La Audiencia Provincial de Málaga dicta la libertad provisional para Juan Antonio Roca por el 'caso Malaya'

La Audiencia Provincial de Málaga ha dictado la libertad provisional para Juan Antonio Roca, ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella y presunto cerebro de la trama de corrupción del caso Malaya, con la obligación de señalar su domicilio y los cambios del mismo. Asimismo, deberá comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante este Tribunal.

Pese a esta resolución (ver pdf ), Roca no abandonará el centro penitenciario donde se encuentra recluido, ya que el ex asesor urbanístico tiene pendiente el cumplimiento de una condena —confirmada por el Tribunal Supremo— de seis años y 10 meses por el caso Saqueo (desvío de fondos del consistorio malagueño). Por ello, su puesta en libertad no se producirá en ningún caso, según fuentes judiciales, antes de seis meses.

Roca tiene pendiente, pues, la condena por el caso Saqueo 2. La Audiencia Nacional le condenó en su día por el desvío de fondos del Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 1995. Además, acordó que los condenados (también hubo penas para José Luis Sierra y Manuel Jorge Castel) indemnizaran al consistorio con casi 23 millones de euros por los perjuicios causados. Los abogados pidieron entonces al Tribunal Supremo que fueran absueltos porque, alegando que se había hecho un "corta y pega" de las declaraciones de los imputados y de los testigos, pero la condena fue finalmente confirmada.

Su puesta en libertad no se producirá en ningún caso, según fuentes judiciales, antes de seis meses

Así, el tribunal de última instancia subrayó que "la constancia documental de la anarquía contable a la que los acusados sometieron al Ayuntamiento de Marbella" y destacó el "panorama de absoluto descontrol del gasto municipal" que existía. La sentencia declaró probado que, desde la llegada a la alcaldía en 1991 del Grupo Independiente Liberal (GIL), el ex alcalde Jesús Gil fue aconsejado por Sierra, quien concibió la idea de crear varias empresas sujetas a la legislación mercantil "bajo el aparente designio de que la gestión de los servicios municipales sería más ágil".

Según la sentencia, la existencia de 31 sociedades municipales, que "se nutrían" de las subvenciones y transferencias de dinero público del consistorio, "degeneró" en una situación de "opacidad". Para dar cobertura a la distracción de fondos públicos, Sierra, Castel y Roca "se concertaron con otras personas no enjuiciadas y con vínculos más estrechos con el Ayuntamiento en la ideación y puesta en práctica de una serie de actividades encaminadas a crear una apariencia contable de gastos, con objeto de justificar el uso de las cantidades detraídas".

Para el Supremo, Roca "no era uno más", sino que tuvo conocimiento de que por medio de las citadas sociedades "se iba a iniciar un proceso de facturación absolutamente irreal, pero que iba a dar cobertura a un desapoderamiento de las arcas municipales próximo a los 4.000 millones de pesetas (unos 24 millones de euros)".