Si usted cree que ya se puede pasar página del Estatut, al menos desde un punto de vista jurídico, es que ha olvidado un nombre: Enrique Múgica.

El histórico dirigente socialista, que fue Defensor del Pueblo desde 2000 nombrado en la etapa de José María Aznar hasta el pasado junio, firmó en 2006 un recurso contra el Estatut catalán casi tan exhaustivo como el del PP, sobre el que el Tribunal Constitucional (TC) se pronunció en junio. El documento compartía música con el de la formación conservadora, pero con letra propia: ponía la lupa sobre al menos 24 apartados del Estatut que el PP no llegó a impugnar.

La semana que viene se cumplirán cuatro años de la presentación del recurso de Múgica y la sentencia sigue pendiente. Y de los siete recursos que se presentaron, aún quedarán otros dos por resolver: los de los gobiernos conservadores de La Rioja y Murcia. Estos, sin embargo, se centran sobre todo en aspectos ya dilucidados por el alto tribunal o contemplados también por el Defensor del Pueblo (ver cuadro).

En total, hay todavía 27 artículos impugnados sobre los que el Constitucional no se ha pronunciado. La amputación del Estatut, pues, no acabó necesariamente con la sentencia del PP, que anuló 14 artículos, reinterpretó una treintena y causó una tormenta política en Catalunya.

La Generalitat también cree que no hay riesgo de nuevos reveses

Sin embargo, la Generalitat considera que, tras la sentencia marco de junio, el margen de maniobra para nuevas anulaciones es muy limitado: 'La doctrina quedó establecida y no vemos que ninguno de los artículos pendientes esté en riesgo de anulación', asegura un alto cargo del Gobierno catalán.

Los expertos consultados coinciden: 'No hay elementos de entidad nuevos, sino la aplicación reiterada de la doctrina ya establecida, lo que no deja margen para nuevas anulaciones', subraya Francisco Balaguer, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.

Los apartados recurridos por el Defensor del Pueblo aún no analizados por el Constitucional, añade el catedrático, pueden agruparse en dos bloques. De un lado, puntos colaterales de un mismo asunto ya anulado o avalado por el TC: organización de la Justicia, atribuciones del Síndic de Greuges (el Defensor catalán)... Del otro, varias competencias agricultura, caza y pesca, cooperativas, etcétera que no se recurren per se, sino por el detalle en que se especifican.

'En realidad, el recurso impugna el blindaje competencial y sobre ello ya resolvió el Constitucional en junio avalándolo', opina Balaguer. 'Por tanto prosigue, es muy improbable que se anule algo más'.

El texto de Múgica, de 139 páginas, impugna de forma sistemática todas las competencias que el Estatut atribuye a la Generalitat en la medida en que las detalla para blindarlas. 'Lo insólito es el recurso en sí. El Defensor del Pueblo se negó en su día a recurrir la Ley de Extranjería de Aznar, que le afectaba y que el alto tribunal acabó declarando inconstitucional, y en cambio presentó recurso contra el Estatut, incluso en lo que no afectaba a sus competencias', concluye.

Los expertos ven improbable que se anulen más apartados

Enoch Albertí, catedrático de la Universitat de Barcelona, coincide en que no ve razones jurídicas para que pueda anularse ningún artículo más tras la sentencia de junio. Pero es más cauto: 'La lógica descartaría nuevas anulaciones, pero todo este proceso no ha sido guiado precisamente por la lógica', apunta Albertí. Y añade: 'El capítulo aún no ha terminado. Hay que esperar a tener las sentencias'.

El recurso del Defensor no sólo podría llegar a afectar a 24 artículos, sino que reúne singularidades tanto en la ponencia como en el pleno.

El ponente sigue siendo el ultraconservador Jorge Rodríguez-Zapata, el único magistrado que ha presentado un voto particular en los cuatro recursos ya resueltos, en los que ha mostrado reservas explícitas hacia el concepto mismo de autogobierno y las ha aderezado con citas bíblicas.

Además, en las deliberaciones de este recurso no participa el progresista Pablo Pérez Tremps. Al tratarse de una impugnación a la totalidad similar a la del PP, el magistrado, que fue recusado por los conservadores, se apartó voluntariamente de este recurso.