Entre el arquitecto Santiago Calatrava y los gobiernos autonómicos del PP en Balears y el País Valencià hay un modus operandi que se ha repetido en al menos cuatro ocasiones en los últimos años. El sistema consiste en que políticos del PP eligen a Calatrava como arquitecto para una edificio emblemático sin que medie concurso público, con el argumento del interés artístico y el prestigio de su obra. En el contrato, se pactan honorarios millonarios. El arquitecto, finalmente, cobra una parte sustanciosa pese a que el proyecto no llega a realizarse.

Según denunció ayer IU (Esquerra Unida del País Valencià, en territorio valenciano), esta forma de operar muestra que 'la conexión entre el arquitecto y el partido salta a la vista', en palabras del portavoz de la ejecutiva, Ignacio Blanco. Para mostrar tales nexos, la formación aportó ayer un nuevo dato: el director de la oficina del arquitecto en Valencia, Fernando Benzo, es un hombre muy próximo al PP y ha ocupado cargos importantes en gobiernos de signo conservador.

Según destacó IU, Benzo ocupó varios altos cargos en el Ministerio del Interior durante el Gobierno de José María Aznar. Después de trabajar para Calatrava fue recuperado por Jaime Mayor Oreja como uno de los coordinadores de su campaña en las elecciones al Parlamento Europeo en 2009. Benzo sustituyó al frente de la oficina de Calatrava en Valencia a Fernando Villalonga, un hombre también ligado al PP, ya que fue conseller del Consell valenciano y también secretario de Estado.

Como hombre de confianza de Calatrava, Benzo fue, según IU, el interlocutor directo de la Generalitat en las negociaciones referentes a uno de los proyectos del arquitecto en el País Valencià: el Centro de Convenciones de Castellón. Así lo muestra la correspondencia entre el despacho del arquitecto y la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), la empresa pública de la Generalitat encargada de impulsar el edificio.

En los documentos internos de la SPTCV, se puede leer cómo los técnicos encargados de supervisar el proyecto entregado por Calatrava se sorprenden de la actitud del arquitecto, que dispara los costes sin contar con la Administración. En concreto, Calatrava multiplica por tres el presupuesto y la superficie a edificar respecto a lo pactado en el contrato inicial con la Generalitat, que ya de por sí le era muy favorable, en detrimento de los intereses públicos. El documento incluye, por ejemplo, que Calatrava, lejos de ser penalizado, cobrará más si la obra tiene sobrecostes.

A pesar de la disconformidad de los técnicos, que dejaron constancia de que Calatravano había cumplido con el contrato, el arquitecto cobró en total 2,7 millones de euros. Benzo jugó un papel importante en la negociación que hizo posible que se produjera el cobro, según se desprende de la documentación que obra en poder de IU. Queda por saber, según Blanco, 'quién desde el Consell (el Govern valenciano) desbloquea el pago' que recibe finalmente Calatrava.

Por su parte, la Generalitat negó 'rotundamente' cualquier irregularidad, en un comunicado emitido la pasada semana, tras hacerse públicas las primeras presuntas irregularidades. Según el Govern valenciano, Calatrava recibió 2,7 millones de euros por la redacción del 'Master Plan, Anteproyecto y Proyecto Básico', tal y como constaba en el contrato. Además, la Generalitat asegura que aclaró a Calatrava que había de ceñirse a la cuantía y la superficie pactadas. Las comunicaciones, se lamenta la Administración, 'se están interpretando de modo totalmente erróneo'.

IU destacó ayer las semejanzas entre el modo de proceder de Calatrava y el PP en el Centro de Convenciones y en otros proyectos, como la Ópera de Palma, por el que arquitecto cobró 1'2 millones de euros, y de las llamadas Torres de Calatrava, en Valencia, por el que recibió 2'5. Ninguno de los dos proyectos llegaron a realizarse, igual que el complejo de Castellón. El arquitecto cobró, sin embargo, sus honorarios con puntualidad. Jaume Matas está imputado en relación con la investigación judicial sobre la Ópera de Palma.

Según Blanco, tanto en el proyecto de Balears como en los dos situados en el País Valencià 'se pone de manifiesto que la decisión de contratar a Calatrava se tomó a máximo nivel político por Matas y Camps'. 'Al fin y al cabo, estamos delante de unos señores del Partido Popular convirtiendo la contratación pública en un negocio millonario', concluyó.