El decreto ley que permitirá el minitrasvase de agua del Ebro a Barcelona cuenta desde el martes con el visto bueno del Congreso de los Diputados. No obstante, el hecho de que tenga luz verde no implica que la polémica que ha rodeado a esta conducción se haya borrado de un plumazo. Los gobiernos de Aragón (PSOE-PAR) y la Comunidad Valenciana (PP) estudian medidas legales contra el decreto. En ambos casos, pasarían por el Tribunal Constitucional.

La decisión definitiva que tomen los socialistas aragoneses dependerá de la conclusión que pueda extraerse de los informes jurídicos que ha pedido el Gobierno de Aragón respecto a la cesión de derechos de los regantes, algo que figura en el punto tercero del decreto ley. 'No nos gusta que haya cesiones, ni compra ni venta' de derechos, insistió Jesús Miguel Franco, portavoz del PSOE en el Congreso.

En el Gobierno de Aragón consideran que el citado artículo 3
'abre la posibilidad de que se pueda hablar de un mercado del agua'. En definitiva, esto implicaría, por ejemplo, que promotores o constructores se ubicaran en una posición preferente a la hora de acceder a los recursos hídricos. Es, para ellos, una batalla al mejor postor y no al más necesitado.
Mientras, en la Comunidad Valenciana, el equipo de Francisco Camps se encuentra dando los últimos retoques al recurso con el que amenazó en cuanto se habló de la posibilidad de un minitrasvase a Barcelona.

Fuentes próximas a Francisco Camps aseguraron que la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional será 'inminente'. De hecho, creen que el trámite estará completado en 'tres o cuatro días'. Además, explicaron que 'la Comunidad Valenciana está encantada con el trasvase a Barcelona y también a favor del voto que el PP dio el martes en el Congreso'. Lo que no comparten, dicen, 'es que esta medida no sea aplicable también a Valencia, Murcia y Almería'. El 17 de abril, el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, aseguró que se sumaría a la iniciativa de Camps. Un día después se unieron los conservadores de Almería.

El Grupo Popular en el Congreso estudiará si sanciona a la diputada Luisa Fernanda Rudi, por romper la disciplina de voto del partido optando por la abstención. Según explicó Soraya Sáenz de Santamaría a la agencia Europa Press, la dirección del Grupo Parlamentario Popular aplicará el reglamento interno, 'como ha hecho siempre'.