Air Madrid se libra de pagar 6,38 millones a Fomento

Air Madrid se librará de pagar a Fomento los 6,38 millones de euros que costaron el traslado de miles de pasajeros en diciembre de 2006 por su cierre. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado el recurso presentado por la aerolínea para evitar el desembolso. 

La sentencia alega que el ministerio, dirigido por Magdalena Álvarez en aquel momento, no acreditó que toda esa cantidad de dinero fuera para trasladar a los pasajeros dentro de los términos delimitados. 

Tres condiciones que según la sentencia no se cumplieron. En primer lugar, Air Madrid tendría que hacer frente al coste de trasladar de vuelta a los pasajeros que tenían billete cerrado de la compañía antes del 21 de diciembre y que ya habían hecho el vuelo de ida.

También debía pagar los costes de desplazar a los pasajeros en situación de urgente necesidad o los que tuvieran reservas confirmadas de vuelos de la compañía, siempre que solicitaran hacer su transporte antes de que terminara el día 21 de diciembre y lo hubieran solicitado telefónicamente.

Sin embargo, los jueces consideran que los traslados realizados no se justificaron bajo esas premisas, por lo que no se le puede reclamar a la aerolínea.

Además de esta sentencia, en otra dictada por el mismo tribunal, los jueces ratifican la suspensión del certificado de operador y la autorización de vuelo contra Air Madrid por posibles problemas de seguridad dictada por el Ministerio de Fomento el 15 de diciembre de 2006 y ratificada seis días después.

Aún así, el TSJM sostiene que la compañía debió informar a los pasajeros de que le podían llegar a suspender su autorización para volar.

Desde el Ministerio de Fomento ya se está estudiando la posibilidad de recurrir esta sentencia, por entender que el juez no ha tenido en cuenta las dificultades que tuvieron para hacerse con un listado de viajeros. 

Sin embargo, desde Fomento se congratulan por la segunda sentenci que ratifica la suspensión del certificado de operador y la autorización de vuelo contra la aerolínea. Consideran que los jueces que se avala su actuación en la primera intervención de este tipo realizada en España.