Arenas se echa a la calle contra una ley igual a otra implantada por Fraga

Javier Arenas ha convertido en casus belli una medida aún pendiente de aprobación similar a otra que sus compañeros de partido promovieron en Galicia hace casi 20 años: la incompatibilidad de los cargos de parlamentario regional y alcalde. En Galicia, la medida es incluso más estricta, ya que los alcaldes son inelegibles y no pueden formar parte de las listas en elecciones autonómicas, mientras que en Andalucía, si se aprueba el proyecto de ley que el PSOE presentó el miércoles en el Parlamento y que recoge esta medida, podrán presentarse y ser elegidos, si bien tendrán que dimitir como alcaldes si quieren tomar posesión de su acta.

No obstante, el PP andaluz anunció ayer un otoño caliente a cuenta de la medida. "Es un atentado [...], un paso más en el ataque a los alcaldes y a la democracia. Vamos a utilizar todas las instancias judiciales necesarias, además de la calle y el Parlamento", afirmó Rosario Soto, portavoz del PP-A. El problema de discurso lo tiene en Galicia, donde la ley considera inelegibles como diputados a los alcaldes desde 1992, tras la modificación legislativa promovida por el entonces presidente, Manuel Fraga. Pese a que el fundador del PP concurrió a las elecciones de 1989 con unas listas llenas de regidores, con esta reforma de la ley electoral los conservadores trataban de evitar la influencia de algunos alcaldes socialistas, como el exregidor de A Coruña, Francisco Vázquez. La ley, queimpide concurrir a la Cámara a "alcaldes, presidentes y vicepresidentes de Diputación", obligó también a renunciar a su acta a varios alcaldes del PP, informa Mariola Moreno.

"Es un ataque a los alcaldes y a la democracia", dice la portavoz de Arenas

Esperanza Oña, portavoz parlamentaria del PP andaluz, estableció en julio la que, a su juicio, es la diferencia: "En Galicia no se hizo de repente, sino con tiempo, sin ensañamiento". A su juicio, el PSOE ha impuesto la medida sin diálogo y sólo para penalizar al PP.

La reacción en tromba del PP de Andalucía se inscribe en un contexto de continuos piques entre los alcaldes conservadores y la Junta. "Veo con cierta preocupación que desde las elecciones los alcaldes piden mucho a la Junta", dijo hace unos días el presidente, José Antonio Griñán.

El mal clima político tiene todos los visos de empeorar si se aprueba la incompatibilidad, medida elevada por Arenas en julio a la categoría de "golpe de Estado al municipalismo". "Callan a los ciudadanos a través de los alcaldes. Les interesa que no estemos para tener una oposición más amable", dijo ayer la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.

El detonante fue la presentación, el martes, de dos proposiciones de ley del PSOE que recogen los acuerdos alcanzados por el grupo de trabajo sobre transparencia creado en julio. Las propuestas incluyen numerosas medidas: participación ciudadana, obligatoriedad de los diputados de hacer pública su renta, supresión de una pensión especial para expresidentes, incompatibilidad del sueldo de parlamentario con "cualquier otra retribución"...

Pero todo el protagonismo se lo ha llevado la incompatibilidad de los cargos de alcalde o presidente de la diputación con el de parlamentario, una medida que el PSOE justifica en la necesidad de dedicación exclusiva a los cargos. Fundamentalmente perjudica al PP, que tiene 17 alcaldes-parlamentarios, entre ellos los de cuatro capitales, Sevilla, Huelva, Córdoba y Jaén, y ciudades como Jerez y Marbella. Figuras de peso como José Luis Sanz, alcalde de Tomares y presidente del PP de Sevilla, y Esperanza Oña, alcaldesa de Fuengirola y portavoz parlamentaria, también deberán elegir entre su bastón de mando y su escaño si, como prevé el PSOE, la ley que incluye estamedida se aprueba en otoño, antes de las autonómicas de la primavera de 2012. Los socialistas tienen mayoría absoluta y no necesitan apoyos.

Los regidores del PP deben elegir entre el Ayuntamiento y el Parlamento

Arenas, que en 2004 defendió la fórmula "un hombre, un cargo", confía en rentabilizar el debate presentando la reforma como un traje a medida del PSOE, que no tiene alcal-des-diputados y que adopta la iniciativa tras su pérdida de poder municipal el 22-M. Arenas y los suyos subrayan la inconsistencia que supone que el PSOE hiciera senador a su candidato por Sevilla, Juan Espadas, que ahora compatibiliza el cargo con el de portavoz municipal, y, en cambio, promueva esta medida. Y hay algo más: el factor IU. La coalición apoya la medida, que afecta de lleno a Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda y parlamentario, contrario a la línea pactista con el PSOE de Diego Valderas, coordinador regional.

"Es un ensayo de la pinza [...] si el PP no obtiene mayoría absoluta. Valderas ha entregado la cabeza de Gordillo al PSOE", afirmó ayer José Enrique Fernández de Moya, alcalde de Jaén. Gordillo también ha anunciado que llevará la medida a los tribunales.

Salvo Andalucía y la ya citada Galicia, ninguna otra comunidad veta a sus diputados la opción de compaginar el escaño con la vara de mando municipal. Salvo Catalunya, todas las autonomías disponen de leyes electorales propias que marcan límites muy similares. Como regla general, son inelegibles los parlamentarios autonómicos de otros territorios y diversos cargos técnicos, entre ellos los directores de cada televisión autonómica. Y son incompatibles los representantes en las Cortes, salvo aquellos que acudan al Senado precisamente en representación de su comunidad.

El paradigma de la acumulación de cargos lo constituye el País Valencià, donde los alcaldes de sus tres capitales, todos del PP, fueron reelegidos diputados en mayo. La única deserción registrada ha sido la de Alberto Fabra, exregidor de Castellón y hoy president de la Generalitat en sustitución de Francisco Camps, procesado por soborno en el caso Gürtel.