Un 28-F marcado por el estigma de los falsos ERE

Hoy es un gran día para mucha gente. El PSOE celebra el 28-F y el PP celebra el 28-ERE. Los socialistas no saben a quién encomendarse para escapar de un tsunami que se les ha venido súbitamente encima y del cual apenas parecen saber nada: ni la altura de la ola, ni su longitud, ni su origen exacto, ni la porquería que arrastra, ni a cuántos de los suyos va a alcanzar, ni, por supuesto, si las aguas acabarán anegando las estancias del Palacio de San Telmo y hasta inundando ¡Dios no lo quiera! su planta noble.

Mientras tanto, los conservadores observan el grandioso espectáculo desde una estratégica colina con excelente visibilidad: toman nota de los daños, hacen cálculo de los posibles ahogados (siempre tirando, eso sí, por lo alto, que en desgracias como esta lo mejor es ponerse en lo peor) y se piden otra ronda mientras ojean las sustanciosas declaraciones del sumario que la juez Alaya ha tenido a bien no declarar secreto. Si los investigados fueran de los suyos, ante esa decisión judicial, controvertida pero legítima, de mantener abierto el sumario, el PP ya hubiera montado una buena hoguera con todos sus avíos; su juez, su fiscal, su Chaves, su Griñán, su Rubalcaba, su conspiración y su poquito, cómo no, de Estado policial restaurado expresamente para perseguir al adversario político.

El PSOE hace lo que puede para escapar de la ola, pero todo es en vano

Los socialistas hacen lo que buenamente pueden para escapar de la ola, pero casi todo es en vano. La semana pasada consiguieron incluso que el PP se viera ocasionalmente atrapado en sus propias redes, colocadas en principio para cazar únicamente socialistas implicados en el escándalo de los ERE amañados. El Ministerio de Trabajo dirigido por Eduardo Zaplana y la Delegación del Gobierno ocupada por el hoy candidato a la alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, aprobaron y gestionaron el ERE de Riotinto, también bajo sospecha. Los socialistas saben que no es la noticia bomba del año, pero algo es algo. Al final la cosa ha quedado en un mero sobresalto para los espectadores de la colina, que siguen disfrutando del espectáculo que se ve allá abajo: los líderes socialistas braceando desesperadamente contra la corriente sin saber muy bien cuándo ni dónde lograrán hacer pie de una maldita vez.

Es difícil evaluar cuál puede ser el impacto electoral de este escándalo, pero los socialistas tienen buenos motivos para suponer que Andalucía no es Valencia. Camps ganaría en Valencia incluso si su señora traspasara la farmacia, abriera una tienda de trajes de caballero y empleara de dependiente al amiguito del alma Álvaro López el Bigotes. Griñán, en cambio, no las tiene todas consigo. Mientras el voto conservador se resiste a menguar por la corrupción, el voto socialista sí lo hace. Los socialistas andaluces necesitan convencer a sus votantes de que los falsos prejubilados son una repugnante excepción y de que la derecha intenta poner en entredicho políticas sociales que han permitido salvar decenas de empresas y asistir a miles trabajadores que se quedaban en la calle.

Tienen motivos para suponer que Andalucía no es Valencia

Sin embargo, quedan demasiadas cosas por aclarar. El procedimiento de concesión de las ayudas para financiar los ERE era, como mínimo, discutible; el control de los fondos era, como mínimo, insuficiente; la publicidad oficial era, como mínimo, invisible; los poderes ejercidos por el director general de Empleo, Javier Guerrero, eran, como mínimo, desmedidos; y el criterio de selección de empresas e instituciones a las que se ayudaba era, como mínimo, opaco, sobre todo en el caso de pequeñas empresas cuyo cierre no habría supuesto un impacto especialmente dramático en el tejido industrial.

El Gobierno tiene evidentes dificultades para explicarse de manera convincente, si bien no está claro cuál es la causa de esas dificultades: que no sabe explicar las cosas, lo cual sería grave pero no desesperado, o que no puede, lo cual sería directamente letal. Como suele ocurrir, lo más probable es que se trate un poco de ambas.

Quedan muchas cosas por aclarar; el procedimiento era muy discutible

El hecho de que personas clave políticamente como los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández vengan mostrándose tan huidizos, aunque el primero de ellos haya comparecido ante la prensa para dar explicaciones por una falsa acusación contra su cuñado, da alas al desasosiego entre la militancia socialista e incita a la conservadora a subir a la colina para coger buen sitio. Hace dos semanas, el Gobierno andaluz dio signos de adelantarse a sus adversarios e imponer su agenda sobre el escándalo, pero fue flor de un día. El PSOE y el Gobierno no han conseguido perfilar un relato exculpatorio verosímil, mientras que el PP exhibe una versión de los hechos deliberadamente aparatosa, pero documentada, coherente y bien trabada.

Muchos en el PSOE piensan todavía que el principal problema son los falsos prejubilados, de los que hasta ahora hay contabilizados 39, si bien casi todos temen que acaben siendo bastantes más. Está por ver, sin embargo, si no acabará siendo más grave y teniendo un efecto mucho más letal para la imagen de una Administración bajo la sospecha de haber repartido 700 millones sin la transparencia, la equidad y los controles debidos. El fantasma del clientelismo galopa con nuevos bríos en el peor momento: con las municipales a la vuelta de la esquina, con la nueva etapa del partido y el Gobierno aún por consolidarse, con las encuestas en contra y con unos medios conservadores poco escrupulosos con la verdad y eufóricos con un filón que confirmaría ¡por fin, gracias a Dios! todos sus rancios prejuicios sobre Andalucía.