Conocer el patrimonio del consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, lleva camino de convertirse en misión imposible. Un informe del secretario general de la Asamblea regional, Fabio Pascua, con fecha de 26 de marzo y al que ayer tuvo acceso Público, juzga que “no existe un derecho de los grupos parlamentarios para acceder a las declaraciones de actividades y bienes de los altos cargos” del Ejecutivo autónomico. A los diputados, consigna el letrado mayor, “sólo” les cabe “solicitar de la Mesa de la Asamblea que recabe tales datos y obtener una resolución expresa al efecto”.

Es el penúltimo capítulo de una historia que arrancó el 23 de febrero. Ese día, este diario reveló que una promotora construye en Valdemoro (Madrid) una mansión de lujo al gusto del número tres de Esperanza Aguirre, que no ha pagado nada por la casa. El PSOE retó al consejero a que diera cuenta de todos sus bienes y Granados envió a la oposición dos folios. En ellos resumía sólo su patrimonio inmobiliario.

El 16 de marzo, la Mesa de la Asamblea, presidida por Elvira Rodríguez (PP), acordó permitir al PSOE el acceso a la declaración de bienes y patrimonio de Granados. Una semana más tarde, el conservador Jacobo Beltrán, secretario tercero de la Cámara, interpuso un recurso contra la decisión, que Rodríguez estimó.

El diputado veía “lagunas procedimentales” que debía revisar el secretario general. Y Pascua las ha hallado. Considera que ni el Reglamento de la Cámara, de 1997, ni una resolución de 2001 –aprobada con Alberto Ruiz-Gallardón en el Gobierno–, dan a los grupos el “derecho” a este tipo de declaraciones. De hecho, aconseja que se reforme el texto de 2001 para dejar claro que la Mesa, una vez recibida la petición de los grupos, es la que tiene que decidir si la acepta o no. Rodríguez, previsiblemente, se agarrará este lunes al informe de Pascua para frenar la solicitud del PSOE.

“Pediremos que se reconsidere este informe ad hoc”, anuncia la socialista Maru Menéndez. “Es otra muestra de la estrategia de ocultación de Aguirre. Algo esconde Granados. La autonomía de Pascua queda manchada”. Con ella coincide Inés Sabanés (IU). El PP “no se pronunciará” hasta ver el escrito. 

Resolución de 2001 // Gallardón marcó el procedimiento de acceso a las declaraciones de bienes: un grupo lo reclama, la Mesa le indica al portavoz el “carácter secreto” de los datos, el Gobierno envía la información al presidente de la Cámara y este cita al portavoz en su despacho para ver el documento. El diputado no podrá fotocopiarlo, sí “tomar notas” y guardará “el sigilo debido”.

Informe de Fabio Pascua // Pascua pide que se reforme ese texto: que la Mesa pondere si se afecta la “intimidad” del alto cargo y dé su autorización expresa. Pero si el PP no quiere, no se revisará la resolución.

El honor del letrado // Fuentes de la Presidencia de la Asamblea insisten en que Pascua es un letrado “de mucho prestigio, número uno de su promoción'. Añaden que ningún grupo puso objeciones a su designación, en julio de 2007. El artículo 86 del Reglamento de la Asamblea consigna que 'el secretario general será nombrado por el presidente [de la Cámara], previa libre designación porla Mesa, a propuesta del propio presidente, de entre el personal funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo de Letrados de la Asamblea de Madrid, de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas o de las Cortes Generales'. En el Congreso de los Diputados, el presidente también elige al secretario general, pero de entre los letrados de Cortes 'con más de cinco años de servicios efectivos'. Así reza en el artículo 35 del Reglamento de la Cámara baja.