“¿Con quién vais a hablar de cara a la resolución del conflicto si ilegalizáis y encarceláis a los interlocutores?” Arantza Urkaregi, portavoz de ANV, el último paraguas electoral de la izquierda abertzale, lanzaba esta pregunta al Gobierno el pasado 6 de febrero. Dos días antes la Policía había detenido a Pernando Barrena, el último rostro público de Batasuna. Cinco días después, el juez Baltasar Garzón ordenaba la captura de otros catorce miembros de la formación.

En total, desde el comunicado de ETA de junio en el que ponía formalmente fin a su “alto el fuego permanente”, la Policía ha detenido en diversas operaciones a más de cuarenta miembros destacados de la ilegalizada formación, entre ellos la práctica totalidad de su Mesa Nacional y sus rostros más conocidos: Otegi, Permach, Barrena…

“Esperaban la ilegalización de las marcas electorales, pero no acabar entre rejas”, subraya un alto responsable policial que sólo así se explica la cantidad de documentación comprometedora que les incautaron a la mayoría de ellos. “También se han visto sorprendidos por la cantidad de información que teníamos de sus pasos”, destaca otro agente que recuerda decenas de encuentros, reflejados en los autos que ha dictado el juez Garzón, en las que se detallaba quién, dónde y cuándo.

Jefes en la sombra

Por ello no extraña que en el transcurso de estas operaciones policiales no sólo hayan caídos los jefes conocidos, los que tenían una presencia más mediática, sino también aquellos que trabajaban en la sombra, como Ibon Arbulu y Asier Arraiz, a quienes se les adjudica un poder de decisión elevado. O aquellos jóvenes que iban a tomar el relevo. En este sentido, las fuentes policiales destacan a dos de los detenidos en la operación del pasado 11 de febrero, Nuria Alzugarai García y Mikel Garayondo, y a un tercero que consiguió huir, Unai Fano.

Por ello, la Policía no se extraña de la menguante actividad de la izquierda abertzale en estos últimos diez meses y que ha desembocado en una presencia pública mínima, insignificante para una organización acostumbrada a dar ruedas de prensa, hacer declaraciones y salir en los periódicos día sí y día también. Ahora se limita a alguna comparecencia de alguno de sus cargos electos, como Mariné Pueyo, concejala de ANV en Pamplona. A alguna nota enviada desde la sede que Batasuna conserva en el sur de Francia, donde aún es legal. Y a poco más.

La Policía, sobre cuyas investigaciones ha pivotado toda la acción de la Audiencia Nacional, lo tiene claro: “Casi no les quedan ni dirigentes ni cuadros medios”. Y dicen “casi” porque, según reconoce un alto responsable policial, la reciente orden de la Audiencia Nacional de poner en libertad bajo fianza a José María Olano, del sector más ortodoxo, “les ha vuelto a dotar de un líder con carisma fuera de la cárcel”.

Hasta ahora Olano se ha mostrado poco en público. Esperó al pasado 16 de marzo –nueve días desde que salió de la cárcel– para participar en un acto: la lectura de un comunicado del Movimiento Pro Amnistía en el que se pedía el respaldo de la ciudadanía vasca para “construir murallas” contra la “represión de los Estados” español y francés ante el inicio el próximo 21 de abril de un juicio en la Audiencia Nacional, el de Askatsasuna, en el que él, precisamente, se sentará en el banquillo.

“Sabe que si da un paso en falso, vuelve a la cárcel, y eso es lo último que quiere ahora que es el único dirigente libre”, añaden las fuentes consultadas, que descartan que dicho papel lo puedan jugar otros dirigentes que últimamente han tenido cierta presencia pública, como la abogada Jone Goirizelaia –“es criticada por sus bases por haberse desentendido de los presos”–, Tasio Erkizia –“ya no le consideran un líder”– y Floren Aoiz –”no le perdonan que se apartase para dedicarse a sus negocios”–. Por ello, no extraña que más de un militante, a través de cartas publicadas en Gara, haya hecho público su deseo de conocer la opinión de Otegi y otros miembros de Batasuna encarcelados. No ha habido respuesta.