En medio del silencio del líder del PP, quien sí entró en escena, como ya es habitual, fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que se mostró partidaria del “apartamiento” de “cualquier cargo público” ante la aparición de “alguna duda razonable” sobre la “rectitud” de su conducta. Era un dardo a Luis Bárcenas, al que Rajoy se resiste a pedir explicaciones. Aunque en ningún momento lo citó expresamente ante la junta directiva regional del PP de Madrid, que se reunió ayer.

La líder de los conservadores de Madrid dedicó los tres primeros minutos de su intervención a hablar sobre la corrupción, a la que calificó “sin ningún lugar a dudas” del “peor delito que puede cometer un político”. Y que “consiste en utilizar la confianza que depositan en ti los ciudadanos para progreso personal. Así de claro”, espetó la presidenta madrileña.

Lo que no entró a valorar son las pruebas de financiación ilegal del PP de Madrid que aparecen en el sumario. Según ha desvelado un informe policial, la formación utilizó la fundación Fundescam para falsificar facturas con las que se corrieron con gastos de las campañas electorales de 2003. Por la mañana sí rechazó la financiación ilegal de su partido: “Niego la mayor”, dijo.

Además, la presidenta volvió a recuperar ayer un discurso de hace meses, cuando se conocieron las relaciones de la trama con la Comunidad de Madrid. “Cualquier cargo público, además de la responsabilidad penal (...) tiene una responsabilidad añadida que es la política”, señaló. No obstante, hasta la fecha, cuando se ha demostrado que Madrid ha sido, junto a la Comunitat Valenciana, uno de los principales focos de adjudicaciones a la trama corrupta, ella no ha asumido ningún tipo de responsabilidad política. Tampoco por haber mantenido hasta el año pasado a Alberto López Viejo en el Gobierno regional. Durante años, el ex consejero de Deportes se había encargado de la organización de los eventos en la Comunidad, para los que contaba con las empresas de Francisco Correa.

Aguirre aseguró que su partido seguirá apartando del cargo a aquellas personas de cuya actuación haya duda.

Mientras, Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid, completó la misma idea de su jefa asegurando que, pese a lo revelado por el sumario, que “no hay ninguna prueba” de que se haya trasladado “un sólo euro” a la financiación del partido. También añadió que no hay ningún imputado que mantenga cargo en la Comunidad, ni en el Grupo Parlamentario, ni en ninguna institución.