El alcalde del municipio gaditano de La Línea, Juan Carlos Juárez (PP), y los otros diez imputados por el presunto cobro de sobornos a cambio de la adjudicación de una parcela municipal a la empresa Roseworld están hoy más cerca de sentarse en el banquillo. La titular del juzgado de instrucción número 1 de La Línea, Carmen Longo, que investiga el caso, dictó ayer un auto en el que no sólo deniega el sobreseimiento pedido por Juárez sino que insta al fiscal y a las acusaciones particulares a presentar en diez días escrito de calificación solicitando la apertura de juicio oral.

Contra el auto cabe recurso, lo que, sin duda, demorará la fase final de un caso que se remonta a 2006, cuando el policía local en excedencia José Carrión denunció  un cúmulo de irregularidades en torno a la adjudicación a Roseworld, cuya oferta por los terrenos municipales sometidos a puja fue inferior a la elevada por una compañía local. Otra empresa perteneciente al mismo grupo que Roseworld pagó al ya ex edil de Urbanismo de La Línea, Carlos Ruiz Calama (PP), más de dos millones de euros. Lo hizo supuestamente a cambio de la compra de una finca privada que el concejal había escriturado sólo once días antes por 360.000 euros. La juez no se cree que tal operación existiera y mantiene como imputados a Calama y al dueño de Roseworld, Anis Thakurdas.

El auto ofrece un dato novedoso. Porque la juez da tratamiento de perista, es decir, de comprador de objetos robados, a Rafael de los Reyes, administrador de una tercera sociedad, Abuztúa, en cuyas manos acabó finalmente la finca previa compra a Thakurdas. La magistrada considera inverosímil que De los Reyes no supiera que la finca objeto de transacción hubiera sido adjudicada a Thakurdas de forma ilícita dado que una anotación registral avisaba de las diligencias previas abiertas sobre el caso. Calama, según la juez, tenía “amistad” con los directivos de Abuztúa.