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Aguirre demora la fiscalización de la filial con facturas falsas

El PP alega un defecto de forma en la petición del PSOE sobre Hispanagua

ALICIA GUTIÉRREZ

El PP ha hecho valer su mayoría en la Mesa de la Asamblea de Madrid para denegar la solicitud de fiscalización urgente a la empresa pública Hispanagua, filial del Canal de Isabel II donde se ha detectado una trama de facturas falsas que se embolsó no menos de 700.000 euros.

La petición, rechazada el pasado día 5, había sido formulada por un diputado del PSOE, partido que insistirá para que la Cámara de Cuentas autonómica investigue la contabilidad de Hispanagua. Fuentes del del PP en la Asamblea aseguraron que la solicitud se rechazó por un defecto de forma y que, una vez subsanado, se dará luz verde a la fiscalización.

Tras la difusión pública del caso el pasado 28 de abril, el Canal de Isabel II, que abastece de agua a la comunidad de Madrid, admitió que conocía los hechos desde un año antes. Y anunció acciones penales contra los trabajadores implicados. Ayer, una portavoz de la empresa confirmó que la denuncia no se ha formalizado aún. “Se sigue preparando”, dijo.

Un incendio destruyó el pasado 1 de abril el almacén donde supuestamente se archivaban las facturas. Para entonces, la dirección del Canal de Isabel II ya sabía que varios empleados y contratistas estaban inflando facturas o, directamente, inventándolas.

Dos meses antes,  en febrero de este año, había dimitido como presidente de Hispanagua Ignacio González, número 2 en el Gobierno de Esperanza Aguirre y máximo reponsable del Canal de Isabel II. Lo relevó su hombre de confianza en la empreas de aguas, Ildefonso de Miguel. González comparecerá el martes en la Asamblea a petición propia. Y lo hará sin que previamente la Cámara haya acordado escrutar las cuentas de Hispanagua.

Para denegar la fiscalización de Hispanagua, el PP adujo que la solicitud no había sido cursada por un grupo parlamentario sino por un diputado, en este caso el socialista Adolfo Piñero. Pero hay un precedente que, cuando menos, pone en cuestión la versión del PP: en septiembre de 2004, el PSOE solicitó otra fiscalización usando la misma fórmula que ahora. Y los conservadores dijeron sí.

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