La apuesta de Dívar

La Fiscalía Anticorrupción tiene pendiente elevar al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno un escrito sobre la competencia del 'caso Urdangarín' en relación con un segundo escrito de Antonio Alberca, abogado de Jaume Matas. Ayer, en un tercer escrito, la defensa vuelve a insistir en la inhibitoria del juez José Castro de Palma en favor de la Audiencia Nacional.

En su respuesta a la primera iniciativa, de noviembre pasado, la citada Fiscalía no tuvo muchas dificultades para rechazar la pretensión de Matas, habida cuenta de que la cuestión de la inhibitoria aparecía fundamentada vagamente. En la segunda intentona, la defensa del ex president balear precisa más los términos. Y en la tercera acompaña el auto del juez Castro del pasado 29 de diciembre, en el que señala que los hechos investigados se refieren, geográficamente hablando, a Illes Balears y la Comunidad Valenciana.

El debate sobre la competencia, a saber, sobre si la causa se mantiene en Balears o pasa la Audiencia Nacional, no tardará en ganar espacio, de aquí a la comparecencia de Urdangarín el próximo 25 de febrero. Pero lo que hay que saber es que importantes fuerzas están trabajando a favor de que la Audiencia Nacional se haga cargo.

El hecho de que entre los promotores de esta salida se encuentre, de forma privada y con sigilo, claro, nada menos que Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es algo a tener muy en cuenta. Dívar ha sido consultado, también discreta pero regularmente, por la Casa del Rey. No ha ocultado su preocupación por cómo se está instruyendo la causa, citando entre otras cosas la filtración de una gran parte del sumario secreto y por la circunstancia de que el juez Castro no ha querido abrir una investigación sobre la misma.

La verdad sea dicha, esta preocupación "real" de Dívar contrasta con sui indiferencia por otras filtraciones escandalosas muy recientes, como las que han tenido lugar en el sumario, también secreto, que llevaba la jueza Estela San José de Lugo contra el ex min istro José Blanco. La jueza envió una exposición razonada a Madrid de tapadillo para que el Tribunal Supremo se haga cargo de las acusaciones presuntamente delectivas contra el ex ministro Blanco en vísperas de la campaña electoral del 20-N. ¿De tapadillo? Sí. Lo hizo tras ocultar a la Fiscalía el auto en el que daba cuenta de su decisión. El auto era, lógicamente, suceptible de recurso, pero al enviar su exposición al Supremo, vació de contenido cualquier recurso o apelación.

Anticorrupción debe presentar un nuevo informe sobre competencia

Fuentes próximas a la Fiscalía Anticorrupción, que dirige Antonio Salinas, defendían a capa y espada, hasta ahora, la instrucción del juez Castro. Habrá que ver si mantiene dicho criterio en su próximo informe y quizá sea interesante el punto de vista del nuevo fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, caso de que decida examinar el caso.

El juez Moreno tendrá que tener en cuenta ese informe a la hora de decidir sobre la inhibitoria. Pero hay un aforismo jurídico elocuente: Da mihi factum, dabo tibi ius. En román paladino quiere decir "dame los hechos yo te daré el derecho". Si la influencia de Dívar, cuya amistad con el juez Moreno desde los tiempos en que era presidente de la Audiencia Nacional no es un secreto, es ejercida a fondo, los argumentos jurídicos se pueden "construir"

Los argumentos jurídicos se pueden "construir" para que se ocupe la Audiencia

Así, pues, dos comunidades autónomas donde se habrían cometido los delitos pueden pasar por "múltiples perjudicados"; las cantidades de los presuntos delitos pueden "afectar a la economía nacional" y la existencia de sociedades creadas para canalizar dinero al exterior serían prueba de que un español habría cometido delitos en el extranjero; todos ellos requisitos que, con un envoltorio jurídico hábilmente presentado, podrían justificar la competencia de la Audiencia Nacional.

En cualquier caso, el juez Castro defenderá su instrucción, lo que remitirá el caso al Tribunal Supremo para que dirima el conflicto de competencia.

A todo esto, empieza a preocupar un detalle que no es precisamente menor: ¿Impondrá el juez Castro medidas cautelares (retiro de pasaporte, prohibición de salir de España, fianza u otras) a Urdangarín caso de que su declaración no ofrezca una explicación convicente?