El Gobierno andaluz ha acordado hoy en una reunión extraordinaria encargar un estudio a los servicios jurídicos de la Junta para recurrir por todas las vías posibles, incluido el contencioso administrativo y el Tribunal Constitucional, el límite de deuda 'impuesto' por el Gobierno central. La medida ha sido anunciada en una rueda de prensa por la consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, quien ha asegurado, al término del Consejo de Gobierno extraordinario, que al Ejecutivo autonómico 'no le ha quedado más remedio' que tomar esta decisión.

A la espera de que el Consejo de Ministros concrete los acuerdos sobre el límite de la deuda autonómica, los servicios jurídicos de la Junta barajan la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, presentar un recurso contencioso-administrativo y acudir a un requerimiento de nulidad.

Díaz considera que el límite de la deuda es un 'ataque frontal' al autogobierno de Andalucía que se ha decidido 'sin previo aviso' y además pone en peligro políticas públicas como la educación y la sanidad, un 'durísimo golpe' que la comunidad cifra en un recorte de 2.735 millones para el 2013 . 'El cambio en el límite de deuda responde al mismo patrón que la amnistía fiscal del Gobierno central', ha señalado la consejera, que ha lamentado que 'castigue' a autonomías como Andalucía que 'ha hecho sus deberes' con la deuda y 'beneficia' a las más endeudadas.

Después de esgrimir que el límite de la deuda 'rompe' los principios de igualdad y equidad, y 'agrava' la situación financiera de Andalucía de manera 'arbitraria', el Ejecutivo autonómico ha confirmado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Junta, José Antonio Griñán, hablaron ayer sobre esta cuestión y mantienen la interlocución.
La consejera ha confiando en que la administración central reconsidere los 'lesivos' acuerdos tomados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y ha insistido en que otro de los acuerdos adoptados por la Junta ha sido la apuesta por el 'diálogo permanente y la cooperación institucional' desde la lealtad para buscar una solución conjunta que responda a los intereses andaluces y generales. 'El Gobierno andaluz mantendrá una posición firme ante esta agresión injusta, discriminatoria, un ataque frontal al corazón de la igualdad de oportunidades y un golpe durísimo a la sanidad y la educación públicas', ha advertido.

Pese a insistir en el diálogo y preparar los posibles recursos a la decisión del Gobierno, la Junta de Andalucía quiere preparar un frente común en la comunidad para afrontar a partir de septiembre la posibilidad de que no cambie la situación sobre la deuda, que pasa del 15,1% al 13,2% el año próximo. Para ello, el Consejo de Gobierno propone la celebración de un pleno extraordinario en el Parlamento autonómico en 'defensa' del autogobierno, de las políticas públicas y de un trato 'justo', debate que se fijará una vez se conozca la fecha en la que se celebrará la Conferencia de Presidentes Autonómicos que debe convocar el Gobierno en septiembre.

Sobre el posible cierre de hospitales y colegios públicos si se aplica la deuda fijada, ha comentado que los ciudadanos 'deben saber la verdad' y estas son las decisiones que 'están tomando' comunidades gobernadas por el PP, a las que 'se opone' la Junta.