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25.000 funcionarios jubilados y familiares de fallecidos reclaman al Gobierno andaluz la extra de 2012

La Junta recibe una montaña de solicitudes de exempleados para que les abone los 400 euros (de media) que no cobraron hace 5 años y que ya han recuperado sus compañeros en activo.

25.000 funcionarios jubilados y familiares de fallecidos reclaman al Gobierno andaluz la extra de 2012. /EFE

Cuando la presidenta Susana Díaz anunció, hace unos días, que había dado orden a su Gobierno para que pagase a los 270.000 empleados públicos autonómicos otro 25% de la paga extra que no percibieron en 2012 (suprimida por el pacto de estabilidad), no contaba con que el número de beneficiarios sería superior al previsto. La Consejería de Hacienda recibió, además de las solicitudes de todos los funcionarios activos y en plantilla, unas 25.000 peticiones más de personal que ya no forma parte de la Administración andaluza, la mayoría jubilados, pero también familiares y herederos de empleados públicos que habían fallecido entre 2012 y 2017.

El Gobierno andaluz eliminó la paga extra de 2012 (unos 1.600 euros de media) como parte de una batería de recortes en el gasto público y medidas de consolidación fiscal, pero desde hace un año ha empezado a devolverla progresivamente. El departamento que dirige María Jesús Montero ha abierto un plazo para que todos los empleados públicos andaluces que ya no trabajan para el Gobierno andaluz soliciten el abono de otro 25% de la paga (es el tercer cuarto que se devuelve), el importe correspondiente a 46 días como máximo (unos 400 euros de media).

Hacienda ha gestionado también muchas solicitudes de familiares de ex empleados fallecidos, pero carece del número exacto

Alrededor de 25.000 solicitudes recibidas, según datos de la Consejería de Hacienda, corresponden a funcionarios ya jubilados, familiares de empleados públicos que han fallecido en los últimos cinco años, empleados que ahora pertenecen a otra Administración, laborales o eventuales del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La mayoría de estas peticiones pertenecen a trabajadores retirados que en las últimas semanas han regresado a la consejería de la que dependían (Educación, Salud, Bienestar Social…) para formalizar la solicitud de la devolución de la extra. Hacienda ha gestionado también muchas solicitudes de familiares de ex empleados fallecidos, pero carece del número exacto.

La devolución de la extra de 2012 se realiza de oficio para aquellos empleados públicos que aún está en nómina. Sin embargo, para los que por diferentes motivos ya no trabajan para la Junta de Andalucía, la orden que regula la reposición de esta paga recoge en uno de sus anexos un formulario de solicitud para que reclamen el dinero que no cobraron hace cinco años. Es la tercera vez que se hace, porque tanto el Gobierno central como el autonómico, han regulado la devolución de la paga extra a sus funcionarios de la misma manera. Pero esta vez el número de ex empleados públicos que lo han solicitado se ha disparado hasta los 25.000, una cifra de solicitudes superior a las que recibió la Consejería de Hacienda en la devolución de las dos primeras porciones de la extra, según el sindicato de funcionarios CSIF. La Junta no ha avisado por carta a sus exempleados, han tenido que ser ellos quienes acudieran por su propio pie al departamento de su administración correspondiente para rellenar el formulario y reclamar el dinero.

En junio del año pasado, la presidenta firmó un acuerdo con los sindicatos para devolver lo que les quedaba por cobrar

Después de las convulsas revueltas de los empleados públicos contra el Gobierno andaluz, a partir de los recortes de nóminas en 2012, Díaz logró enderezar su relación con los sindicatos de la función pública iniciando la devolución progresiva de las pagas extra. En junio del año pasado, la presidenta firmó un acuerdo con los sindicatos para devolver lo que les quedaba por cobrar, esos 46 días como máximo que los empleados en activo han percibido junto a la nómina de febrero. Este dinero se suma a los 48 días que se abonaron el pasado septiembre y a los 44 días liquidados en febrero del año pasado. Con el último pago, queda saldado el 75% de la extra de 2012. El resto se abonará en febrero de 2018, dentro de un año. El Gobierno central se adelantó a restituir la paga a sus funcionarios el año pasado. Después, la situación de otras comunidades es muy diversa: Extremadura, La Rioja, Asturias y Baleares ya la han devuelto.

El acuerdo que firmó Susana Díaz con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF hace un año no sólo se limita a la restitución total de las pagas extras, sino de todos los derechos menguados como consecuencia de las medidas de estabilidad presupuestarias “impuestas por el Estado en 2012”. También está previsto que la Junta reponga los días adicionales de vacaciones y de asuntos particulares por antigüedad, y la revisión del catálogo de enfermedades con derecho al cien por cine de incapacidad temporal. Sin embargo, la recuperación de derechos más importante en el sector público andaluz se produjo el pasado 16 de enero, cuando la Junta restituyó la jornada laboral de las 35 horas semanales.

El Gobierno central ha recurrido esta misma medida en País Vasco, Castilla La Mancha y Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, cuando lo aprobó el Ejecutivo andaluz, el PP ya se encontraba en minoría en el Congreso, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se avino a negociar con la Junta. Antes de que se iniciase esa negociación bilateral, Díaz repuso la jornada de 35 horas. El Gobierno central tiene de plazo hasta julio para recurrirla, como hizo en otras comunidades, pero de momento los 270.000 empleados públicos andaluces han dejado de trabajar las 37,5 horas a la semana que impuso el Estado.

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