas que le sumen a los ODS, sino que además tenemos que conseguir no hacer políticas que les resten. Por ejemplo, que la sanidad dejase de ser universal en España fue un retroceso sin precedentes en los ODS. No tiene ningún sentido hacer políticas que son contaminantes, o que son regresivas que nos alejan de los ODS, y esas son las políticas que en mayor medida puso en práctica el Gobierno del PP.

¿Derogar la reforma laboral sería facilitar el cumplimiento de los ODS? ¿Esto cuándo se abordará?

Sin ninguna duda. Uno de los objetivos más importantes para esta Secretaría de Estado es lograr el trabajo decente. No podemos cumplir con la Agenda 2030 en 10 años si no hay empleo decente en España Y si no acabamos de una vez por todas con la precariedad. La derogación de la reforma laboral es uno de nuestros compromisos de legislatura, uno de los compromisos en el acuerdo de gobierno con el PSOE, y es, me consta, una de las tareas fundamentales en las que ya está inmersa la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El Consejo de Ministros aprobó el martes una declaración institucional en la que se refiere a la Agenda 2030 como la "hoja de ruta necesaria" para salir de la crisis causada por la pandemia. ¿Cómo ha afectado la primera ola y cómo afectará la segunda a su cumplimiento?

Tenemos un reto enorme por delante. Hemos conseguido, o hemos intentado, parar el golpe y afrontar esta crisis de manera diametralmente opuesta a como salimos de la crisis de 2008, con la gente dentro, construyendo un escudo social que evidentemente tiene sus limitaciones, y se deja a gente fuera. Por otro lado, por primera vez las políticas que vienen de Europa y los grandes consensos que están presentes en la calle van a ir de la mano en la reconstrucción. La gente está preocupada por la emergencia climática, y va a haber muchos fondos para que podamos ser climáticamente neutros en 2050. También habrá fondos para la economía de los cuidados, y necesitamos hacer política pública que ponga en el centro del sistema los cuidados, que siguen recayendo fundamentalmente sobre los hombros de las mujeres. Tenemos que hacer el plan de choque para la dependencia, ampliar la red de escuelas infantiles de cero a tres años, y constituir un gran sistema estatal de cuidados, a imagen y semejanza de lo que es el sistema sanitario.

En lo que toca a las residencias de mayores, el secretario de Estado de Derechos Sociales afirmó el martes ante el Congreso que desde el Ejecutivo ya se ha hecho una "parte importante". ¿Podemos tener la seguridad de que no vamos a ver lo mismo que ya hemos visto en las residencias? En la anterior ola algunas comunidades destacaron que era responsabilidad del Gobierno, el Ejecutivo las señaló a ellas, por ser su competencia...

Quiero poner en valor el trabajo de Nacho Álvarez y del vicepresidente en esta materia. Creo que ellos han hecho su parte. La competencia es básicamente autonómica y nosotros tenemos una labor de coordinación en la que la secretaría de estado de Derechos Sociales lleva trabajando desde julio. Se montó un grupo de trabajo para abordar que todas las comunidades autónomas tuvieran planes de contingencia para sus residencias, y para que esos planes fueran coherentes entre sí. Ha habido un amplio desembolso de fondos estatales, evidentemente unas comunidades lo gastarán mejor y otras peor, como ya sabemos, pero creo que la parte del Gobierno estatal se ha hecho bien. Espero que las comunidades también hagan su parte.

En esos grupos de trabajo tienen contacto con las comunidades autónoma. Por cómo les transmiten que lo tienen preparado, por los protocolos que han ido diseñando, ¿están tranquilos? No tanto por afirmar que la responsabilidad del Gobierno está cubierta, sino por estar seguros de que se ha hecho todo el trabajo posible por ambas partes, para que esta ola no tenga el efecto de la anterior.

Ante la mayor crisis económica y social desde la Segunda Guerra Mundial en Europa, la tranquilidad no es una opción. Nuestra opción es el trabajo, y es lo que vamos a seguir haciendo hasta el último minuto. En materia de residencias, pienso que esta crisis tiene que llevarnos a hacer una reflexión sobre el modelo, que está obsoleto. Tenemos que avanzar hacia un sistema de atención domiciliaria como existe en otros países del norte de Europa. Por eso el sistema estatal de cuidados del que hablaba va a ser uno de los pilares fundamentales de nuestra propuesta para los fondos europeos; una reforma estructural que pueda generar empleos estables en España, de calidad y públicos, que nos permita avanzar en la línea de hacer política pública para poner en el centro los cuidados.