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Amenaza constitucional a un Estatut en plena vigencia

La sentencia puede revocar leyes e instituciones puestas en marcha en los últimos tres años

A. MARTÍN VIDAL / F. CASAS

La mejor forma de defender el Estatut es aplicarlo". Las palabras de Josep Vendrell, secretario general de la Conselleria de Relacions Institucionals, ilustran cómo ha afrontado el Govern los siete recursos, el principal de ellos del PP, de 2006 contra el Estatut. Su despliegue comenzó a poco de entrar en vigor y a día de hoy se aplica el 75% del texto que se podía aplicar desde Catalunya: 41 leyes, 20 más en camino y 12 traspasos cerrados y 6 más en ciernes al margen de la creación de varias instituciones.

Quedan aún asuntos importantes por desplegar. Algunos, como la Ley Electoral, no están recurridos pero otros artículos, como el que marca las bases de la no nata Ley de Finanzas Locales, sí.

La Generalitat considera ejecutado el 75% del bloque institucional

El fallo que el TC emita amenaza a leyes y organismos en vigor. Y eso a pesar de que, como apuntan fuentes del Govern que lamentan la actitud "remolona" del ejecutivo del PSOE, "hasta ahora se ha hecho sólo lo que no depende del Estado". Así, un recorte de los capítulos de Justicia, que los borradores de sentencia ponen en el punto de mira, no tendrá efectos porque la adaptación de las leyes estatales (como la orgánica del Poder Judicial) al Estatut es aún una quimera.

Joan Ridao, secretario general de ERC, prefiere pensar que lo ejecutado hasta ahora, el "Estatut adentro", es la parte más institucional y, según él, "menos susceptible de ser laminada" por el fallo.

Su optimismo tiene matices. El portavoz independentista en Madrid asume que habrá sorpresas negativas con lo desplegado y que, además, la sentencia "afectará ex novo a lo que no depende del Parlament ni de la Generalitat y no se ha desplegado todavía".

"El PP mentía, se aplica y aquí no se rompe nada", dice el Tripartito

A la hora de señalar eventuales víctimas, el diputado de CiU Francesc Homs dispara por elevación. "El recurso no debería haberse aceptado nunca", explica el autor de Catalunya a Juicio, un ensayo sobre el trance del Estatut. Según él, el fallo podría revocar la Ley de Educación, la de Acogida, la financiación, la bilateralidad Catalunya-España y las previsiones en Justicia.

El Govern contempla el proceso resignado y pendiente de la interpretación que el TC haga de lo que no suprima. Vendrell es claro: "Hemos demostrado que el PP mentía, que el Estatut se puede aplicar y aquí no se rompe nada, otras comunidades lo han imitado".

Si recortan artículos de Justicia no pasa nada: el Estado aún no lo ha desplegado

El celo que al TC se le supone con el tema lingüístico podría provocar que la Ley de Educación, icono de la legislatura aprobado tras un pacto CiU-PSC-ERC, se revoque. El Estatut sitúa en su artículo 6 al catalán como vehicular en la educación y postula la obligación de conocerlo. Se vale del refrendo que la política lingüística de los últimos años ha recibido varias veces en los tribunales. Pero ello no impidió que, en su recurso del 31 de julio de 2006, el PP, entonces inmerso en una dura campaña de denuncia de la supuesta persecución del castellano en Catalunya, lo incluyera. En este asunto también le secunda en su recurso el Defensor del Pueblo Enrique Múgica.

Uno de los principales aspectos simbólicos del texto es la inclusión en el preámbulo del término "nación", que el PP rechaza frontalmente al considerar que, Constitución en mano, Catalunya es solo "nacionalidad". A diferencia de la lengua, la "nación" no tiene valor normativo. Pero de él se derivan referencias a la fiesta, el himno o la bandera nacionales de Catalunya, que también ha recurrido el PP y que fija el Estatut. Se da la circunstancia de que es una ley de principios de los 80 la que en su día ya fijó la simbología nacional catalana.

El Govern celebró como una competencia clave la consecución de los permisos de trabajo a inmigrantes, que llegó tras la aprobación por el Govern de la ley de Acogida. El PP considera que esta atribución que Catalunya se arroga en el artículo 138 "es completamente inconstitucional" pues corresponde exclusivamente al Estado. Se da la circunstancia de que también Andalucía la ejerce en base a su Estatuto, que sí votó el PP.

Este febrero Montilla zanjó el debate de la nueva distribución territorial catalana apostando por crear siete veguerías que sustituirán las cuatro diputaciones. Diversas voces del Gobierno, como el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, admitieron que las veguerías tienen encaje en la Constitución siempre que no modifiquen las provincias. La ley catalana salvó el obstáculo apostando por vaciarlas de contenido.

Aunque no es una de las leyes amenazadas en las quinielas sobre la sentencia del TC, fuentes parlamentarias advertían esta semana de que existe la posibilidad de que se cuestione el sistema de financiación pactado entre Gobierno y Generalitat en verano de 2009, que después se trasladó a una ley orgánica del Congreso. El aspecto más polémico y también recurrido por el PP en este ámbito es la disposición adicional tercera del texto, que preveía durante siete años una inversión en infraestructuras del Estado en Catalunya equiparable al peso relativo del PIB catalán en la economía española. Los conservadores lo recurrieron con el argumento de que atenta contra el principio de igualdad y condiciona a las Cortes sobre la elaboración del Presupuesto del Estado.

El PP recurrió la mayor parte del Título Quinto del Estatut, referido a la relación de la Generalitat con el Estado, otras comunidades y con instituciones de fuera de España. En el articulado se encuentran las oficinas en el exterior de la Generalitat, motivo constante de ataques de la derecha y sus medios.

Este capítulo incluye, como el artículo 3, el principio de bilateralidad Generalitat-Estado para negociar traspasos u otros asuntos a través de comisiones mixtas. El PP consideró que "se impone al Estado cómo relacionarse con las comunidades".

El Constitucional podría alterar las funciones del Síndic de Greuges (equivalente en Catalunya al Defensor del Pueblo) ya que el PP y Múgica se oponen a que tenga la exclusividad en la actuación en temas que afecten a la administración catalana, tal y como le reconoció hace unos meses por ley el Parlament. Asimismo, el Consell de Garanties Estatutàries, que ejerce de control jurídico para que las leyes catalanas se adecuen a la legalidad, ha sido recurrido pese a que hace meses que se puso en marcha, con un magistrado propuesto por el Partido Popular incluido.

La Ley de Consultas Populares que aprobó el Parlament el pasado mes de marzo no fue votada por CiU por "poco ambiciosa", ya que exigía el plácet del Estado para llevar a cabo referendos. A pesar de esta prevención, la norma, que aún no se ha estrenado, puede ser víctima del Tribunal Constitucional.

Ya aprobadas. Nuevas Instituciones y sin regateo competencial

Con base en su Estatut, Catalunya ha aprobado leyes para organizar su Govern: regular el Consell de Garanties Estatutàries, crear una Agència Tributària, una Autoridad de la Competència o dotar de más poderes al Síndic de Greugues. Pero también han llegado normas sobre vivienda, servicios sociales, violencia de género, de educación, de creación del Instituto de la Paz, del Memorial Democrático o de fosas. En el ámbito competencial se ha exprimido en centros de culto, pesca o residuos entre otras materias.

En camino. Mirando a las urnas con el rabillo del ojo

Antes de las elecciones de otoño, Montilla quiere tener aprobadas la Ley del Cine, que establece la obligación de doblar al catalán la mitad de películas, la Ley del Código de Consumo o la de la Agència Catalana de la Inspección de Trabajo. En la misma fase está la de Veguerías. Después de conseguir el traspaso de Cercanías se negocia el de becas. 

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