Alicante y Torrejón de Ardoz (Madrid), ciudades gobernadas por el Partido Popular, quieren los portátiles que Esperanza Aguirre y Francisco Camps les niegan, y se lo han hecho saber. Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia vetaron en sus regiones el proyecto del Ministerio de Educación Escuela 2.0 para digitalizar las aulas con herramientas informáticas.

En contra de esa decisión han saltado ya 13 ayuntamientos que han aprobado otras tantas mociones para reclamar al gobierno regional correspondiente el acuerdo que permita la llegada de los portátiles a los alumnos. En el caso de Alicante o de Torrejón de Ardoz (Madrid) se aprobó 'instar' al gobierno autonómico y al central a llegar a un acuerdo 'para que los alumnos puedan disfrutar de un ordenador portátil individual'.

Alicante y Torrejón, donde gobierna el PP, reclaman los portátiles

Otros ayuntamientos se han dirigido directamente al ministerio que dirige Ángel Gabilondo para reclamar que no les prive de las herramientas informáticas. Incluso se comprometen a abonar la mitad de la inversión, la parte que le corresponde a las autonomías según el convenio. Alcorcón (Madrid), por ejemplo, se ha gastado ya un millón en un primer esfuerzo por digitalizar las escuelas municipales.

'Es lamentable que nos tengamos que resignar a que los niños de las autonomías malditas se queden atrasados por razones partidistas', argumenta Ximo Puig. Como alcalde de Morella fue el primero en rebelarse contra la decisión de las tres regiones que, en la primera fase del proyecto, ha privado de esos equipos a más de 50.000 alumnos en 5º de primaria en la Comunidad de Madrid, a 17.000 en la región de Murcia y a unos 40.000 en la Comunidad Valenciana.

'La actuación de la Comunidad de Madrid es de un sectarismo incomprensible. Aquí son casi 3.000 familias las que se quedan sin estas herramientas', asegura Enrique Cascallana, alcalde de Alcorcón. Una de las cosas que más le molesta a este regidor socialista es que la consejera de Educación, Lucía Figar, ve 'con buenos ojos' el proyecto alcorconero de digitalización de las aulas, para el que les ha manifestado su apoyo. Los gobiernos insumisos no están en contra de los instrumentos informáticos, sólo del proyecto gubernamental, y por eso han improvisado los suyos propios, mucho más modestos cuantitativamente que Escuela 2.0.

En Educación tienen las 'manos atadas' ante la negativa regional

La necesidad de dar este salto digital en las escuelas va mucho más allá de la política, como demuestra el hecho de que incluso alcaldías del PP reclamen esas herramientas para sus ciudadanos. Los padres también se han movilizado para exigir a los gobiernos regionales que no antepongan 'sus intereses de partido por encima de cualquier otra consideración por beneficiosa que pueda ser para las familias', como reza el escrito que los padres de alumnos del colegio Mora Puchol (Alicante) han remitido al consejero valenciano de Educación, Alejandro Font de Mora.

'Estamos viendo que en otras comunidades la implantación del nuevo modelo está funcionando, porque no es sólo un ordenador, es implicar al alumno a unos niveles muy interesantes para una región como la nuestra con el mayor porcentaje de fracaso escolar. Y nuestros niños se lo están perdiendo. Estamos perdiendo una oportunidad única', lamenta Encarna Salvador, vicepresidenta de la federación de asociaciones de padres de alumnos de Valencia.

En Morella, Aldaia y Burjassot (Valencia), los padres incluso se han mostrado dispuestos a costear la parte que correspondería al gobierno regional (el 50% de gasto) para que sus hijos puedan disfrutar de esas herramientas.

'La FEMP debe retratarse para ayudarnos', pide el alcalde de Morella

El problema para todos estos municipios es que la transferencia de la enseñanza a las autonomías le impide saltarse ese escalón competencial a Educación, donde reconocen tener 'las manos atadas'. Sencillamente, el ministerio no puede actuar en una región sin el consentimiento de su gobierno. Por ello, los municipios rebeldes dirigen ahora sus miradas a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como posible cauce para resolver la situación. Técnicos de la Federación ya han mantenido reuniones con algunos alcaldes para estudiar la situación. 'Desde el punto de vista legal es posible. La FEMP debe retratarse para ayudarnos', reivindica Puig.

Se espera que a finales de abril se haya entregado su portátil a unos 365.000 alumnos y se hayan instalado 18.600 pizarras digitales en otras tantas aulas españolas, en 14 autonomías, Ceuta y Melilla.