'Es legítimo y respetable pedir una subida salarial, pero cuando se trata de detraer del erario público cantidades importantes de dinero, sólo se justifican si a su vez hay mejoras del servicio público'.

El ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, explicó así la posición de su Departamento frente a la huelga indefinida que desde el 4 de febrero mantienen los funcionarios no transferidos. Acababa de reunirse con los secretarios de Gobierno de los órganos judiciales afectados, para valorar los efectos sufridos y preparar un plan de actuación, en cuanto acabe, 'para recuperar en el menor tiempo el retraso' y 'estar en unos meses en la mejor de las posiciones'.

Posiciones enfrentadas

Sin embargo, el fin del conflicto parece lejano. Las afirmaciones del ministro, tras la reunión, fueron negadas una por una en una nota conjunta de los sindicatos CC.OO., CSI-CSIF, UGT y STAJ.

Bermejo les acusó de mantener una posición 'intransigente' en unas conversaciones 'en la que sólo una parte -el Ministerio- ha querido negociar'. Llegó a decir que él negociaría directamente con los funcionarios -algo que le han reprochado- cuando se 'vea que alguien tiene ganas de negociar'. Afirmó que no han hecho ninguna contraoferta a la propuesta de Justicia, de subirles escalonadamente para que empiecen a cobrar 180 euros en abril de 2009.

Los sindicatos entienden que el Ministerio se escuda en 'el Estado de las Autonomías para justificar su incompetencia', porque ellos han renunciado a pedir los 400 euros que les equipararían realmente con los compañeros transferidos, para limitarse a 200.

Las palabras del ministro sobre que los funcionarios se deben comprometer a cumplir los horarios y formarse en las nuevas tecnologías, para poder ser merecedores de la subida, los sindicatos las consideran una excusa, porque desde que llegó al Ministerio no ha hecho nada 'para que exista un control horario' de los trabajadores.

6.000 euros por el encierro

El encierro que unos 70 funcionarios protagonizaron en el  Ministerio de Justicia podría acarrear a sus representantes sindicales una multa de 6.000 euros, según la Delegación del Gobierno les ha comunicado.

Más funcionarios

El ministro afirmó ayer que si es necesario se aumentarán los servicios mínimos acordados. Los sindicatos consideran los ya fijados “totalmente abusivos”.

Incumplir y amenazar

Bermejo explicó que se han abierto dos expedientes en Cartagena por incumplir los servicios mínimos, así como varias informaciones, una en el Supremo, por supuestas amenazas a otros funcionarios.