Andalucía no considera improbable ni lejano un acuerdo multilateral en materia de financiación autonómica, a pesar de que el bronco ruido mediático de las últimas semanas parecía augurar un choque de trenes entre comunidades más prósperas como Cataluña, Valencia o Baleares y comunidades todavía por debajo de la media nacional de renta, como Andalucía o Extremadura, que son perceptoras netas en términos fiscales.
En el entorno del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y en el equipo del vicepresidente económico del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, se trabaja ahora con hipótesis muchos más optimistas que semanas o inlcuso meses atrás.

El encuentro mantenido el pasado día 19 en la sede federal socialista de la madrileña calle Ferraz por los consejeros de Economía de los territorios gobernados por el PSOE marcó un cierto punto de inflexión en una escalada de desencuentros que, para la familia socialista, había tenido su punto más comprometido en las andanadas extremeñas contra la publicación de las balanzas fiscales promovida por el conseller Antoni Castells.

En la reunión de Ferraz, así como en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del día siguiente, José Antonio Griñán expuso las líneas centrales de la propuesta de su Gobierno, que el consejero enmarcó en un análisis de la evolución del actual modelo muy comprensivo con las “razonables” quejas catalanas, valencianas, madrileñas y baleares, en el sentido de que perciben una financiación per cápita muy por debajo de la media.

El fuerte incremento de población -sobre todo inmigrante- en estas comunidades, muy superior al de Andalucía, así como el crecimiento económico de ésta por encima de la media española en los últimos años ha inclinado la evolución del modelo suscrito en 2001 a favor de Andalucía, cuya financiación per cápital está ahora ligeramente por encima de la media estatal. Andalucía se siente segura de su propuesta, que presentó al Gobierno en el año 2006, porque intenta con ella salvaguardar la cohesión y una financiación homologable de los servicios básicos en todos los territorios, pero sin olvidar que las comunidades que han incrementado población tienen que mejorar su devaluada financiación.

Otro hecho que puede acelerar el consenso autonómico es que el Gobierno abrirá el diálogo con los ayuntamientos, cuya financiación es flagrantemente insatisfactoria. Fuentes informadas señalaron a Público que el Gobierno tiene decidido “dar juego político” a los municipios. La incorporación de un nuevo -y cabreado- jugador a la mesa de la financiación complicará la partida.