Estás leyendo: Las agendas del 'Guateque'

Público
Público

Las agendas del 'Guateque'

La Guardia Civil halla notas manuscritas con presuntos pagos a funcionarios

MANUEL RICO

Las agendas empiezan a ser fundamentales para cazar a presuntos corruptos. En el caso Gescartera fue la agenda de Pilar Giménez-Reyna la que aportó información sobre las operaciones de la agencia de valores, y en la operación Malaya han sido claves las anotaciones manuscritas del presunto cerebro de la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca. Pues bien, en el sumario del caso Guateque también hay unas agendas con datos relevantes.

Las agendas pertenecen a los empresarios Eduardo Agustino Carrasco y Julián Rubén López Martínez, de acuerdo con la investigación realizada por la Guardia Civil, que las incautó durante el registro realizado el pasado mes de noviembre en el domicilio social de la compañía Agustino Proyectos e Instalaciones.

En ellas constan los presuntos pagos realizados a diversos funcionarios del Ayuntamiento de Madrid a cambio de agilizar licencias de locales comerciales. Las agendas están incluidas en el tomo XVIII del sumario que instruye el juez Santiago Torres, que tiene una enorme complejidad por la gran cantidad de información acumulada, como demuestra el hecho de que tenga ya más de 8.300 folios.

Intermediarios

Eduardo Agustino y Julián Rubén López actuaban presuntamente como intermediarios en la trama de corrupción. Ellos se encargaban de tramitar las licencias ante el Ayuntamiento y cobraban a los clientes una comisión, que luego se repartían con los funcionarios.

Ambos empresarios fueron detenidos el pasado mes de noviembre, cuando se destapó el caso Guateque, y puestos en libertad bajo fianza a condición de que comparecieran periódicamente ante el juez Santiago Torres. El 15 de diciembre no se presentaron y estuvieron varias semanas en búsqueda y captura, hasta que se entregaron a mediados de enero. El juez los volvió a encarcelar y, finalmente, quedaron en libertad la semana pasada junto al resto de imputados. Esta decisión se adoptó después de que se levantase el secreto del sumario.

La Guardia Civil ha realizado un minucioso estudio de las anotaciones manuscritas en las agendas para elaborar un listado con los pagos realizados por Agustino y López. De acuerdo con dicho informe, los sobornos se han estado pagando como mínimo desde el año 2001.

Las cantidades abonadas a los funcionarios oscilan, en la mayoría de los casos, entre los 1.000 y los 6.000 euros. Los particulares pagaban habitualmente el doble, ya que Agustino y López se quedaban con la mitad de la comisión.

No obstante, en las agendas también consta algún importe más elevado, como los 40.000 euros pagados en julio de 2001 por una licencia de la calle Ulises o los 12.000 abonados en agosto de 2005 por el dueño de un local de la calle Vicente Caballero.

Investigación abierta

Todos estos datos han llevado al juez a imputar a otros cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, cuyos nombres figuran en las agendas. Están acusados de cobrar comisiones y tendrán que declarar el próximo viernes ante Santiago Torres.

Ese día, el juez inspeccionará el domicilio del viceconsejero de la Comunidad de Madrid Luis Armada, también imputado en la causa.

 


Julián Ruben López Martínez y su esposa figuran como apoderados de la empresa Agustino Proyectos e Instalaciones. Además, Carrasco y López son socios en otra empresa denominada Resvo. La Guardia Civil considera a ambos como “el nexo de unión entre numerosos industriales de Madrid solicitantes de licencias varias y el grupo referido de empleados del Consistorio”, es decir, los funcionarios dispuestos a agilizar licencias a cambio de dinero.

Eduardo Agustino Carrasco y su mujer son dueños y administradores de la empresa Agustino Proyectos e Instalaciones. En el registro del domicilio social de dicha firma, encontró la Guardia Civil las agendas donde constan los presuntos pagos a funcionarios del Ayuntamiento de Madrid a cambio de favores en la tramitación de licencias. Agustino Proyectos e Instalaciones ocupa un papel central en la trama de corrupción municipal.