Andalucía y Catalunya no imitarán a la Comunidad de Madrid en su intento por reducir el número de liberados sindicales. La consejera andaluza de Presidencia, María del Mar Moreno, dijo ayer que la decisión encierra un planteamiento 'dañino' para las relaciones laborales y el sistema democrático. 'Son medidas demagógicas y populistas que ponen el foco en algo que no sólo no es un problema, sino que contribuye a la solución de los problemas', agregó. Moreno garantizó que en Andalucía no se va a aplicar y añadió que es preocupante que se adopte esta medida en momentos de dificultades económicas, ya que supone 'cargar las tintas' contra los sindicatos y considerar su labor como 'prescindible'.

Además, la Consejería de Empleo recordó que 'la Administración no puede suprimir horas sindicales' porque están fijadas en función de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el Estatuto de los Trabajadores. Mientras, un veterano sindicalista cordobés apuntaba a una maniobra antisindical en las intenciones de Aguirre. Pero más para ganar imagen entre su electorado conservador que para obtener efectos reales.

Por su parte, el responsable de Función Pública de CCOO en Catalunya, Joan Maria Sentís, aseguró que 'en la Administración hay más liberados que en la empresa privada, pero están trabajando'. Sentís afirmó: 'Sería conveniente contar con más liberados para poder trabajar más, porque no se van a la playa. La Generalitat cuenta con más de 3.000 centros de trabajo y no podemos llegar a todos'.