'Quiero que sepan que sobre el caso concreto no he dicho nada que no hubiese dicho siendo ministro en el Congreso de los diputados'. El presidente de la Cámara Baja, José Bono, resumió así su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska en relación con el accidente del Yak-42, en el que murieron 62 militares españoles que volvían a casa desde Afganistán el 26 de mayo de 2003.

A pesar de ello, el testimonio que ofreció fue calificado de 'valioso' por los abogados que ejercen la acusación en nombre de las familias de los militares fallecidos, porque, en su opinión, significa llevar a sede judicial los hechos, aunque ya se conocieran. Además, destacaron que el ex ministro de Defensa decidiese acudir a la Audiencia Nacional a pesar de poder hacerlo por escrito u obligando al tribunal a trasladarse a su despacho oficial.

Bono declaró que 'el avión no debió volar', ni por el estado del aparato, ni por el plan de vuelo, ni por las condiciones de la tripulación, su destreza, experiencia y condiciones de fatiga. En total cifró en 22 las irregularidades, por las que no debió despegar.

En cuanto a las subcontrataciones sufridas por el avión, el ex ministro, que compareció ante el juez por espacio de más de dos horas, llegó a afirmar que 'había habido un ánimo de ocultación evidente'.

Explicó la cadena contractual que se produjo desde que Defensa contrató el vuelo con la agencia Namsa de la OTAN hasta que se realizó con la compañía ucraniana Um Air. Señaló que prácticamente tardó dos años en concretarla, porque llegó a hallar dos copias de un mismo contrato en el que las cantidades estaban borradas de distinta forma.

Sin responsabilizar a nadie

El ministro aprovechó su breve comparecencia ante los medios, tras declarar ante el juez y reunirse con la decena de familiares que acudieron a la Audiencia Nacional, para insistir en que él no es el juez, el fiscal o el abogado 'de nadie'.

Por eso, durante su comparecencia, fue muy respetuoso y no señaló a nadie como responsable de lo sucedido. Se justificó diciendo que 'su compromiso era con la verdad'. Alegó su 'respeto a la memoria de los que murieron', con cuyos familiares se identificó tras su viaje al lugar del siniestro, Trabzon (Turquía).

Irak y Prestige

El ex ministro de Defensa, según fuentes presentes en la declaración, explicó que el contrato con Namsa se hizo por la limitación económica que supuso la guerra de Irak y el accidente del Prestige.

Respecto a quién tenía la obligación de inspeccionar el avión, el presidente del Congeso señaló que quien tiene el derecho de hacer algo adquiere a la vez la obligación de hacerlo. Es decir que España debía haber inspeccionado el estado de los aparatos en los que transportaba a sus militares.

Ante el juez cifró en 18 las quejas que se produjeron sobre los vuelos contratados con compañías de Europa del este. Llegó a decir que las quejas se pueden leer o no, pero se conocían, porque en abril se preguntó por ellas en sede parlamentaria y el informe realizado por el Mando Aéreo de Levante llegó al Ministerio de Defensa, vía fax, tras pasar por el Ejército del Aire. Por ello, dijo que había un malestar elocuente en las Fuerzas Armadas.

Compromiso futuro

Durante su comparecencia, el ex ministro se comprometió en varias ocasiones a enviar al Juzgado toda la documentación de la que dispone sobre el Yak-42 para corroborar sus palabras.

Bono, que fue recibido a su llegada a la Audiencia por su presidente, Carlos Dívar, y el fiscal jefe, Javier Zaragoza, fue interrogado por éste durante gran parte de la comparecencia. Para ello, la Asociación de Familias Afectadas por el Accidente del Yak-42 le cedió su turno.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará hoy la vista en la que revisará el archivo acordado por el juez Grande-Marlaska de la otra parte de la causa, la relativa a la identificación errónea de 30 de los cadáveres.