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Los ayuntamientos del cambio reclaman 2.000 millones más para el Plan Vivienda

Madrid, Barcelona, Cádiz, Santiago de Compostela, A Coruña, Valencia y Zaragoza denuncian que los recortes harán que en cinco años las políticas públicas de vivienda desaparescan

Los concejales responsables de Vivienda de Madrid, Barcelona, Cádiz, Santiago de Compostela, A Coruña, Valencia y Zaragoza, con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar.

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Los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Cádiz, Santiago de Compostela, A Coruña, Valencia y Zaragoza han reclamado este lunes que se dote al Plan Nacional de Vivienda de 2.000 millones de euros más para 2018 y que, así, se equipare la inversión con el resto de países europeos.

En la reunión han participado José Manuel Calvo (Madrid), Josep Maria Montaner (Barcelona), Eva Tubío (Cádiz), María Oliver (Valencia), Jorge Duarte (Santiago), Xiao Varela (A Coruña) y Pablo Híjar (Zaragoza).

Los concejales responsables de Vivienda de los  ayuntamientos del cambio se han reunido este lunes con el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, para exigir una mayor inversión en el Plan Nacional de Vivienda y denunciar los recortes en este ámbito que, según ellos, harán que en 5 años las políticas públicas de vivienda desaparezcan. 

Entre otras medidas, los concejales han pedido a Gómez-Pomar que el gasto en vivienda se sitúe en el 1,5% del PIB en un plazo de 10 años, lo que permitiría, a su juicio, que España se equiparase al resto de Europa. "El problema de emergencia habitacional lo seguimos teniendo todas las ciudades y creemos que es un error de Plan Nacional de Vivienda", ha apuntado la concejala valenciana.

A este respecto, han reprochado al Gobierno el escaso parque público de alquiler y que España sólo tenga el 2,5% de vivienda de asequible, mientras que en Austria y Reino Unido se sitúa en el 24% y el 17%, respectivamente.

Los ayuntamientos también han propuesto a Gómez-Pomar  cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos puesto que, según ellos, se ha demostrado que en muchas ciudades la reducción a tres años que se llevó a cabo en la última actualización de la ley ha conducido a subidas de los precios muy por encima de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía.

Por ello, han aprovechado la reunión con Gómez-Pomar para pedir que se alargue la duración mínima de los contratos de tres a cinco años, lo que supone modificar el marco legal y normativo que protege a los inquilinos. "Hemos insistido en que para los propietarios es mejor cinco años que tres porque en tres años no se puede hacer ningún proyecto familiar", ha añadido el edil de Barcelona.

Fomento responde que no hay cifra cerrada para el Plan Vivienda 2018-2021 y que habrá que esperar al presupuesto 2018.

Por su parte, Gómez-Pomar ha trasladado a los representantes municipales que no hay cifra cerrada para el Plan Vivienda 2018-2021 y que habrá que esperar al presupuesto 2018.

El secretario de Estado ha recalcado que la vivienda es competencia de las comunidades Plan 2018-2021 es de alto contenido social y que además ha sido fruto de "alto consenso" entre las comunidades y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que participa en las reuniones sectoriales.

La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados aprobó en diciembre de 2016 la puesta en marcha del nuevo Plan Nacional de Vivienda para el periodo 2018-2021. Esta iniciativa supone la continuación del Plan Nacional de Vivienda desarrollado entre los años 2013 y 2016, prorrogando las ayudas durante el año 2017 debido a la imposibilidad de firmar un plan cuatrienal por encontrarse el Gobierno aún en funciones cuando expiraba el plazo del anterior plan.

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