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731.063,17 euros para indemnizar a falsos culpables

El Estado sólo acepta compensar a nueve de los 123 ciudadanos que en los últimos tres años se consideraron víctimas de fallos de los tribunales

Ó. LÓPEZ-FONSECA

La Justicia es ciega, sobre todo con sus propias equivocaciones. En los tres últimos años, el Ministerio de Justicia ha rechazado 114 de las 123 demandas que, por vía administrativa, presentaron ciudadanos que se consideraron víctimas de errores de los tribunales. Nada menos que el 93% del total. Las nueve que sí admitió le costaron finalmente a las arcas del Estado 731.063,17 euros en indemnizaciones, según los datos facilitados a Público por fuentes del departamento de Francisco Caamaño.

La más elevada de todas ellas ha sido, precisamente, la última: la que recibió el pasado 31 de diciembre Rafael Ricardi, un gaditano que pasó 13 años en prisión por una violación que no había cometido: 555.600 euros. La mayoría, sin embargo, son mucho más humildes. Un ejemplo: en 2009, Justicia aceptó indemnizar sólo a dos de las 52 personas que reclamaron. Entre ambas cobraron 8.000 euros.

Abogados de los afectados critican la "tacañería" de la Administración

Los afectados y sus abogados coinciden en criticar lo que califican de "tacañería" de la Administración al compensar los errores de los tribunales. Juan Domingo Valderrama, uno de los letrados que asesora a Ricardi, recalca que el baremo de 120 euros por día de prisión que Justicia aplica "de manera sistemática", y que sirvió para fijar la cuantía recibida por su cliente, "es de chiste. No tiene en cuenta cómo afecta el error a las circunstancias personales y familiares de las víctimas".

Por ello, el equipo jurídico al que pertenece ultima estos días un recurso contencioso administrativo que presentará ante la Audiencia Nacional para reclamar una cantidad mayor. "Aún no hemos decidido cuánto. No podemos aceptar que Justicia considere que ha cumplido con su responsabilidad con lo que le han abonado", recalca el letrado. Desde el Ministerio, donde son reacios a valorar tanto la cuantía de las indemnizaciones como el número de ellas que se dan, insisten en que "son las que fijan los jueces".

Las críticas a esta supuesta "tacañería" no son nuevas. Desde que fuera promulgada el 1 de julio de 1985 la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la que en su artículo 292 establece el derecho a solicitar una indemnización, la inmensa mayoría de las reclamaciones han sido desestimadas por la Administración o, posteriormente, por los propios tribunales. Así, en los primeros ocho años de vigor de la ley, 727 personas presentaron reclamaciones. Justicia sólo reconoció 97 casos, es decir, poco más del 13% del total.

Desde 2008, Justicia ha rechazado el 93% de las demandas que ha recibido

Uno de los casos más polémicos entonces fue el de Patricia Bartolomé, una joven de 19 años que el 13 de septiembre de 1984 fue detenida como autora de un atraco cometido en una sucursal bancaria de Fraga (Huesca). La joven estuvo en prisión 35 días y permaneció imputada hasta abril del año siguiente, cuando la Guardia Civil detuvo en Valencia a cuatro delincuentes que confesaron ser los autores del robo. Desde ese momento, la joven reclamó al Estado 20 millones de pesetas (120.000 euros) por los trastornos psicológicos que sufrió tras su arresto. El Gobierno, sin embargo, se la denegó y la mujer tuvo que pleitear hasta julio de 1990. Entonces, el Tribunal Supremo le dio la razón, aunque rebajó la indemnización a dos millones de pesetas (12.000 euros).

El abogado Miguel Ángel López Linares denuncia, precisamente, que el Estado "siempre dice no por sistema" a este tipo de reclamaciones y que, en la mayoría de las ocasiones, se ampara en el argumento de que ser absuelto por falta de pruebas no es motivo para conceder una indemnización por error judicial. Él llevó uno de estos casos, el de Alejandro A. G., un joven disminuido psíquico de 25 años que fue detenido en abril de 2001 como supuesto autor del homicidio de un compañero de la residencia para psicodeficientes de Marbella donde estaba ingresado. Alejandro pasó 22 meses y 13 días en prisión antes de que fuera declarado inocente por el jurado, que consideró que su grave incapacidad física era prácticamente ciego y tiene graves dificultades para caminar hacía imposible que él hubiera cometido ningún tipo de agresión.

La hermana y tutora de Alejandro pidió entonces 150.000 euros de indemnización. El 16 de agosto de 2005, Justicia le comunicó que su petición había sido rechazada precisamente con el argumento de que la absolución no era suficiente. Tuvo que esperar dos años para que la Audiencia Nacional le diera finalmente la razón. Recibió 90.000 euros más los intereses. En total, 103.000 euros.

López Linares destaca que aquella sentencia que les dio la razón hizo hincapié en las condiciones en que estuvo encarcelado su cliente pese a sus deficiencias psíquicas: "Lo ingresaron en un centro penitenciario psiquiátrico y pasó un auténtico calvario rodeado de enfermos mentales que le robaron el dinero y las cosas que su familia le llevaba. Nunca debieron ingresar en una cárcel a alguien cuyo coeficiente intelectual era el de un niño de 3 años".

El también abogado Eduardo García Peña tiene una opinión similar. "Por desgracia, el Ministerio de Justicia obliga a las víctimas a embarcarse en un proceso legal complicado y muy caro, ya que el Estado agota todos los recursos antes de pagar". García Peña lleva, entre otras, la reclamación de uno de los acusados del 11-M que finalmente no fue condenado: Brahim Moussaten. El joven, que denunció que su detención le hizo perder su trabajo y le "estigmatizó" en la localidad de los alrededores de Madrid donde aún vive, pidió por ello 1,2 millones de euros. En la vía administrativa, Justicia ya le ha comunicado que, en su opinión, no hubo error judicial y que, por tanto, no tenía derecho a compensación. La Audiencia Nacional decidirá en los próximos días sobre el recurso que ha presentado.

En idéntica situación se encuentra Jesús Muñoz Gil, un joven que el 16 de julio de 2006 fue testigo de un brutal accidente de tráfico cerca de su pueblo natal, Vejer (Cádiz). Entonces, Jesús fue acusado de haber provocado el siniestro al participar en una carrera ilegal. Como consecuencia de ello, pasó 426 días en prisión. El juicio que se celebró en diciembre de 2008 no sólo demostró que no fue autor, sino que, incluso, ayudó a las víctimas. La sentencia ratificó ese paso de villano a héroe, pero Jesús considera que el daño ya está hecho. "Mi madre no ha levantado cabeza desde entonces y nadie me ha pedido perdón", asegura el joven, quien destaca que perdió el trabajo y que todavía sigue en paro. El Ministerio de Justicia aún no se ha pronunciado, pero su abogado, José Luis Ortiz Miranda, ya ha presentado recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para exigir al Estado 127.800 euros, una suma que obtiene de multiplicar cada uno de los días que pasó encarcelado por 300 euros.

"Lo triste es que al no ser un caso mediático, Justicia no nos ha hecho hasta ahora ni caso", denuncia el abogado, quien pone como ejemplo el de Dolores Vázquez, la mujer que fue juzgada y condenada por el asesinato de la joven de Mijas (Málaga) Rocío Wanninkhof. Esta, que estuvo 17 meses en prisión tras su detención en septiembre de 2000 y pasó un calvario judicial que incluyó la repetición del juicio, fue absuelta tras ser arrestado el autor del crimen, el británico Tony Alexander King.

En enero de 2008, Justicia propuso a esta mujer una indemnización de 392 euros por cada día que había pasado en prisión: 120.000 euros en total. Sin embargo, la rechazó y la cuantía de su indemnización, siete años después de la detención del verdadero culpable, todavía espera una decisión de los tribunales, según confirmaron a este diario fuentes del despacho de abogados que lleva su caso.

Más años fue lo que tardó en cobrar Florencio R. R., un vecino de Colmenar Viejo (Madrid) que en diciembre de 1998 ingresó en prisión acusado de agredir sexualmente a un menor de 11 años. Tras 463 días entre rejas y un juicio del que salió absuelto en 2001, Florencio inició su particular batalla para ser indemnizado. Justicia le dijo no en junio de 2004. La Audiencia Nacional apoyó la negativa del Ministerio en octubre de 2005. Y, finalmente, el Supremo le dio la razón en noviembre de 2009. Cobró 100.000 euros. Hoy, aún vive en el mismo pueblo, pero su vida no ha vuelto a ser igual. "Su mujer se divorció de él y su vida familiar nunca la recuperó. Eso no se paga con dinero", destaca su abogado, Eduardo García Peña.

Tampoco se considera compensado Juan Enrique Tena, un turista al que una cadena de errores policiales y judiciales durante la Semana Santa de 2009 le mantuvieron encarcelado cinco días en Granada. En su caso fue el Ministerio de Interior el que acordó indemnizarle con 3.000 euros. Su abogada, María José López, ya ha anunciado que piensa recurrir al considerarla insuficiente por los problemas psicológicos que sufrió su cliente. Juan Enrique, además, tiene otra queja: "Ni siquiera me han pedido perdón. No todo es el dinero".

1. El Ministerio de Justicia

Se debe presentar primero una reclamación vía administrativa ante el Ministerio de Justicia antes de que pase un año de la sentencia de absolución o, en su caso, de la de revisión. Justicia pide entonces un informe no vinculante al Consejo de Estado antes de pronunciarse. El proceso se puede prolongar dos años.

2. La Audiencia Nacional

Antes de tener la resolución de Justicia, el afectado puede presentar un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. Una vez que haya decisión del Ministerio, este tribunal inicia el proceso que concluye con una sentencia. Al menos año y medio más de espera.

3. El Tribunal Supremo

Si la Audiencia Nacional la deniega, también es posible presentar un recurso ante el Supremo. Pueden pasar otros tres años antes de que este se pronuncie. Si también falla en contra, sólo queda acudir al Tribunal de Estrasburgo. 

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