Los argumentos del juez Santiago Pedraz para archivar la causa contra ocho promotores del 25-S son considerados válidos también por los 35 detenidos tras los incidentes de la manifestación de aquel día, a quienes la juez de Madrid Rosario Espinosa mantiene imputados por un delito contra las instituciones del Estado.

Un total de 25 de esas 35 personas han formalizado este viernes un recurso conjunto ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, oponiéndose a la inhibición que pretende la jueza en favor de la Audiencia Nacional al considerar que hubo un delito de invasión del Congreso, castigado con entre tres y cinco años de cárcel por el vigente Código Penal. Los recurrentes le reclaman que mantenga la competencia y archive las actuaciones.

Los afectados destacan que la juez se basa para imputar ese delito en 'la reiterada insistencia de la Policía en que 'un grupo de personas trató de romper el cerco policial para acceder al recinto del Congreso''.

Todos ellos consideran tal apreciación 'absolutamente errónea', 'toda vez que la acción desplegada presuntamente por nuestros defendidos es manifiestamente inidónea para imputarles un delito como es el de 'invadir la sede del Congreso', como bien señala --exponen-- el auto de archivo de 4 de octubre' dictado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Tal acción, en el caso de haber ocurrido --lo que las defensas niegan-- no sería delito. En efecto, el juez Pedraz en su auto del jueves destacaba que no cabía deducir que quien intentó saltar las vallas del perímetro de seguridad de la Policía el 25-S quisiese realmente entrar en el edificio, por otro lado cerrado, cabiendo pensar que sólo se quería llegar a las puertas o rodear o cercar el Parlamento, tal como señalaba la convocatoria de la protesta.

Los abogados de 25 de los afectados --todos ellos en libertad con cargos-- reiteran además en su escrito la petición de nulidad de actuaciones, ya que ninguno de los detenidos fue interrogado, ni en comisaría ni ante el Juzgado, por ningún delito contra las instituciones del Estado, lo que supuso una 'indefensión absolutamente manifiesta'.

También rebaten el argumento de la juez de que la competencia es de la Audiencia Nacional porque el atestado policial referido a los detenidos era 'ampliatorio' de las diligencias abiertas por el juez Pedraz sobre los promotores de la protesta. '¿Desde cuándo es la Policía la que determina la competencia sobre la instrucción de una causa?', se preguntan los letrados.

En ese sentido, aconsejan a la juez no caer en el 'absurdo jurídico' de enviar la causa a la Audiencia Nacional como ampliación de un atestado policial que ha quedado archivado por el auto de un juez de la propia Audiencia al no apreciar delitos contra la seguridad del Estado.

El recurso califica de 'completamente falso' el atestado policial que acusa a sus defendidos de delitos de resistencia, desobediencia, atentado a agentes de la autoridad y desórdenes públicos', porque 'relata unos hechos jamás acaecidos'.

En cuanto al auto de archivo dictado el jueves por el juez Pedraz, la Fiscalía de la Audiencia Nacional estudiará en los próximos días si hay base para recurrirlo, según dijo este viernes en Logroño el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.