Aguirre le cierra el grifo a la ciudad del presidente de la Femp

Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios (FEMP), alcalde socialista de Getafe y bestia negra del PP por haber tildado a sus votantes de "tontos de los cojones", está "castigado". Lo dijo el 21 de abril el director general de Infraestructuras de Madrid, Javier Trabada. Al día siguiente, Trabada aseguró que bromeaba. Pero el castigo ha llegado: el Gobierno de Aguirre se ha desentendido del pago de los 840 millones en que se calcula el coste de las expropiaciones para la segunda fase del parque empresarial Carpetania, proyectado en Getafe como el mayor espacio de tecnología puntera en España e impulsado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento getafense.

Diseñada sobre 3,8 millones de metros cuadrados y capaz de albergar medio centenar de empresas, la nueva área empresarial pende ahora de un hilo. Los 15.000 empleos que se esperaban, de media y alta cualificación, también. Y, aunque la propia Esperanza Aguirre negó hace un mes haber afirmado que la Comunidad se fuera a retirar del proyecto, los hechos la contradicen. El 30 de abril, la Consejería de Ordenación del Territorio acordó renunciar a su condición de beneficiaria de las expropiaciones, término que aquí equivale a pagador. Decidió también devolver al Ayuntamiento de Getafe los trastos del proceso expropiatorio. En otras palabras, el Gobierno madrileño, titular del 60% de las participaciones del Consorcio Parque Empresarial Carpetania, ha optado unilateralmente por dejar solo al Ayuntamiento de Getafe, su socio minoritario (40%) en el consorcio. De hecho, el Ejecutivo ha logrado que el jurado de expropiaciones endose ahora todos los pagos a Getafe.

Los socialistas interpretan el rumbo tomado por Aguirre y su equipo como un doble varapalo: a las expectativas económicas y de empleo creadas —la empresa aeronáutica EADS, por citar un caso, ha pedido 400.000 metros para ampliar sus instalaciones—; y a Pedro Castro, uno de los alcaldes socialistas más antipáticos para los conservadores y con mayor poder en el sur metropolitano de Madrid, donde el PP aún no ha conquistado por completo el territorio. "Hay una carga personal, otra económica y otra de cuanto peor, mejor", acusa el alcalde getafense. "No se comprende que el Gobierno de Madrid abandone un proyecto que va en la dirección del cambio de modelo productivo", añade la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez.

En el otro polo, la Comunidad arguye que el consorcio del parque acordó en enero dejar de ser el responsable de pagar las expropiaciones, cuyo precio se ha disparado tras varias sentencias del Tribunal Superior. La menor envergadura financiera del Consorcio —un mero ente instrumental— en comparación con la que poseen Comunidad y Ayuntamiento fue la causa de aquel paso atrás, sostiene el PSOE. "Todos aceptaron que la expropiación era inviable", defiende por el contrario el Gobierno de Aguirre. Castro lo desmiente.

El Ejecutivo madrileño llegó incluso a proponer que se cambiara la vía de expropiación por la de compensación. Con el sistema de compensación, la iniciativa corresponde a los propietarios, que no sólo pueden manejar tiempos y precios sino presionar para que se cambie la calificación del suelo. Por ejemplo, de industrial a comercial o residencial.

"La Comunidad aceptó la delegación de competencias de las expropiaciones a condición de que el Consorcio fuera el beneficiario", aduce un portavoz de la Comunidad. Ningún papel dice eso. Y el informe encargado por el consorcio al catedrático de la Carlos III Luciano Parejo concluye exactamente lo contrario. Según el dictamen de Parejo, el cambio de situación en el Consorcio no exime a la Comunidad de pagar.