La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará hoy si imputa al diputado del PP y el ex ministro de Defensa Federico Trillo por su supuesta responsabilidad en la contratación del Yak-42, el avión que se estrelló en Turquía el 26 de mayo de 2003 provocando la muerte de 62 militares españoles que regresaban de Afganistán.

En concreto, los magistrados de la Sección Cuarta estudiarán los recursos presentados por los abogados Leopoldo Torres y Leopoldo Gay, este último en nombre de la Asociación de Familiares del Accidente de Turquía del Yak-42 (Afaty), contra la negativa del juez Fernando Grande-Marlaska a ampliar las imputaciones por las responsabilidades políticas en la contratación de la aeronave siniestrada, según informaron a Servimedia fuentes jurídicas.

Las acusaciones piden que se amplíen las imputaciones, además de a Trillo, a un total cuatro civiles y doce militares, entre ellos al ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), Luis Alejandre Sintes, y al ex jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), Eduardo González-Gallarza Morales.

El juez Marlaska, en un auto dictado el 20 de mayo de 2008, tan solo aceptó la imputación de cinco responsables de la cúpula militar de 2003, entre ellos del ex jefe del Estado Mayor de Defensa (Jemad), almirante general Antonio Moreno Barberá, y del entonces jefe del Estado Mayor Conjunto (Emacon), el general de división Juan Luis Ibarreta.

El magistrado les acusa de 62 homicidios por imprudencia grave por su participación en la contratación del Yak-42. Dentro de la División de Operaciones del Emacon, el magistrado también imputó en la causa al contralmirante José Antonio Martínez, al coronel Joaquín Yáñez y al comandante Alfonso Elías Lorenzo.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará los recursos de las acusaciones un año y medio después de que fueran interpuestos. Los abogados Torres y Gay presentaron sus escritos de apelación a finales del mes de junio de 2008.

El Yak-42 fue alquilado por la contratista Chapman Freeborn, una empresa británica subcontratada a su vez por la OTAN. Las acusaciones piden también la imputación de varios de los responsables en España de esta empresa.

La otra causa que se seguía en la Audiencia Nacional por el accidente del Yak-42, en concreto la que investigaba el error en las identificaciones de 30 de las 62 víctimas, ya fue llevada a juicio.

La Sala de lo Penal condenó a tres años de cárcel al jefe de la delegación española enviada al lugar del accidente, el general Vicente Navarro, y a un año y medio de prisión a sus dos subordinados, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez.